La Fiscalía anticorrupción inició el pasado fin de semana una investigación preliminar contra el regidor de la Municipalidad Provincial del Santa Javier Estrada Rodríguez quien habría sido descubierto en un dialogo telefónico pactando presuntos pagos ilícitos con el propietario de un establecimiento público para que le brinde ayude en la recuperación de su cancelada licencia de funcionamiento.
La decisión del Ministerio Público se sustenta en la difusión de un audio en el que se escucha al regidor haciendo tratos ilícitos con el propietario del Bar “Kimbará”, quien ha sido sancionado hace algunas semanas con la clausura y busca la manera de poder subsanar las deficiencias que han detectado las dependencias ediles.
En realidad, quienes han podido escuchar y leer las transcripciones del audio no tienen duda alguna que el concejal estuvo realizando gestión de tramites a cambio de una prebenda, más aun cuando se le escucha mencionar frases que son típicas en quienes están negociando favores atendiendo la posición o el cargo que ostentan.
Comenzando por el solo hecho que el regidor ha reconocido el contenido del audio pero aduce que ha sido editado, entonces es evidente que el Ministerio Público tiene mucho que investigar, con mayor razón cuando el aludido alega a los cuatro vientos que es víctima de un complot con la finalidad de desacreditarlo a pesar que no dice quienes serían los promotores de esa presunta campaña en su contra.
Por el contrario, existe una sucesión de hechos que coincide totalmente con lo que acontece en la realidad, como que el establecimiento público ha sido sancionado, como que el propietario busca la manera de salvar los requerimientos de la autoridad y la existencia de un debate en el cual el regidor denunciado ha tenido parte y queda claro que tiene conocimiento de causa respecto a esa materia.
Empero, en el dialogo se escucha los lamentos de un concejal que esperaba que su interlocutor no haya cumplido con lo que había ofrecido y le advierte que la situación perjudicial en la que se encuentra hubiera cambiado si es que hubiera presentado el documento que le entregó para levantar la sanción.
Esta mención es una clara evidencia que existe de por medo un tráfico de influencias, el reconocimiento que un regidor viene realizando gestiones para favorecer a una persona que tiene un trámite pendiente ante la autoridad edil, el concejal se pone en el lugar del abogado del diablo, aquel que defiende a las dos partes en conflicto.
Y es que no se puede soslayar que un regidor no solo es un gestor de normas y ordenanzas para mejorar la administración vecinal, por el contrario, una de sus funciones elementales es la fiscalización de la labor edil, tanto de las acciones que emprende el alcalde como sus funcionarios de línea y, entre ellas, se encuentra justamente el funcionamiento de los locales públicos que es una materia que manejan directamente los funcionarios, inclusive, el denunciado se había mostrado como uno de los más inquisidores de la actual gestión.
De allí que lejos de exigir el cumplimiento de las normas y demandar más energía en el funcionamiento de los locales, al regidor Estrada se le escucha en tratos deshonestos y en abierta violación a sus funciones, incluso, reconoce que ha elaborado un documento para encausar la defensa de este local sancionado por la comuna.
Pero lo que más debe preocupar a los Fiscales es que el regidor deja constancia que está negociando su intervención en estos hechos, incluso, amenaza o advierte a su interlocutor que el hecho de no haber cumplido con lo que ofreció lo está llevando a una situación difícil y le indica que su colega Maribel Albarrán estaba formulando declaraciones que lo perjudican aún más.
Frases como “quedamos en algo y tu nada”, “tú no tienes palabra maestro” y “hubieras llegado con algo aunque sea” ponen al descubierto el accionar del regidor Estrada, con mayor razón aun cuando un día después de desatarse el escándalo la esposa del propietario del Bar “Kimbara” ha señalado en medios radiales que el regidor habría exigido la suma de tres mil soles para gestionar la recuperación de su licencia.
Estamos frente a un caso sumamente delicado aun cuando los hechos no deberían sorprender a nadie, lamentablemente, en la Municipalidad Provincial del Santa existen más de un caso en el que se investiga el pago de coimas y prebendas en el que se maneja el tráfico de influencias y hasta la autoridad judicial ha expedido sentencias contra aquellos que se vieron involucrados.
Un primer caso en esta misma gestión edil se registró el año 2016, cuando un audio similar al que hoy es materia de debate, puso al descubierto al ex jefe del comité provincial de Defensa Civil, Juan Carlos Cam Bernuy cuando realizaba tratos por debajo de la mesa con el propietario de un establecimiento a cual le exigían una suma de dinero para poder obtener el certificado de habilitación de su negocio.
Este ex funcionario no solo fue despedido sino que fue enjuiciado y la Corte del Santa, atendiendo al hecho que el investigado se acogió al principio de terminación anticipada y reconoció sus culpas, le impuso una condena de pena suspendida y hasta la fechas viene cumpliendo las condiciones establecidas en ella.
Luego, en Marzo del año pasado fue detenido en las mismas instalaciones ediles el ex ejecutor coactivo de la Comuna, Adolfo Varas Vásquez, como consecuencia de una celada que promovió el Ministerio Público ante la denuncia de un transportista que acusaba que le exigían una suma de dinero para que le levanten una infracción. El ex funcionario fue detenido y enviado al penal de Cambio Puente en donde ya cumple una condena de cinco años de prisión, la misma que ha apelado.
De allí que estos tratos bajos la mesa responden a una vieja y mala costumbre de funcionarios y regidores que se prestan a los manejos turbios, los que reciben o exigen beneficios a cambio de gestionar trámites o resoluciones a quienes se encuentran en problemas en las diferentes dependencias ediles, una conducta que está vedada y que amerita sancionarse con todo el peso de la ley, más aun cuando nos encontramos frente a casos en los cuales el denunciado tiene una función fiscalizadora que lo debería llevar a rechazar esta clase de subterfugios. Esperemos que la Fiscalía obre con diligencia y con la contundencia que ameritan los cargos incriminatorios.