Editorial

Editorial: ::: IMPORTANTE ACUERDO :::

El alcalde de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, Valentín Fernández Bazán, ha expuesto su intención de poner en marcha en su distrito programas efectivos que rigen en otros países y que ha permitido no solo persuadir a las mujeres a denunciar a quienes las agreden sino mitigar los efectos de la violencia que se ejerce contra ellas.

Se trata de la unidad judicial de la no violencia contra la mujer y otros grupos vulnerables, un proyecto que busca concentrar en un solo local a los organismos encargados y competentes para recepcionar e investigar y dar protección a las mujeres que son víctimas de agresión, tal como existe en otros países hermanos como Colombia y Ecuador.

Lo que se busca es que la víctima de violencia acuda a un solo lugar, evitando así burocracia y dilaciones en la ejecución de un otorgamiento de medidas protección que a la larga son factores que contribuyen en el desaliento y la deserción de estas denuncias, consagrando de esta manera una impunidad intolerable de los agresores.

El anuncio lo hizo el alcalde en el curso de la segunda sesión ordinaria de la instancia distrital de concertación de lucha contra la violencia a la mujer y los demás integrantes del grupo familiar en la que toman parte los representantes del Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de la Mujer, Subprefectura, Red de salud, Ugel, organizaciones civiles y comunales.

En tal sentido, quien ha afianzado este tema a nivel de la comuna distrital es la Dra. Anshella Díaz, Jefa del Centro de atención mujer de la Municipalidad de Nuevo Chimbote, quien dijo que era plausible reconocer que la comuna esté liderando este proyecto con el firme objetivo de cumplir con lo que ordena la ley de violencia de genero.

De allí que advirtió que uno de los primeros pasos que se ha dado en este sentido es la creación del organismo (Instancia Distrital de Concertación) por ello es que cifran sus esperanzas en que, Dios mediante, se pueda con la voluntad política del alcalde tener un lugar especializado para las víctimas de violencia.

Inclusive se ha informado en el mismo Municipio que el alcalde, la funcionaria del área de la mujer y un representante del Ministerio Público han viajado hace solo unos días al vecino país de Ecuador con la finalidad de intercambiar experiencia en la medida que en esos lares se ha avanzado mucho en este tema de la Unidad Judicial.

Lo que se busca es otorgarles la debida confianza y las facilidades a las víctimas de agresión en el grupo familiar con la finalidad de llegar hasta las últimas consecuencias, con el objetivo de impedir que, en el camino las mujeres renuncien a seguir este trámite y consoliden de esta manera la impunidad para el agresor.

En realidad esta actitud de la mujer tiene muchos factores, la mayoría de ellas tiene que ver con el carácter del llamado sexo débil, aquel que la lleva a echarse atrás pensando en las consecuencias que puede tener para su pareja o ex pareja o en el hecho que en nuestra sociedad impera lo que en el argot popular se conoce como “amor serrano”, aquel que se ha traducido equívocamente en el aforismo “mas me pegas, más te quiero”.

Pero así como esas posiciones que muchas veces resultan necias, existen muchos otros factores que llevan a las mujeres a renunciar a un procedimiento de denuncia y dejan de lado la búsqueda de una protección por parte de los organismos del estado.

Uno de ellos es el papel o la obligación de trasladarse de dependencia en dependencia, un día tiene que ir a la Comisaría, el otro a la oficina médico legal, al tercer día la derivan a la Fiscalía de Familia, luego debe ir a una Defensoría Pública, es decir, tiene que dar tantas vueltas que en la mayoría de veces no le alcanza ni siquiera para el pasaje, más aun cuando ya no cuentan con el respaldo económico del grupo familiar porque resulta siendo el hombre quien es el agresor y denunciado.

Entonces, el proyecto de la Unidad Judicial busca otorgarle todas las condiciones necesarias  a las mujeres agredidas para que encuentren en un solo lugar todas las dependencias que deben tratar su caso, es decir, la comisaria de mujeres, la Fiscalía de Familia, el Juzgado de Paz, la oficina de reconocimiento médico legal y la asistencia legal deben estar concentrados en un solo lugar, de esta manera no solo se facilitará el desplazamiento de las agredidas sino que tendrá la suficiente confianza para  entender que encontrará la protección necesaria.

Ello porque en algunos casos el desistimiento de la denuncia viene por la vía de la amenaza de parte del denunciado, por parte de sus propios familiares, el acoso y las hostilizaciones llevan a las mujeres a ser invadidas por un temor natural que las hacen desistirse de las denuncias que ya han presentado, sienten que si renuncian a los cargos las dejarán tranquilas y por ello ceden ante la orfandad de encontrar a la mano una asistencia legal o una autoridad que le otorgue protección.

Esto es lo que se busca con el planteamiento de una Unidad Judicial, darles todo lo necesario a las denunciantes para que sus casos tengan el efecto inmediato de una medida de protección y concluyan con una sanción para el responsable.

Ahora que se cuenta con una legislación que es más categórica y contundente en lo que se refiere a medidas de protección y sanciones, es imperativo que se tome este planteamiento y se ponga en práctica lo más pronto posible no solo en Nuevo Chimbote sino en la jurisdicción de Chimbote en donde también se ven muchas casos de violencia en el seno familiar.

La experiencia nos dice que no se le puede dar un solo centímetro de ventaja a los agresores, muchos de ellos utilizan el poder económico y hasta político para revertir las cobardes agresiones y uno de los casos emblemáticos y lamentables es el de la joven Arlette Contreras quien de denunciante pasó a ser denunciada y el agresor solo recibió una pena benigna a pesar de la gravedad de los hechos, a pesar de la brutalidad con la que actuó. Se debe evitar que en el futuro la impunidad siga beneficiando a los sujetos cobardes que agreden a sus parejas o ex convivientes solo por despecho o venganza. Una unidad judicial debe ser el primer paso para ello, de allí que nos encontramos con un importante acuerdo que se ha sancionado en la comuna distrital de Nuevo Chimbote.