DESCARADOS
Luego de los dislates que se registraron en torno a la denuncia por violación de una niña menor de 6 años de edad con consecuencias graves para su salud y la falta de reacción por parte de la Policía y la Fiscalía que se culparon recíprocamente por no haber tomado medidas urgentes, lo cierto es que hay que dar vuelta a la página ante esos exabruptos porque se sabe que el presunto pederasta ya está identificado y sería un joven de solo 20 años de edad que tiene un rancho en ese mismo asentamiento “Jerusalén”. Por lo menos esta es la información que recibió la fiscalía el último fin de semana por parte de los familiares de la niña y luego que esta pudiera salir del trance de la intervención quirúrgica a la cual fue sometida. Ella será dada de alta pero para el día de mañana jueves se ha fijado la realización de la diligencia de “cámara Gesell”, que es una evaluación psicológica realizado por profesionales a una víctima de violación para conocer su estado psíquico y emocional, para determinar el grado de veracidad de su testimonio y, fundamentalmente, en el caso especifico de la niña ultrajada, para poder conocer todo lo que sucedió aquel aciago sábado 28 de abril, sino nos equivocamos, cuando ocurrió el cobarde ataque sexual. Lo que no puede permitir la Policía son acciones violentas como la que padecieron los familiares de la menor cuya vivienda fue atacada nada menos que por los familiares del presunto violador, no es posible que a pesar que afrontan una grave acusación que deberá der materia de deslinde por parte de la fiscalía, esta gente tenga “la pechuga” de llegar a la vivienda de los dolidos padres de la niña y emprenderla con furria destruyendo sus enseres, la Policía debe disponer de inmediato una protección a los familiares de la niña e investigar a esos belicosos sujetos que deberían respetar el dolor de los familiares de la niña y si tienen que rechazar la acusación que lo hagan por los medios adecuados, por la vía legal, como lo haría cualquier individuo civilizado.
DESCARTE
Justamente, en los medios de comunicación tomamos conocimiento del recurso presentado por el abogado defensor del presunto pederasta, quien adjuntó un escrito a la Fiscalía rechazando los cargos y esgrimiendo una coartada que, a decir de ellos, lo desvincula por completo de este hecho criminal. En efecto, el abogado presentó una constancia de trabajo de una empresa de transportes en la que dice trabajar y por cuyo motivo alegó que el día de los hechos se encontraba fuera de Chimbote, entonces no puede sindicársele como el agresor sexual. Sin embargo, el comisario de nuevo Chimbote, dijo anteayer a los periodistas que ese argumento es un medio de defensa que la fiscalía deberá calificar pues ellos han acudido a la empresa de transportes y allí les han explicado que en realidad el muchacho es un trabajador de limpieza que labora de manera eventual, no es un “terramozo” como trató de dibujarlo el abogado y menos aún estaba de viaje en alguna unidad en el día de los hechos porque el muchacho trabaja en el terminal. Parece que la coartada del abogado se cayó más rápido de lo que pensaba pero el solo hecho que haya tratado de evadir los cargos con una falsa coartada dice mucho de su actitud evasiva con la justicia, ese ánimo de ocultar la verdad. Aquí las cosas son muy sencillas, si el muchacho dice no tiene nada que ver que se ponga a derecho, si huye es por algo.
EJEMPLO
El Ministerio Público es un organismo descentralizado de apoyo a la administración de justicia que, por mandato de la ley y la constitución, es el defensor de la legalidad. Lo que nadie entiende es que si tiene esa obligación legal, como es que la Presidenta del distrito Fiscal del Santa, Dra. Cecilia Zavaleta Corcuera, ha permitido que un juzgado laboral le imponga una multa por no acatar el mandato judicial derivado de un juicio que la fiscalía había perdido. Este caso fue la secuela de un juicio formulado por un vigilante de la mencionada institución que exigió que lo incluyeran en la planilla de trabajadores al ser considerado ya como un trabajador estable, juicio que resultó a favor del servidor y como tal se ordenó a la fiscalía que proceda conforme al mandato judicial, a lo que se negó y por ello le aplicaron una multa. La actitud del Ministerio Público no dice nada bien de la imagen que debe proyectar a la comunidad en la medida que si es el defensor de la legalidad lo primero que debería hacer es acatar los mandatos judiciales, no pretender eludir el cumplimiento de ellos como lo haría cualquier que está al margen de la ley. ¿Qué podrían exigir los fiscales a los investigados a los cuales pide un castigo por no respetar la ley si ellos se encuentran en el mismo nivel? Mucho cuidado con todo esto.