La Jueza de Investigación Preparatoria, Dra. Karina Medina Machado, dispuso el internamiento por espacio de nueve meses de dos delincuentes detenidos por la Policía nacional merodeando las calles en busca de victimas que asaltar y en posesión de un arma de fuego, corrigiendo de esta manera un gravísimo error judicial.
Se trata de los sujetos identificados como Jonathan Smith Porras Eusebia (20) y Carlos Alejandro Sáenz Lorenza (25), quienes hacía solo tres días antes de ser detenidos fueron liberados por otro Juez de la misma Corte del Santa tras haberlos condenado a una pena suspendida a pesar que fueron detenidos “In fraganti” perpetrando un asalto a mano armada en el que se llevaban nada menos que 35 mil soles.
En efecto, estos dos sujetos tomaron parte junto a un tercer hampón, en el asalto al contador de la empresa comercial SURPASS de Chimbote, a quien siguieron cuando salía de su oficina con un sobre de dinero que se dirigía a depositar en un banco local, desconociéndose como es que conocían el movimiento del dinero y el trayecto del empleado con el producto de la venta de la empresa.
Lo cierto es que cuando se aprestaba a subir a un vehículo el empleado fue encañonado con un arma de fuego y obligado a entregar el sobre, incluso, puso tenaz oposición y los delincuentes debieron arrancarle el dinero y alejarse a la carrera para abordar una motocicleta, empero, desconocían que en ese mismo momento una unidad de patrullaje de la Policía se desplazaba por el lugar.
Los efectivos policiales actuaron de inmediato y detuvieron a los tres sujetos, entre ellos los dos delincuentes mencionados, Jonathan Porras y Carlos Sáenz, en un hecho que fue destacado por la superioridad que espera siempre los resultados efectivos en la tenaz lucha contra la delincuencia en nuestra ciudad.
Sin embargo, para sorpresa de propios y extraños, apenas a los dos días de la captura los delincuentes habían conseguido salir por la puerta grande del Palacio Judicial, fueron puestos a disposición de un Juez pero no para ser juzgados sino para evaluar un pedido de Terminación Anticipada mediante el cual el fiscal había convenido con los abogados de los sujetos concluir el proceso de manera inmediata a cambio de los beneficios que otorga la ley, considerándose para ello la liberación de los maleantes.
La terminación Anticipada es un mecanismo que ahora contempla la ley por el cual quien es imputado de un delito puede ser beneficiado con la reducción de la penaÂÂ que contempla la ley siempre y cuando reconozca y acepte la responsabilidad en los hechos que son investigados.
Como su nombre mismo lo indica lo que se consigue es la terminación anticipada de un proceso penal, no existe necesidad de actuar pruebas, de recibir declaraciones, testimoniales o de efectuar reconstrucciones de delitos porque lo que opera es aquel principio que dice “a confesión de parte relevo de prueba”.
La terminación anticipada es considerada como una herramienta jurídica que permite hacer más ágil la administración de justicia aunque el verdadero objetivo que arrastra, para quienes conocen los resultados de este nuevo mecanismo, no es una justicia rápida y eficaz sino una modalidad para descongestionar la carga procesal.
Sin embargo, si bien es cierto es plausible los objetivos de este principio de terminación anticipada, deben fijarse parámetros a efectos que no resulte siendo solo un mecanismo de celeridad sino que a la larga se está convirtiendo en un mecanismo de impunidad y una puerta abierta para peligrosos delincuentes, como en el caso comentado de dos asaltantes que actuaron en banda, que utilizaron medios peligrosos como un arma de fuego, aun cuando ella haya resultado solo de fogueo, y que han perseguido a su víctima para despojarla de una fuerte suma de dinero, en otras palabras, un hecho en el que se requiere de la mano dura de la ley.
Empero, el uso de este mecanismo de la Terminación Anticipada permitió que estos dos delincuentes ganen las calles inmediatamente ante la desazón y el desaliento de la autoridad policial y de la comunidad en general que advertían que se favorecía a delincuentes que no lo merecían, tanto así que solo dos días después de ganar las calles ya estaban siendo capturados en otro hecho delincuencial que describe el accionar de “raqueteros” que esperaban el momento preciso para golpear.
Un papelón judicial por donde se le mire, más aun cuando ante la existencia de mecanismos procesales que permiten legalmente concluir procesos de esta manera, los magistrados tienen el deber moral y legal de aplicar estos principios a los casos que realmente compete.
No entendemos cual es la lógica de los magistrados de haber aplicado la terminación anticipada a estos dos maleantes cuando estaban en un caso de flagrante delito, ellos fueron detenidos con las manos en la masa y su enjuiciamiento no debería tomar más de una semana porque las pruebas eran latentes. En buen romance cabe preguntarse ¿De qué sirve que estos maleantes acepten su responsabilidad si el hecho está probado al haber sido detenidos en delito flagrante? ¿A quién se beneficia con la aplicación de este mecanismo procesal? ¿A la justicia o al delincuente que acecha a la ciudadanía?
Lo curioso es que el último fin de semana se ha presentado otro caso similar, dos maleantes han sido puestos en libertad a los pocos días de haber sido detenidos tras haber asaltado a una joven mujer mediante la modalidad del “Cogoteo” y salieron en libertad gracias a este mismo mecanismo de la terminación anticipada.
No son sujetos que están siendo investigados por un delito leve, por el contrario, estamos ante un hecho de robo con violencia, el accionar de delincuentes que son capaces de golpear y hasta poner en peligro la vida de una persona con tal de concretar su delito, por lo tanto, merecen que se les castigue con cárcel efectiva.
Hay que tener mucho cuidado con lo que sucede en la administración de justicia, se puede alegar que está aplicando la ley, sin embargo, hay que aplicarla con equidad, con la necesaria energía y contundencia en casos en los cuales los delincuentes actúan con alevosía y peligrosidad, esta liberación anticipada nos está dejando un amargo mensaje de impunidad y arbitrariedad que solo perjudica la seguridad de los chimbotanos.