GALLITO
Muchas personas, entre las que nos incluimos, tomamos la denuncia pública del sempiterno candidato Luis Haro Ames, contra la alcaldesa provincial Victoria Espinoza García, como una estrategia de ganar primeras planas y hacerse conocido porque a pesar de los años que tiene en el espectro electoral su figura no se conoce ni en los barrios de la ciudad. Sin embargo, tal parece que nos equivocamos de cabo a rabo, porque la cosa va en serio. Haro Ames ha llegado a la mismísima sede de la oficina de procesos electorales con la finalidad de presentar una denuncia por infracción electoral, alegando que la pre candidata Alcaldesa, viene utilizando las unidades vehiculares de una empresa contratista de la Municipalidad para su campaña proselitista. Los hechos están relacionados a lo que se inició como una presunta “guerra sucia” que denunciaba Luis Haro al haberse hallado en el poblado de Taricá una “cuadrilla” de pintores del movimiento “Río Santa Caudaloso” pintando la publicidad de Victoria Espinoza sobre una que tenía su movimiento “Hora Cero”. Haro y sus seguidores tomaron fotografías de la intervención de los pintores y de la camioneta que utilizaban en donde aparecían los baldes, rodillos y pancartas del movimiento de la alcaldesa. Sin embargo, al buscarse información se pudo establecer que la camioneta era de propiedad de la Constructora JJS Ingenieros Constructores S.A.C., del empresario Asmat, quien apenas una semana antes había sido denunciado por el gerente de la Sub Región Pacífico de querer aprovecharse del cobro de una obra abandonada en la época de César Álvarez. Con estos datos Haro la emprendió contra la ex burgomaestre, recordó de manera abusiva y reiterada una condición jurídica de ex prófuga que ya no tiene y la vinculó con los empresarios, Luego dijo que se trataba de empresarios que eran contratistas en obras el municipio. No sabemos si esto último es cierto, sin embargo, de ser así se habría configurado una infracción pero que no la tiene que evaluar o calificar la ONPE, este organismo es el encargado de llevar adelante un proceso electoral, quienes los fiscalizan son los jurados electorales que aún no se conforman ni se instalan. En todo caso, ante un hecho de este tipo quien debe intervenir es la Contraloría que hace solo unos días ha difundido los “tips de control”, uno de los cuales está relacionado con la neutralidad de los funcionarios de reparticiones públicas en la contienda electoral. Parece que de una denuncia sin importancia se puede hacer todo un problemón.
NEUTROS
A propósito de la neutralidad, la Contraloría General de la República viene advirtiendo que se ha establecido que aquel funcionario que no actúe con imparcialidad en asuntos electorales será inhabilitado hasta por cinco años en sus funciones. La entidad fiscalizadora explica que constituye infracción muy grave actuar parcializadamente en contra de los intereses del Estado mediante contratos, licitaciones, concurso de precios, subastas, licencias, autorizaciones o cualquier otra operación o procedimiento en el que participe por su cargo, función o comisión, dando lugar a un beneficio ilegal, sea propio o de tercero. En realidad este tema es tan complicado como el relacionado con la publicidad de aquellas entidades que hayan tenido como titulares a quienes se encuentran como candidatos, a aquellos que han renunciado o han solicitado licencia para poder postular. Y en estos comicios habrá muchas autoridades, de allí que sería pertinente que el ente de control sea más específico cuando califique aquello de “falta de imparcialidad”. Ojo que en los próximos meses se presentarán muchos de estos casos, de eso estamos completamente seguros.
COCTEL
En un programa político de la televisión limeña se ha difundido lo que han denominado como “El álbum de Odebrecht en el Perú” en el cual se observan las imágenes captadas de un coctel ofrecido por la empresa brasileña para los políticos y empresarios del país, todos aquellos que los beneficiaban con obras a cambio de apreciables diezmos. Y entre ellos no podía dejar de aparecer nuestro ex Gobernador César Álvarez Aguilar, quien como ya se sabe tuvo tratos corrompidos con la empresa brasileña en la obra de carretera Chacas – San Luis, valorizada en más de 450 millones de soles y por cuya adjudicación le pagaron nada menos que dos millones 600 mil dólares cuyo depósito se hizo a través de una “off shore” y ha sido detectado por la Fiscalía. ¿Como no habría de estar en estas reuniones en donde se charlaba de la danza de millones que sembró la corrupción de Odebretch en el país?. Bien a la tela aparece.