Editorial

JUSTICIA INDULGENTE

La comunidad chimbotana despertó la semana pasada indignada frente a hechos de brutalidad criminal que tuvo como victimas nada menos que a dos menores de edad, una pequeña de solo 6 años y otra de 8 años que fueron ultrajadas por sujetos de su entorno.

El primer caso está relacionado con una niña que fue encontrada por su madre llorando inconsolablemente en su domicilio y cuando trató de averiguar lo que le sucedía se encontró que un sujeto que había llegado a visitarla le había tocado sus partes íntimas y habría tratado de violarla.

Lo más grave es que el sujeto no es un personaje desconocido para la madre y para la familia, por el contrario, se trata del padrino de bautizo de la menor, lo que quiere decir que este sujeto había aprovechado la relación de confianza que existía en el seno familiar para saciar enfermizos deseos sexuales.

Por ello es que ante la denuncia de la madre, la Policía llegó al domicilio del individuo y lo llevó detenido parta que el Ministerio Público califique su condición y solicite el mandato de prisión que determina la ley.

El segundo caso es un hecho sumamente delicado y ha merecido el rechazo de todos los sectores de la ciudad, pues en el A.H “Jerusalén” en la extensión conocida como las 217 hectáreas del Proyecto Chinecas, en la jurisdicción del distrito de Nuevo Chimbote, una mujer halló a su niña de solo 6 años casi moribunda en el interior de un corralón.

Un charco de sangre se visualizaba sobre las partes pudendas de la niña, había sido cruelmente violada y como consecuencia de ello sus genitales estaban desgarrados, por ello fue necesario trasladarla al hospital Regional en donde los médicos le practicaron una intervención quirúrgica de urgencia y todo indicaba que el último fin de semana habría de practicarle un segundo procedimiento.

Lo cierto es que estamos ante un brutal ataque sexual perpetrado por un desconocido pervertido que consiguió darse a la fuga, no se conocía una sola pista del autor de este execrable hecho y, aparentemente, ni la Policía ni la Fiscalía extremaron acciones inmediatas para establecer la responsabilidad de tan grave hecho.

Solo la reacción de los medios de comunicación y de organismos que velan por los niños y las mujeres motivaron que las entidades reaccionen para poder hallar al culpable, el mismo que ya ha sido identificado y se trata nada menos que de un jovenzuelo que reside en el mismo lugar, es vecino de la menor y todo indica que este hecho permitió que la menor inicialmente accediera a sus generosidades de regarle dinero y de acompañarlo hasta una sector alejado sin sospechar que trataría de vejarla.

Claro, estamos ante una niña de 6 años de edad que se salió del control de su madre y cayó en las manos de un depravado, más aun cuando en este asentamiento humano, como lo han comprobado los periodistas que llegaron al lugar con las autoridades, es un pueblo en donde predomina el tráfico de tierras, la mayoría son ranchos vacíos y los pocos que están habitados lo muestran como una suerte de pueblo fantasma, escenario propicio para los buitres sexuales, los enfermos y desviados que ponen los ojos sobre inocentes niñas.

Pero cuando los medios se concentraban en esta noticia, apareció otra que dio cuenta de la captura y la orden de traslado al penal de Cambio Puente de un ex trabajador del hospital La Caleta, un sujeto identificado como Guillermo Vela Soto, un jubilado que vive solo y que pese a sus 68 años de edad, mantiene los mismos y criminales apetitos sexuales que hace unos 10 o 15 años atrás advertimos los medios de comunicación.

Y es que este sujeto tiene antecedentes de pedofilia, hace muchos años atrás fue denunciado por madres de familia cuyas niñas fueron vejadas por este delincuente sexual y por ello fue condenado a 10 años de cárcel y confinado en el pernal de Cambio Puente.

Fue entonces que los medios de comunicación le perdimos el rastro y muchos pensábamos que se encontraba confinado en el presidio con muchos años sobre sus espaldas, sin embargo, la semana pasada lo volvimos a ver nuevamente con las marrocas en las manos y en los estrados judiciales, sujeto a un pedido de prisión del Ministerio Público luego que se hallaran evidencias del ultraje a otras dos niñas menores de 9 años de edad.

Esto se puso al descubierto luego de la denuncia de la madre de una de las niñas y con cuyos cargos la Policía y el Ministerio Publico pudo ingresar a la vivienda del sujeto en donde se hallaron varios videos pornográficos, imágenes de adultos violando a niñas menores de edad los cuales, aparentemente, mostraba a las niñas ´para saciar su desviado apetito sexual violándolas en el mismo lugar.

La pregunta que se cae de madura ¿Qué hace un individuo con estos antecedentes caminando libremente por las calles? ¿Cómo es posible que después de haber ultrajado a varias niñas y de haber sido tres veces condenado por la misma clase de delitos este sujeto seguía acechando a pequeñas víctimas?

He aquí también la grave responsabilidad de los padres en el control de sus hijos, no solo porque por su candorosidad pueden ser fácilmente víctimas de la persuasión de estos delincuentes, sino porque existen casos en los cuales deberían saber con quienes alternan sus niñas cuando están jugando.

En el caso de Guillermo Vela Soto las madres de las niñas deberían haber conocido que se trataba de un ex presidiario que, en su oportunidad fue confinado en la cárcel por haber ultrajado a menores de edad, por lo tanto, no debieron permitir ni siquiera que se acerque a sus niñas menos aun que intercambien comunicaciones con este individuo.

Afortunadamente ya un Juzgado ha ordenado su internamiento por espacio de 9 meses y atendiendo a las evidencias que se han hallado en el interior de su domicilio se espera que no vuelvan a dejarlo suelto por las calles, este sujeto es un enfermo y no tiene por qué seguir acechando a las niñas. La justicia debe ser implacable, tiene que valorar los rasgos de la personalidad de estos maleantes, no queremos una justicia indulgente que, por cuestiones mínimas o procesales, es capaz de poner en libertad a quienes, por la gravedad de sus delitos, deberían estar encerrados en un Penal.