Uno de los segmentos en donde se generan mayores conflictos es el escolar, especialmente cuando se trata del manejo de recursos sean ellos propios del estado, que se destinan para fines específicos, o producto de la recaudación que se genera a nivel de los padres de familia.
Las asambleas de las llanadas APAFAS se convierten algunas veces en un polvorín cuando la duda y la suspicacia invade los manejos de recursos de una determinada actividad, se generan reclamos, se pide cuentas claras y casi siempre terminan los enfrentamientos en denuncias entre miembros de una misma comunidad educativa.
Todo esto a despecho que la ley determinó que, para evitar confrontaciones entre los padres de familia, el Director de un Plantel se convertiría en el administrador de los fondos, de tal suerte que supuestamente se impediría estas peleas que solo contribuyen a desatar los lazos de amistad y camaradería que debería caracterizar a cualquier entidad.
Empero, el remedio resultó peor que la enfermedad pues los enfrentamientos solo cambiaron de protagonistas y fueron los padres los que denunciaban ahora a los directores en la medida que, tratándose de dinero en efectivo, los titulares de los Planteles se colocaron en la misma vereda de la incomodidad a la fiscalización.
Lamentablemente, la ley lo que no ha advertido es que siendo una entidad educativa una institución capaz de manejar ingentes recursos, no solo aquellos que pueden derivar de una APAFA sino los que se entrega por ejemplo como fondo de mantenimiento, requiere de una persona que tenga conocimientos en la administración de esos recursos y un Director es siempre unÂÂÂ docente que no ha sido preparado para gerenciar una empresa que es lo mismo que decir una entidad educativa.
Por ello los problemas de siempre, hemos sido testigos de la manera como las autoridades han debido procesar y hasta sancionar a Directores que no han cumplido con rendir cuentas adecuadamente de los presupuestos que se les asignaron por concepto de fondo de mantenimiento, es decir, de aquel dinero que se les entrega para que puedan realizar los trabajos de urgencia en la rehabilitación y acondicionamiento de ambientes y mobiliario antes de iniciarse el año escolar.
Desde hace unos años el Ministerio de Educación ha decidido encargar esta tarea a los directores de los centros educativos, les asigna un presupuesto a efectos que de mejoren puertas, ventanas, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, el pintado de aulas o mobiliario, siempre dentro de las posibilidades de la partida que se les entrega.
La finalidad es encomiable, permitir que un plantel pueda recibir el primer día de clases a los alumnos en las mejores condiciones, sin embargo, esta tarea se convierte para muchos en una verdadera odisea, especialmente cuando tienen que contratar a personas que hagan esta tarea y no toman las precauciones de poder acreditar ese gasto.
Cuando concluyen esta tarea se ven en serios aprietos para poder siquiera elaborar un informe detallado, para contabilizar los recursos y lo que hacen es dejar las cosas tal y como están a pesar que son conscientes que el manejo de recursos genera una responsabilidad y una obligación que, de no cumplirse, sencillamente deriva en un castigo y una sanción que empaña su foja personal.
Pero si estos casos de desconocimientos existen, también hay otros en los cuales ya no solo la negligencia caracteriza el desempeño de los directores, por el contrario, la criollada y la audacias salen a relucir para sacar provecho de la posición que tienen, es decir, un apreciable presupuesto que puede servir además del mantenimiento, para alguna ventaja personal, para sacarle la vuelta a la norma y generar un beneficio antes que un servicio.
De estos casos existen miles, aquellos que no solo recurren a la búsqueda de facturas que acrediten gastos mayores a los realizados o la obtención de documentos que justifiquen gastos que no se han hecho, las obras fantasmas que, al final de cuentas, terminan en las denuncias que siempre han navegado solitarias y que suelen acabar en la impunidad.
Justamente, estos casos son los que la justicia ha decidido poner coto mediante sentencias que adviertan a los Directores lo que les puede suceder si mantienen esta típica acción malévola de llevarse los dineros destinados al desarrollo escolar.
Por lo menos esto ha ocurrido la semana pasada en la ciudad de Huaraz, en donde se ha condenado a cuatro años de prisión efectiva al exdirector de un centro educativo que se apropió 800 soles de los recursos de dicha institución.
El caso fue protagonizado por Máximo Celestino del Castillo Ayala, exdirector de la institución educativa ‘Sabio Antonio Raimondi’, quien fue condenado por el delito de peculado doloso, luego que el fiscal Víctor Tullume Pisfil, demostrara que el exfuncionario aprovechó su cargo para autorizar el pago de 800 soles por servicios que fueron brindados a título personal.
Lamentablemente, esta clase de prácticas suele suceder en entidades que manejan recursos del estado, empero, la tradición procesal indicaba que esos docentes terminaban siendo sentenciados a penas condicionales o sus casos se olvidaban por falta de impulso procesal y derivaban en la impunidad.
Ahora, los directores deberán pensarlo dos veces antes de meter la mano a presupuestos que tienen un objetivo definido, que no pueden ser malversados y menos aún deben ser apropiados por quienes tienen la obligación de darles un destino legítimo, quienes por mandato de la ley deben cuidar los caudales públicos antes que pretender aprovecharse de los mismos para satisfacer apetitos personales.
Los docentes que ostentan las direcciones de los Planteles ya están notificados que la justicia no será más contemplativa como lo fue hasta el momento, deben saber que la norma castiga la apropiación de fondos con pena de cárcel efectiva, por lo tanto, será absoluta responsabilidad de cada uno de ellos que les apliquen esta clase de condenas. Estamos ante una sanción ejemplar que deberá poner coto a los relajos y la ligereza de directores que no entienden aun cuál es su verdadero rol al frente de un Plantel.