Llego la hora de la verdad:
Primero lo primero. El Primer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria Especializado en Corrupción de Funcionarios, programó para el martes 10 de julio la audiencia preliminar de control de sobreseimiento del caso “La Centralita”, donde se discutirá el pedido de archivo que ha formulado la Fiscalía Anticorrupción y donde hay 21 investigados que podrían quedar fuera del proceso penal si es que se declara fundado dicho requerimiento.
La Jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho ha establecido mediante la resolución N· 37 del martes 12 de junio último, que primero se discutirá todos los pedidos de sobreseimiento (archivo) que ha formulado el Ministerio Público (lo cual puede implicar varias audiencias) y posteriormente una vez concluida esta fase, se programará recién la audiencia de control de acusación donde hay 60 investigados que podrían pasar a juicio oral.
Según la resolución judicial, la audiencia de control de sobreseimiento se realizará el martes 10 de julio desde las 9 de la mañana en la sala de audiencias N· 2 del edificio “Carlos Zavala Loayza” ubicado en la calle Manuel Cuadros N· 182- segundo piso en Lima (costado del Palacio de Justicia) donde funciona el Sistema Nacional Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios.
Hay 21 investigados a quienes la Fiscalía a cargo de Elmer Chirre Castillo, ha pedido el sobreseimiento de todos sus delitos, lo que significa que si se declaran fundados por la Jueza, quedarán automáticamente fuera del proceso penal. Otros investigados tienen pedidos de sobreseimiento por algunos delitos, pero a la vez acusaciones por otros delitos.
Estos 21 investigados que no tienen acusación y solo pedidos de sobreseimiento (archivo) de los delitos por lo que se les investigó son la ex trabajadora de la Corte Superior de Justicia del Santa, María Luisa Acosta Sánchez; el empresario textil Elmer José Arqueros Chávez, la empresaria Victoria Beatriz Baca Azaña y el fotógrafo profesional Yonel Bonilla Luna.
Además, tienen pedido de archivo, el locutor Antonio Boza Flores, su hija Ericka Melissa Boza Palacios; la hermana del ex asesor de Álvarez, María Burgos Guanilo y los comunicadores Ingrid Casas Calderón, José Contreras Salazar y Lleana Corcuera Reyes.
También quedarían excluidas de esta investigación, en caso se declare fundado el sobreseimiento, los empresarios Juan Cortez Bravo, su esposa Rafaela López Pineda y el hijo de ambos, Joel Cortez López, el empresario Jorge Chang Soto, el ex Policía Ricardo Patiño Marmanillo y los comunicadores Milagros Medina Moncada y Juan Méndez Gómez.
Finalmente, la empresaria Ivonne Pereyra Olivares, el ex vice gobernador regional, Florencio Román Reyna, la vendedora de joyas, Gladys Ríos Ubilluz y el ex asesor del Congreso, Abel Sánchez Cruz.