Un preocupante escenario se ha erigido en torno a la labor de las fiscalías de crimen organizado en nuestra ciudad, las cuales se vieron envueltas en medio de acusaciones formuladas por los familiares de dos Brigadieres policiales a los cuales los han involucrado en manejos turbios a pesar que sus antecedentes laborales y funcionales dicen exactamente todo lo contrario.
Lo grave y extraño de este asunto es que los acusadores resultan siendo delincuentes de la más baja estofa, sujetos que han sido involucrados en mafias dedicados a diversas modalidades delictivas pero que, de pronto, aparecieron como presuntos “colaboradores de la ley”, se ofrecieron para prestar testimonios y lanzar lodo, justamente contra quienes los han descubierto en su ilícito accionar.
Sin embargo, estas acusaciones dirigidas no resultarían de manifiestas componendas de un grupo de delincuentes, sino que responderían a montajes que han sido elucubrados en los predios de una Fiscalía cuyos responsables tendrían poderosas razones para perjudicar a los custodios, pues ellos se negaron a ejecutar las orden del Fiscal de crimen organizado, Carlos Franco Alzamora, quien pretendía que sigan los pasos de dos jueces.
Uno de estos jueces, el ex Juez anticorrupción de Chimbote Eudosio Escalante Arroyo, quien ha sido destacado a la ciudad de Ayacucho, tomó conocimiento de estas medidas abiertamente ilegales por parte del o los Fiscales de Crimen Organizado y denunció el maquiavélico plan ante la Presidencia de la Junta de Fiscales, la cual no pudo sino disponer que se realice una pesquisa a nivel de Fiscalía de Control Interno.
De acuerdo a lo que expuso en su oportunidad el magistrado, los Fiscales habrían reaccionado de esta manera pretendiéndole hacer un seguimiento porque en un caso de crimen organizado negó la petición de prisión preventiva que habían solicitado para un investigado, lo que fue suficiente para que ellos consideren que había de por medio un supuesto pago y por ello trataron de seguirle los pasos.
Si bien es cierto el seguimiento a cualquier persona, al margen del cargo que ostente, es factible y posible siempre que se haga dentro del protocolo jurídico que le corresponde, conforme a lo que establece la ley procesal, la cual determina que es un Juez quien debe autorizar cualquier acción de seguimiento y, como en el presente caso, es otro Juez al que presuntamente se debe hacerle el seguimiento, entonces será un Juez Superior el que asuma el conocimiento de ese caso.
Empero, los Fiscales no tenían una sola evidencia que justifique una acción de seguimiento al magistrado, solo los animaba una suerte de sed de venganza por el hecho que aquel había rechazado el pedido de prisión que hicieron y pretendieron que, de manera absolutamente informal, un Policía haga el seguimiento al Juez.
Por ello es que se dispuso que se investigue a los Fiscales de crimen organizado y en ese camino se conoció de un segundo caso que estaba relacionado con el juez de Casma Justiniano Ramos, siempre bajo ese mismo sesgo de haber denegado una medida de prisión a un investigado.
Estas acciones indebidas se conocieron luego que el Brigadier Fernando Trujillo Osorio fuera víctima de una de estos montajes de pruebas y evidencias sustentadas en testimonios de colaboradores que no eran otros que los mismos delincuentes a los cuales investigaban, de esta manera se enviaba un mensaje al Policía honesto y transparente para que se someta a los dictados o se iba a la cárcel.
Curiosamente, fue el ex Juez Eudosio Escalante quien advierte este peligroso sesgo que ponía en tela de juicio la integridad de un policía que hasta el momento lo único que había hecho es entregarse a su rol y luchar abiertamente contra la delincuencia.
Así como Trujillo Osorio fue llevado por algunos días a los mismos calabozos en donde se encontraban los mafiosos a los cuales había ayudado a encarcelar, ahora el Brigadier Oscar Estrada Salinas es víctima de una medida similar apuntalada, curiosamente, por la misma Fiscalía de crimen organizado y ha sido su esposa la que ha revelado que detrás de esta persecución se encuentran los mismos fiscales con los que luchó a brazo partido para desmembrar a las mafias organizadas pero que estaban indispuestos contra él por no haber aceptado realizar seguimientos que le demandaban a una autoridad judicial.
Son temas similares y ya no se puede decir que es una mera coincidencia, por ello es que a estas alturas se conoce que la Fiscalía de control interno está concluyendo la pesquisas contra los responsables de la Fiscalía de crimen organizado, una acusación sumamente grave pero que debe deslindarse en la medida que existen evidencias de un abuso de autoridad perpetrado contra los agentes policiales.
No sabemos hasta donde puedan ser ciertas las acusaciones contra los Fiscales, sin embargo, lo que no se puede concebir es que se construyan pruebas y acusaciones en mérito de “colaboraciones eficaces” de mafiosos que han sido investigados y capturados por los mismos fiscales hoy investigados.
En este mismo espacio pusimos en tela de juicio el accionar de la Fiscalía de crimen organizado cuando porfió y consiguió sendas órdenes de encarcelamiento de dos Sub oficiales Brigadieres de la policía nacional que hasta entonces se habían convertido en verdaderos puntales de lucha contra la delincuencia.
Si la fiscalía de crimen organizada estaba presionando para que se vayan a la cárcel, las denuncias que ha formulado contra las organizaciones criminales perderían peso y sustento, era una suerte de “hara kiri procesal” que no tenía sentido, menos aun cuando la foja de servicio de los Brigadieres demostraba que estábamos ante verdaderos luchadores contra la delincuencia.
Ahora la suerte de los Fiscales de crimen organizado está en manos de la Fiscalía de control Interno del Santa, un escenario que no es el más adecuado en la medida que hay una pesquisa entre colegas que suelen darse siempre la mano, eso de fiscal investiga a Fiscal no garantiza una imparcialidad y transparencia que exige cualquier investigación, de todas formas estaremos a la expectativa para conocer qué es lo que se resuelve en este peliagudo caso que, infortunadamente, pone una vez más en entredicho la labor del Ministerio Público.