En el sector pesquero suelen ocurrir una serie de incidencias reñidas con la ley, empero, no siempre los infractores resultan sancionados, más aun si se tiene en cuenta que una medida punitiva en la vía administrativa corresponde a funcionarios del sector público.
Por ello es que ya no sorprenden las denuncias de los gremios de pescadores sobre actos reñidos contra la ley por parte de empresas pesqueras que buscan la manera de saltar la valla de los controles y la fiscalización con tal de llevarse más ganancias a sus bolsillos.
En efecto, una de las modalidades que se utilizan en el sector pesquero es la manipulación del peso de la pesca capturada en las tolvas, de tal suerte que a pesar que una embarcación puede llegar “torreja”, como se dice en la actividad pesquera a la nave que llega con toda su capacidad de bodega, finalmente registra un peso mucho menor, lo que debería llamar la atención de quienes están a cargo del control de este pesaje, empero, aparentemente no pasa absolutamente nada.
El secretario general del Sindicato Único de Motoristas, Oficiales y Pescadores del Perú SUMOPP, Alcides Herrera Inga, ha vuelto a poner el dedo en la llaga la semana pasada al señalar que existe una empresa que está manipulando las balanzas de pesaje cuando se recepciona la pesca, perjudicando seriamente a los tripulantes.
El dirigente señaló, sin pelo ni señales., a la empresa pesquera INTERPRISE cuya razón social actual es SIRAY-BUSINESS SAC, calificando este accionar como un tremendo robo que perjudica al hombre de mar, por lo que ha solicitado al directorio general de Supervisión y Fiscalización del Ministerio de la Producción que realice una inspección inopinada para verificar esta denuncia que lo hicieron los mismos afectados.
Para tener una idea de lo que representa este doloso accionar, dijo que en el caso de la embarcación pesquera Doña Licha, que trae una carga completa de capacidad en su embarcación de 380 toneladas, cuando se realiza la descarga, arroja un peso de 332 toneladas, evidenciándose un descarado robo en el peso de hasta 48 toneladas.
La denuncia es sumamente delicada en la medida que la disminución de la captura de anchoveta incide directamente en los pagos de los pescadores pues debe recordarse que las remuneraciones de los hombres de mar se calculan en función a los registros internacionales del precio del cardumen en el mercado internacional y en función a la cantidad de pescado que se ha capturado.
Esto quiere decir que si las empresas pesqueras declaran que han capturado menos de lo que traen en sus bodegas, tendrán que pagarle menos a los pescadores, siendo que por el contrario, por fuera consiguen vender esa pesca no registrada y que al internarse en la actividad pesquera se convierte sencillamente en una “pesca negra”.
De la misma manera, este accionar doloso también perjudica al fisco, pues si las empresas declaran menos pesca capturada en sus bodegas, obviamente los rendimientos económicos que se obtengan por ella serán menores para las arcas fiscales, de allí que una denuncia de este tipo no solo debe ser de interés del Ministerio Público sino que debería llamar la atención de la SUNAT.
Cierto es que no es la primera vez que se denuncian hechos de este tipo, por el contrario, hace algunos años se hicieron los mismos cuestionamientos, se mostraron pruebas de la manera como se manipulaban las tolvas de pesaje y por ello el Ministerio de la Producción decidió establecer controles más estrictos, contrató empresas para que pongan coto a estas malas prácticas y se pensaba que ya existía mas orden y una mejor actitud por parte de los empresarios para declarar lo que realmente corresponde.
Sin embargo, se advierte que estos trucos se mantienen hasta la fecha, la denuncia del dirigente del gremio de motoristas, quien ha señalado a los responsables sin pelos ni señales, debe merecer una nueva reacción por parte de la autoridad del sector, se dice que el Ministerio de la Producción ya tiene conocimientos de estos hechos, por ende, deben investigarlos y determinar no solo las sanciones respectivas sino tomando los correctivos necesarios a efectos de impedir que otras empresas nos adviertan que sigue el carrousell como antes y como siempre.
MÁS ABANDONADOS QUE NUNCA
Aun cuando no ha señalado los nombres de cada uno de ellos o por los menos de los más importantes, el Director de la UGEL Santa, Robert Iturria Huamán, dio a conocer la semana pasada que el Gobierno Central solo ha transferido presupuestos para la rehabilitación y reconstrucción de 43 centros educativos de su jurisdicción.
Esto quiere decir, según dio a conocer el funcionario, que existen 50 centros educativos que han quedado al margen de este proceso de recuperación que puso en marcha el Gobierno para dejar atrás los graves daños que generó el Niño Costero.
El representante del sector educativo de nuestra ciudad dijo que ante el pedido de los representantes de la reconstrucción con cambios, elaboraron los inventarios y las fichas técnicas de 93 colegios que resultaron afectados por las lluvias y desbordes, todos los cuales requieren de trabajos de rehabilitación de su infraestructura.
Empero, por razones que la propia autoridad educativa desconoce, no se sabe cuáles han sido las razone por las cuales se deja de lado 50 instituciones, esto quiere decir que medio centenar de Colegios que deben albergar a cientos de alumnos deberán seguir funcionando en las precarias condiciones como las dejó el “Niño Costero”-
Esto es sumamente grave y delicado, pone de manifiesto que de una manera arbitraria se estaría decidiendo quienes son beneficiados y quienes quedan al margen, cuando se supone que todos nos vimos afectados de alguna manera por el Niño Costero.
Aparentemente, miles de escolares seguirán estudiando en las precarias condiciones en que quedaron sus aulas tras el fenómeno de El Niño, por lo menos que el Gobierno, por intermedio del ministerio de Educación explique qué es lo que ha sucedido y como es que medio centenares de Colegios estarán más abandonados que nunca.