Editorial

“VIVITA Y COLEANDO”

“Ladrón que roba a ladrón tiene cien años de perdón”. Esta máxima que es de uso común se puede aplicar a un hecho registrado el último fin de semana en Chimbote y que pone de manifiesto que la corrupción sigue encostrada en las entidades públicas y que los corruptos no tienen miramientos en acusarse entre ellos mismos.

En efecto, el último sábado fue intervenido el gerente del instituto Vial Pallasca, Roger Corales Ponce, quien se encontraba en el interior de un Hotel ubicado frente al mercado Modelo al cual había acudido para cobrar una coima de 30 mil soles que estaba exigiendo al empresario Melvin Vivar Álvarez, quien al verse presionado y, según aduce, extorsionado por el mencionado funcionario, lo denunció ante la Fiscalía. 

La celada fue promovida por la Fiscalía anticorrupción a cargo de los magistrados Felipe Elías Silva y Carlos Roncal Cancino, quienes convocaron a efectivos policiales que se apostaron en lugares convenientes y esperaron el momento en que el agraviado entregara el dinero,

Previamente, como exige la ley, se habían fotocopiado los billetes que se entregaron al funcionario corrupto con la finalidad de cotejarlos luego que se decomisen en manos del denunciado, tal y como se verificó en la diligencia realizada por el representante del Ministerio Público y cuyas imágenes hemos visto los chimbotanos en todos los medios de comunicación.

Es una diligencia efectiva y contundente, la celada no deja lugar a dudas del comportamiento delincuencial del funcionario corrompido, sin embargo, el Fiscal ha decidido presentar cargos en un proceso común a efectos de contar con los ocho meses que le otorga la ley para poder investigar los “intríngulis” que existen en este caso, pues pudo haber incoado un proceso inmediato por delito flagrante y conseguido una condena en cuestión de días contras el acusado.

Sin embargo, el representante del Ministerio Público ha advertido que existen en estos hechos algunos vacíos y coartadas que no encajan que habría que verificarse e investigarse a efectos de conocer que es lo que realmente pasó en este hecho delictivo.

De primera intención se sabe que el gerente del Instituto Vial Pallasca. Roger Corales, habría exigido una suma de dinero al empresario Melvin Vivar Álvarez para favorecer a su empresa con la ejecución de una obra de mantenimiento en el camino a Conchucos, razón por la cual se realiza la entrega del dinero, empero, a decir del denunciante el mencionado funcionario no solo lo estaba sobornando sino que lo estaba extorsionando con amenazas contra su familia y por ello lo denunció.

Esta es la razón por la cual el Fiscal ha iniciado la investigación por la comisión de los delitos de Cohecho pasivo y extorsión, algo que no es común en estos casos en la medida que los investigadores saben que se extorsiona o se coimea, es una de dos pero no pueden conjugarse ambos delitos.

Las dudas nacen porque el denunciante Melvin Vivar no es un elemento desconocido o un empresario improvisado que cayó en manos de un funcionario evidentemente corrompido, por el contrario, revisado los antecedentes de ambos en las redes sociales se advierte que se trata de grandes amigos, que han despartido juntos, que tienen diálogos en mensajes de texto y wassap, cuyas fotografías aparecen en diversas páginas virtuales.

De allí que llama la atención que el empresario denuncie que es víctima de extorsión y mucho más que existiendo ese vínculo amical termine uno siendo sobornado por el otro, de allí que cabe en lo posible que no se trate de un caso de corrupción  y extorsión como se planteas sino que puede darse el caso que haya existido algún negocio turbio que generó las discrepancias entre las partes y terminara no solo con la amistad sino con la lealtad y complicidad para derivar en una celada que ha llevado a uno de ellos a la cárcel.

El Instituto Vial Pallasca es un organismo adscrito al Municipio Provincial de Pallasca, es el alcalde de esa jurisdicción quien selecciona y designa al gerente de esta entidad y su función está relacionada con la ejecución de trabajos de mantenimiento de las principales carreteras de la provincia, una labor indispensable si se tiene en cuenta que la naturaleza constantemente está golpeando la geografía de esos lugares y suele arrasarlas o bloquearlas con deslizamientos.

Por ello es que el ex consejero Martín Espinal Reyes consiguió que el Gobierno nacional, por intermedio del Ministerio de Transportes y sus órganos operativos como Provias, le asignen una determinada partida a efectos de poder realizar los objetivos para los cuales fue creado, lo que significa que este organismo provincial maneja importantes cifras y decide las adjudicaciones de obras en las que se tejen los conciliábulos que corrompen el manejo de la cosa pública.

Todo es mas extraño aun si se tiene en cuenta que ambos personajes están estrechamente vinculados con el alcalde de la vecina provincia de Pallasca, Manuel Hidalgo Sifuentes, ambos han trabajado juntos en el Municipio como en el Instituto Vial, de tal suerte que si se trata de buscar alguna conexión se encontrarán muchas, lo que no encaja es el móvil por el cual a estas alturas salen denunciándose entre ellos.

De allí que hace bien el Fiscal al proceder a investigar con mayor profundidad este caso de corrupción a pesar de la evidencia y contundencia de las pruebas, esto demuestra una vez más que la corrupción sigue encostrada en las entidades públicas y cuenta con la extraña indiferencia o anuencia de algunos alcaldes, la podredumbre de ciertos personajes que acceden a las entidades públicas sigue “vivita y coleando”, de allí que corresponde a la sociedad civil, representada por los magistrados del Ministerio Publico y Poder Judicial, exterminarla sancionando estos casos con todo el peso de la ley, con condenas drásticas y ejemplares, sin dejar lugar a artificios que a la larga favorezcan a los corrompidos.