Han transcurrido ya dos años y medio desde que los chimbotanos asistiéramos a uno de los atentados criminales más brutales de la historia policial de Chimbote, como fue el doble crimen perpetrado en la localidad de Huacatambo y que terminó con la vida del alcalde de Samanco Francisco Ariza Espinoza y de su abogado Henry Aldea Correa, sin embargo, hasta la fecha la justicia no es capaz de presentar un fallo condenatorio ejemplar y contundente.
Lo que es peor aún, ni siquiera existe una resolución que disponga el inicio de un juicio oral que permita llevar a los criminales que perpetraron este hecho al banquillo de los acusados, como para pensar que existe una luz de esperanza para sancionarlos con todo el peso de la ley como se merecen.
Los medios de comunicación han informado hasta la fecha que solo fueron condenados los dos sicarios adolescentes que fueron utilizados por los asesinos para que dieran muerte al alcalde y el abogado, dos desorientados muchachos que carecían de valores y procedían de hogares destruidos que no vacilaron en disparar y arrojar artefactos incendiarios sobre el vehículo de los agraviados.
Los demás están sujetos a un proceso penal que ha sido rescatado de los escombros, pues recién la semana pasada se pudo conocer que tiene fecha para la audiencia de control de acusación, es decir, para el debate de los medios probatorios que ha podido acumular el Ministerio Público y el pronunciamiento del juzgado sobre los medios de defensa que hagan valer los abogados de los involucrados.
Solo después de ello y en la medida que el Juez de la causa admita que existe los suficientes medios como para dar inicio a un juicio oral, la voluminosa carpeta será remitida a un Juzgado Penal Unipersonal para los efectos que ponga a consideración el contradictorio y concluya emitiendo una sentencia final.
Lamentablemente, aun cuando este caso está sujeto al modelo procesal que se implementó para dar celeridad a los juicios penales, estos principios jurídicos no han funcionado para este como para muchos otros casos, ello porque las pesquisas están sujetas a una serie de planteamientos que son capaces de trasladar el expediente a una instancia superior para resolver una incidencia a pesar que el paquete mayor de la acusación se encuentre listo para resolverse.
Esto es lo que ha ocurrido en este caso, la acusación formal del Fiscal se emitió hace ya varios meses atrás, empero, existía una excepción deducida por el abogado Johnny Bazán Cribillero, la cual fue amparada por el Juez y que involucraba la separación de este profesional del derecho de este proceso, por lo tanto, la Sala Penal de Apelaciones debería pronunciarse antes de la impugnación presentada por el Ministerio Público contra esa decisión, más aun cuando la Fiscalía estaba acusando a dicho procesado.
Y realmente los reparos del Fiscal tenían fundamento, la Sala Superior ha desestimado la decisión del Juez que había amparado una excepción de improcedencia de acción que dejaba de lado al abogado en este proceso, empero, se ha establecido que existen elementos probatorios que aún lo vinculan con los delitos y por ello se requiere de un análisis más exhaustivo de los mismos y debe ser considerado dentro del juicio oral.
Obviamente, este trámite ha tomado su tiempo, involucra la elaboración de un cuaderno incidental y su remisión a la Sala Penal con previo pronunciamiento del Fiscal Superior, consecuentemente, las notificaciones, los traslados de una dependencia a otra generan una dilación que muchas veces se toma como la tradicional letanía e indolencia de una administración de justicia que siempre ha dejado mucho que desear.
Afortunadamente, ya nada hace pensar que habrán mas retrasos en este sonado proceso, el próximo viernes 04 de mayo se instalará la audiencia de control de acusación y se espera que el juez consiga deslindar las observaciones y alegaciones de las partes a efectos que traslade de una buena vez el caso al Juzgado que, por turno de llegada, le corresponderá sustanciar el juicio contra los acusados.
Hay que tener en cuenta que la Policía y la Fiscalía realizaron un gran trabajo en la investigación tras el alevoso crimen, fueron capaces de establecer la identidad no solo de los asesinos que perpetraron el doble crimen sino, esencialmente, de los autores intelectuales que planificaron este cobarde atentado.
Por ello, en Chimbote se espera con ansiedad que la justicia encause de una buena vez a ese ex alcalde de Samanco Jaime Casana Escobedo que no pudo controlar su ambición de poder para manejar la administración municipal y se alió con sujetos de la calaña de Carlos Bazán Castro o Marco Vásquez Julca, más conocido como “Chileno”.
Fueron estos sujetos quienes apelaron a la búsqueda de delincuentes comunes y adolescentes sicarios para terminar con la vida del alcalde y de su abogado, quienes emprendieron un proyecto inmobiliario que atentaba contra sus intenciones de promover invasiones y vender terrenos sin que medie documento alguno en el conocido balneario.
Inclusive, deberán ser sancionados también los ex regidores que tomaron conocimiento de la planificación de este atentado y quienes se prestaron a una cerrada lucha de oposición contra el entonces burgomaestre, ellos se encontraron con el siniestro plan y lejos de denunciarlo o de tomar distancia con esas criminales intenciones, se habrían sumado a ellas conforme lo expresa la acusación fiscal.
Es evidente que nos hallamos a solo un paso del inminente juicio oral, esperemos que en este corto camino que queda del control de acusación no se presenten incidencias que atenten contra el avance que todos esperan de este proceso penal, los magistrados deben recordar que justicia que tarda ya no es justicia, y, en el caso del doble crimen de Nepeña existe una enorme deuda pendiente con las ansias y la sed de justicia que espera el pueblo en este caso en especial.