El Juez del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria aprobó el requerimiento acusatorio en contra del ex presidente regional César Álvarez Aguilar y dispuso que un tercer proceso penal que se sigue en su contra pase a juicio oral y deslinde las responsabilidades de ley que se le imputan.
En esta oportunidad la carpeta fiscal está relacionada con la licitación de obras que carecían de respaldo presupuestal y que se hicieron en base a la captura de presupuestos de obras en marcha con la finalidad de justificar el procedimiento y de esta manera aprovecharse de los diezmos que se obtenían tras los procesos de selección.
Cierto es que luego del proceso licitador y de la firma de los contratos respectivos, incluso, en algunos casos con avances incipientes, esas obras quedaron abandonadas, además dejaron postergadas otras que ya estaban por culminarse y se generó un serio desbalance que hasta el momento no se supera totalmente, pues el actual gobernador Luis Gamarra es el único que reactivó aquellos proyectos que quedaron retrasados y algunos de los cuales no pueden salir de los embrollos judiciales que se han generado.
Esta acción dolosa ha sido descubierta por la contraloría general de la república cuando realizó acciones de auditoria después de la caída de la denominada red de corrupción, cuando revisó los expedientes de las obras abandonadas y detectó que el ex presidente regional y los gerentes de las dependencias regionales modificaron el SIAF con la finalidad de justificar los procesos licitadores a sabiendas que los proyectos que estaban activando no tenían respaldo presupuestal.
De esta manera generaron un serio problema con el abandono de muchas obras, inclusive, cuando esto comenzó a evidenciarse el ex presidente regional, en sus últimos meses de libertad, alegaba que se había generado un forado presupuestal como consecuencia del recorte del canon minero y exigía al gobierno de entonces que se le reintegrara a Ancash lo que le correspondía.
Cuando los técnicos del Ministerio de Economía y Finanzas le demostraron que no existía recorte alguno, salió con el cuento ese de los remanentes del canon minero y señaló una descomunal cifra de 517 millones de soles que supuestamente no se le había entregado a la región, señalando con marcado descaro que ese era el dinero que había generado la paralización de algunos proyectos.
Semejante barbaridad quedaría al descubierto solo cuando los funcionarios de su entorno fueron expectorados y cuando se encarcelaron a los principales cuadros de la red de corrupción, aquella que fue puesta al descubierto en sendas investigaciones del congreso de la república y de la Contraloría General de la Republica, organismo que solo se animó a auditar la gestión de Álvarez después que este fuera encarcelado tras el asesinato alevoso del ex consejero regional Ezequiel Nolasco Campos.
Esto es historia ya conocida pero es bueno refrescarla ahora que ha llegado a la instancia de juicio oral uno de los procesos penales que se derivaron del escandaloso fraude perpetrado por Álvarez y sus funcionarios de cabecera, eso de dejar sinÂÂ presupuestos a obras en marcha para destinarlos a la licitación de otros que no tenían respaldo presupuestario solo puede responder a una componenda descabellada que tiene el oscuro interés de apropiarse de millones de soles por la vía del diezmo sin interesarles en absoluto lo que podría pasar con esas obras que ya estaban en marcha y que fueron condenadas a quedarse a medio camino y deteriorarse con el transcurso del paso de los años.
En esta carpeta judicial se han incluido solo tres obras a decir: las obras de agua y alcantarillado de Bellamar, el colegio de Villa María y la Posta de Salud de Magdalena Nueva, todas ellas valorizadas en casi 14 millones de soles, sin embargo, es evidente que existen muchos otros proyectos que se han quedado abandonados y postergados y con juicios que impiden su continuación.
Colegios como el Víctor Andrés Belaúnde o el de la localidad de Tangay son algunos ejemplos de la pesada y desastrosa herencia que nos legó la gestión de César Álvarez Aguilar y que no sabemos si algún día serán también materia de un juicio oral como el que se debe iniciar en el transcurso de los próximos meses.
No se puede dejar de soslayar que estas pesquisas se iniciaron hace ya cuatro años, sin embargo, el tren de la administración de justicia es así, no camina de ninguna manera al ritmo que todos esperamos, empero, es evidente que ya los responsables del fraudulento accionar están rumbo al banquillo de los acusados, deberán responder por fin por el manejo doloso y ambicioso de las golpeadas arcas de nuestra región.
SIN CUELLO Y CORBATA
El empresario Edgar Castro Loyola, uno de los beneficiarios de las obras emprendidas en la denominada red de corrupción de Ancash, en la gestión de César Álvarez Aguilar, ha sido condenado la semana pasada a cinco años de cárcel efectiva y se encuentra a la fecha en calidad de prófugo de la justicia.
La sentencia fue dictada en sus lineamientos generales la semana pasada y responde a un caso de usurpación agravada, la incursión del empresario y sus secuaces a una propiedad ajena y en donde efectuaron disparos con arma de fuego para pretender quedarse en los mismos y desalojar a quienes estaban en la legítima posesión y eran los propietarios del predio, según se ha mencionado en el fallo judicial.
Seguramente que hay quienes estiman, como el sentenciado, que un delito de usurpación no podía ser materia de una condena a pena efectiva, sin embargo, si se tiene en cuenta la modalidad empleada, el uso de armas de fuego y la temeridad del accionar de los denunciados es evidente que la justicia tiene que sentar precedentes respecto a estos delitos.
Lo curioso es que el sentenciado venía siendo cuestionado e investigado por otro hecho relacionado con la muerte de un joven mototaxista atropellado a mansalva por la camioneta de propiedad de su empresa de EIJI E.I.R.L, hecho que hasta el momento la Policía no ha podido deslindar pese a las evidencias que existen al respecto.
Lo cierto es que el fallo judicial demuestra que hay delitos que no tienen cuello y corbata y los investigados, por mucha posición o poder económico que tengan, deben responder como cualquier otro ante la ley.