INFILTRACIONES
La denuncia periodística del programa televisivo “Panorama” el último domingo en relación a la decisión de la congresista María Elena Foronda de contratar los servicios de una ex reclusa y sentenciada por delito de terrorismo, es un hecho sumamente delicado que, ciertamente, empaña la imagen de la legisladora y de paso su representación que es netamente chimbotana. Y es que en un medio en donde se busca la manera de tomar distancia con quienes derramaron la sangre de miles de inocentes en el país, no se puede permitir que estos ex correligionarios se afiancen en las principales entidades públicas, menos aun en el parlamento nacional. La congresista Foronda conocía perfectamente la condición de la trabajadora Nancy Madrid Bonilla, sabía de antemano que había purgado carcelería por sus vínculos con el MRTA y que fue vinculada con las denominadas “cárceles el Pueblo” que no fueron otra cosa que las mazmorras en la cual los terroristas del MRTA ocultaban a los empresarios a los que secuestraban y por cuya libertad exigían fuertes cantidades de dinero. Y Foronda lo sabía porque al buscar que justificar esta situación dijo que la contratación obedecía a la necesidad de darle una oportunidad a esta mujer de reinsertarse a la sociedad. Sin embargo, en medio de las reiteradas denuncias de la infiltración de elementos vinculados a los grupos subversivos o de aquellos que fueron condenados por delito de terrorismo, no es posible que una parlamentaria haya mantenido a una de estas personas en su mismísimo despacho. Peor aun cuando se sabía del rechazo que generó saber que existen muchos ex terroristas infiltrados en el sector educativo, lo que generó un debate de un proyecto de ley que finalmente fue aprobado y que prohíben a los condenados por delito de terrorismo acceder a la función pública. Esto ha ocurrido hace ya algunos meses, empero, la congresista no participó del pleno en el que se aprobó la ley y que habiéndose promulgado no hizo nada para tomar distancia de la sentenciada por terrorismo. La comisión de ética habrá de evaluar si la congresista no incurrió en infracción al encubrir a la sentenciada al no retirarla ni dar cuenta de su situación tras haberse promulgado la ley.
RESPALDO
Tal parece que los miembros de Rio Santa Caudaloso no han asumido una posición coherente con respecto al proyecto del nuevo hospital La Caleta, más aun tomaron distancia de la negativa del gobernador Luis Gamarra, su correligionario, de descartar la compra de los terrenos del P.J. Dos de Mayo por aprovechamiento de los propietarios que han encarecido exageradamente los costos. Tanto el alcalde provincial Julio Cortez Rojas, como el primer regidor y secretario general de Rio Santa Caudaloso, Humberto Ortiz, como el consejero regional por la provincia del santa Ernesto Almanza Pantoja, han discrepado con la posición del titular de la región Ancash. Pero lo han hecho cada uno desde su punto de vista, el alcalde ha dicho que el municipio puede comprar los terrenos, el consejero ha manifestado que se pudo recurrir a la expropación mientras que el regidor ha llegado al extremo de saludar la gestión del congresista Carlos Domínguez. Lo cierto es que la decisión de Gamarra de no permitir que oportunistas se lucren con los recursos de la región, fue respaldada por la mayoría en todos los sectores de la ciudad tras conocerse los argumentos del titular de Ancash, empero, ahora hay quienes lo dejan de lado y se van con otros políticos. Lo que nadie ha tomado en cuenta es que los terrenos del P.j. Dos de Mayo no están urbanizados, no cuentan con los más elementales servicios básicos, de allí qué su implementación encarecerá mucho más el proyecto, mucho cuidado con eso por el solo hecho de buscar algo para oponerse.
ABSURDO
Ahora que el colegio argentino recibirá sus nuevas y flamantes instalaciones, un centro educativo del A.H. Nuevo Horizonte se adelantó s solicitar la donación de los módulos de aulas en la que vienen estudiando los escolares de este plantel. Sin embargo, les han respondido que si quieren los módulos están a su disposición ¿Sin embargo, deben pagar el desmontaje y el traslado de los mismos. Lo paradójico es que les han dicho que entre desmontaje y flete el costo sería de aproximadamente 30 mil soles. Si este asentamiento se levanta sobre arenales, ¿cómo piensan en la UGEL que podrán pagar más de 30 mil soles para que se lleven los módulos?. También hay que ser conscientes que esa gente solo tiene necesidades y es difícil que puedan agenciarse de la suma de dinero señalada por lo que deberán seguir estudiando en medio de las precarias condiciones en las que se encuentran. Que absurdo.