El Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria de nuestra ciudad ha dispuesto el último fin de semana la recaptura del ex secretario general del sindicato de trabajadores de construcción civil, Víctor López Padilla, luego de verificarse que fue indebidamente liberado la semana pasada porque tiene pendiente de cumplir una sentencia de cuatro años de cárcel efectiva.
Este fue el colofón de una pública revelación que hizo nuestro medio de comunicación tras conocerse que el discutido ex dirigente, quien se encuentra incurso en varios procesos penales como consecuencia de los vínculos que se le incriminan con la red de corrupción de Ancash, había salido el libertad el miércoles 23 de este mes luego de habérsele variado la orden de prisión preventiva que se le dictó en la carpeta fiscal que contiene el caso del crimen del ex consejero regional Ezequiel Nolasco Campos.
La información llegada de la capital de la república señalaba que teniendo en cuenta los años de prisión que ha acumulado y que hasta el momento no es objeto de una sentencia, por exceso de carcelería le correspondía la variación del mandato de prisión en el juicio oral que se viene llevando a cabo en una Sala Penal Nacional.
Inclusive, se hizo mención a que un poco antes el mismo López Padilla mereció el mismo beneficio de la revocatoria del mandato de prisión preventiva en el llamado Caso “La Centralita” en el cual también se encuentra incurso y en mérito del cual fue encarcelado el año 2014, todo lo cual es de dominio público.
De tal suerte que si ya no tenía mandato de prisión en el caso La centralita y en el caso del crimen de Ezequiel Nolasco, el primero con acusasión de la Fiscalía y el segundo con juicio oral en giro, debería ser excarcelado, lo que es una conclusión errónea porque Víctor López fue juzgado mucho antes en nuestra ciudad en un proceso penal que se le siguió junto a otros trabajadores de construcción civil por el ataque emprendido contra la vivienda del ex consejero Ezequiel Nolasco.,
Esto ocurrió en los años de feroz enfrentamiento entre las facciones de construcción civil, cuando el extinto consejero regional Ezequiel Nolasco no solo fue echado por César Álvarez de su entorno sino que respaldó a otros dirigentes del gremio de construcción civil y con ellos manejó este sindicato como herramienta de violencia, agresión y amenaza, a través de sus operadores que luego terminaron en la cárcel., Víctor López y Modesto Mondragón.
Esto es solo parte de la historia negra de la política ancashina, pero recordamos que en ese nauseabundo manoseo del gremio sindical se registró un grave incidente en la vivienda del ex consejero regional Ezequiel Nolasco, las huestes dirigidas por Víctor López la emprendieron a pedradas contra su vivienda en un acto de amedrentamiento y ferocidad que el agraviado denunció en su momento y en el cual la Policía llegó a identificar s quienes encabezaron esa asonada.
Como consecuencia de ello la justicia terminó condenado el año 2016 a Víctor López a cuatro años de cárcel efectiva, en fallo que fue confirmado y quedó consentido en nuestra ciudad., ocasión en la que se precisó de manera expresa y escrita, que su reclusión vencería el 25 de Julio del año 2020.
La secuela de este juicio fue difundida por todos los medios de comunicación de la localidad, por ello la sorpresa que nos llevamos todos la semana pasada fue mayúscula, como podía haberse liberado a una persona que tenía una condena de cárcel efectiva pendiente, algo tenía que haber sucedido para que ello suceda.
Recién un día después de alertarse este hecho la Oficina de Control de la Magistratura (ODECMA) de la Corte del Santa pudo establecer que la liberación de López Padilla se había registrado como consecuencia de una grave negligencia en la que habría incurrido el secretario judicial Juan José Rodríguez Valles, al no haber registrado dicha condena en el registro que lleva el Instituto Penal Penitenciario a nivel nacional.
En otras palabras para el INPE el ex dirigente Víctor López Padilla no tenía otro mandato de prisión, por ello procedió a dejarlo en libertad porque alguien “se olvidó” de consignarlo a pesar que ya han transcurrido casi dos años de haberse impuesto esa condena, algo que realmente deja mucho que desear.
El último fin de semana el ahora nuevamente prófugo Víctor López Padilla ha anunciado públicamente que se pondrá a disposición de la justicia el día de hoy lunes a efectos que lo trasladen nuevamente al penal para cumplir con la parte de la condena que aún está pendiente, empero, no fue lo único que dijo pues reconoció que era consciente que tenía esta condena y se lo comunicó al personal del INPE, empero, según su versión, aquellos le dijeron que no tenían nada registrado y no podían dejar de ponerlo en libertad.
Esto es mucho mas grave en la medida que si los empleados del INPE estaban siendo comunicados que existía un mandato de prisión pendiente, lo menos que pudieron hacer es verificar si esto es cierto y comunicar al magistrado que había ordenado la liberación de la existencia de este fallo que no había sido inscrito por un secretario judicial en el registro de condenas que ellos tienen.
En realidad dudamos que el personal del INPE haya dejado de lado una advertencia de este calibre, sin embargo, este acontecimiento nos pone la piel de gallina a todos en la medida que descubre la absoluta vulnerabilidad del sistema de control de condenas del Poder Judicial, la facilidad y presteza con la que se puede burlar el sistema de control de los condenados en el país y la indiferencia de una Corte para impedir hechos de este tipo.
¿Será acaso el Víctor López Padilla ha sido el único recluso que ha sido indebidamente liberado? ¿Será acaso que este hecho es solo producto de una negligencia? ¿Cómo es que las autoridades llevan el control de la laborde los secretarios judiciales?
La verdad es que este caso deja sembrada muchas dudas, la Corte Superior del Santa ha anunciado que se ha puesto en marcha una investigación y ella no solo debe estar dirigida a sancionar a los responsables, sino a revisar el sistema de control de las condenas y que esta vía no se haya convertido en una nueva modalidad de burlar las sentencias judiciales.