Editorial

Editorial: :: MESURADA DECISIÓN ::

Pese a las presiones de los grupos de poder, representados por la Sociedad Nacional de Minería y Energía, el Gobierno decidió la semana pasada anular los contratos petroleros que fueron autorizados por el ex presidente de la república, Pedro Pablo Kucyznski Godard cuando ya había renunciado al cargo y virtualmente se hallaba en el umbral de la puerta principal de Palacio de gobierno con sus maletas listas para marcharse.

El Poder Ejecutivo atiende, de esta manera, una demanda que se extendió por todos los puertos del norte del país cuyos pescadores y la sociedad civil en su conjunto advertían el grave riesgo ecológico que representa la exploración y explotación petrolera dentro de las 200 millas marinas del mar peruano.

En realidad la protesta fue promovida por grupos ecologistas, por congresistas interesados en el tema, por opositores del gobierno y los gremios de los pescadores, al margen de las entidades representativas de la sociedad civil, como ocurrió en nuestra ciudad en donde el frente de Defensa de la provincia del santa se puso al frente de esta cruzada.

La reacción popular tenía dos aristas, una de ellas, la más preocupantes y consensuada era la relacionada a la forma como se habían firmado los decretos supremos autorizando la firma de los contratos petroleros en toda la franja costera del norte del país, desde Huarmey hasta Lambayeque.

Eso de firmarse los dispositivos legales el ultimo día de gestión y cuando ya estaba virtualmente deslegitimado, solo confirmaba la manera como el ex presidente de la república Pedro Pablo Kuczynski manejaba los temas de los grandes y millonarios proyectos, aquellos en donde se requiere de mucho debate y, esencialmente de dialogo con los pueblos involucrados en un tema de explotación de los recursos naturales.

Eso lo sabía muy bien el ex jefe de estado, empero, mas pudo la oportunidad y las relaciones de alto nivel con las grandes empresas para dejarle a su sucesor una verdadera bomba de tiempo a cambio de una gestión de intereses que suele dejar jugosos réditos.

Pero además de este argumento que era contundente, estaba de por medio el tema medio ambiental, la sospecha de un riesgo latente cuando se habla de explotación de recursos naturales en lugares en donde no se puede poner en riesgo la vida natural, como el mar, lo cual exige la implementación de estudios rigurosos y la aplicación de penalidades que deben garantizar esencialmente la flora y fauna.

De allí que surgieron posiciones encontradas al respecto, aquellos que esgrimieron las erradas banderas de la oposición total porque la explotación petrolera mataría las especies del mar y llegaron al absurdo de señalar el slogan de “cebiche si petróleo no”, dejando la sensación que la actividad de hidrocarburos era sinónimo de perjuicio total a la vida marina.

Del otro lado estaban los que consideran que la actividad petrolera es compatible con la vida en el mar, que existen protocolos y estudios que deben garantizar la instalación de pozos en el mar como existen en otros países y en el nuestro en Talara, en donde existen yacimientos desde hace muchos años, se explota el hidrocarburo y tienen las mejores especies de pescado blanco a disposición.

Lo que no se puede soslayar es que la concesión de estos lotes petroleros no es una cosa nueva, era un tema que ya venía de algunos años antes cuando la empresa interesada era un consorcio que tenía como su representante a Savia Perú y que en alguna oportunidad intentó hacerse de las concesiones.

Muchos deben recordar que en aquella ocasión, como ahora que fue Tulloiw Oil la beneficiaria de estas concesiones, se realizaron talleres en audiencias públicas a efectos que la sociedad civil en su conjunto y las personas interesadas conozcan los alcances de estos proyectos de exploración y exploración petrolera, empero, fueron pocos los gremios que acudieron a estos eventos.

En alguna oportunidad el único que levantaba las voces contra los promotores de estos talleres fue el dirigente del gremio químico farmacéutico Esteban Cacha Salazar, los ecologistas brillaron por su ausencia cuando debería ser en este escenario donde sustenten sus razones y sus ideas.

Lo cierto es que todo ello ocurrió sin que se precise cuáles eran los siguientes pasos, hasta que repentinamente aparecieron los decretos supremos que ya le estaban autorizando a una transnacional a explotar los mares pese a la cerrada oposición de la sociedad civil.

Por ello es que el actual Gobierno ha optado por una salida inteligente, a pesar que la contraloría general de la república había adelantado criterio entorno a la legalidad del procedimiento utilizado para la expedición de los decretos supremos, lo que nadie había reparado es en el derecho de los pueblos a pronunciarse cuando existe un conflicto que atañe a la explotación de los recursos naturales.

Es la denominada licencia social que siempre se ha reclamado cuando existen megaproyectos de esta envergadura, por ello el Ministerio de Energía y Minas expidió un comunicado señalando que, con la opinión técnica de Perupetro que señala que resulta pertinente adoptar medidas orientadas a complementar el procedimiento de participación ciudadana relativa a estos contratos, se estimó por conveniente derogar los decretos supremos que autorizaban la firma de los contratos en mención para actividades de hidrocarburos.

Es evidente que el gobierno de Martín Vizcarra tiene la firme intención de desarrollar el país pero sin ruido político, por el contrario, promoviendo consensos políticos y sociales que permitan generar un clima de estabilidad y paz social y esto lo ha plasmado en el anuncio de la derogación de los decretos supremos.

Hizo bien el gobierno en dejar en suspenso la formulación de contratos que solo promoverían más protestas y enfrentamientos en un país que no puede avanzar debido a esta clase de contingencias, hay que tener en cuenta que para conseguir el desarrollo se debe contar con el consenso de todos y ello pasa por una explotación petrolera que muestre sus estudios y protocolos y que demuestra ante la sociedad civil su compromiso con la naturaleza y ni solo con el lucro y la ganancia.