“Fiscal no investiga a Fiscal”. Esta parece ser la premisa a la que han apelado los magistrados de la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte del Santa para resolver el abierto cuestionamiento que hizo la defensa técnica del ex administrador del Ministerio Público del Santa a la actuación que venía desempeñando el fiscal Felipe Elías Silva, Fiscal anticorrupción de nuestra provincia.
En resolución que debe dejar sentado un precedente, en la medida que quede consentida, los magistrados de la Sala han dictaminado que “no existiría apariencia de imparcialidad y menos convicción del justiciable en la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios para investigar el sonado caso “Gino Reyes Roggero” y por ello es que han decidido apartar al Fiscal Felipe Elías Silva de seguir conociendo este caso.
Esta posición es la que asumieron luego que el abogado del ex Administrador Gino Reyes Roggero, quien se encuentra recluido en el penal de Cambio Puente, pusiera en tela de juicio la actuación del fiscal Felipe Elías Silva en la medida que era virtualmente un subordinado de una Fiscal Superior que se encuentra involucrada en los mismos hechos, y viene siendo investigada por la Fiscalía Suprema de Control Interno.
Como nuestros lectores deben recordar, estos hechos están relacionados con el escandalo registrado en los entes administrativos del Ministerio Público de Chimbote, cuando desde la sede central de Lima se detectaron malos manejos y presuntos hechos delictivos que configuraban un desfalco en las arcas de la institución y por ello llegó a nuestra ciudad el mismísimo Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, quien dispuso que se denuncien a los responsables.
Se trata de los famosos pagos por servicios inexistentes así como a falsos proveedores por parte del ex Administrador y el responsable de entonces de la Caja Chica, quienes han sido acusados de promover todo un negociado para quedarse con la torta presupuestal que llega a la institución para sustentar los pagos de servicios que debe atender en nuestra ciudad todo lo concerniente al mobiliario, material de trabajo, mantenimiento de la sede institucional, entre muchos otros.
Pero en estos hechos, se puso en tela de juicio el rol que cumplió la entonces Presidenta de la Junta de Fiscales, la Dra. Nancy Moreno Rivera, por ello la Fiscalía de la Nación dispuso que sea investigada por los mismos delitos, empero, aun así estaba a cargo del sistema anticorrupción de nuestra ciudad, por ende, fue la encargada de decidir quiénes deberían investigar a los denunciados.
El elegido fue el Fiscal Felipe Elías Silva quien ha llevado adelante un trabajo que dejó serias dudas a decir de una de las partes cuando en todo proceso lo que se impone es la equidad, la igualdad de armas para las partes y la imparcialidad, algo que no se percibe en el accionar del magistrado de acuerdo a lo que ha advertido la Sala.
Por ejemplo, que el Fiscal Anticorrupción Felipe Elías Silva no atendió los pedidos efectuados por los investigados y los medios de prueba ofrecidos por ellos para desacreditar los elementos de convicción de cargo, lo cual no ha garantizado la plena independencia interna de la investigación.
De la misma manera se ha destacado que el mencionado Fiscal denegó el pedido de la defensa técnica de los imputados de admitir como medio de prueba un documento suscrito por la Fiscal Nancy Moreno Rivera en el que autorizaba pagos a terceros (proveedores), entre ellos, varios que son materia de investigación, así como haber denegado el pedido para que dicha Fiscal Superior rinda una ampliación de declaración testimonial para responder sobre dicho documento.
Esto pone de manifiesto que el Fiscal no solo estaba direccionando las diligencias en este proceso sino que estaba inclinando la balanza a un solo lado y ese tenía mucho que ver con la Fiscal que es investigada en otra instancia por los mismos hechos, lo cual transgrede la garantía de la imparcialidad de los magistrados.
Por ello es que para los vocales de la Sala Superior no ha quedado duda alguna que el Fiscal estaba descalificado para seguir al frente de las pesquisas y que era imperativo que deje su lugar a otro, un aspecto en el que surge un segundo inconveniente y es el relacionado a la competencia en las funciones de los magistrados.
Aquí no hubo consenso en la Sala Penal en la medida que una de sus integrantes advertía, con acertado criterio, que ninguno de los Fiscales del Distrito Fiscal del Santa están calificados para poder investigar estos hechos por no garantizar imparcialidad, es decir, que no solo los Fiscales anticorrupción no podían estar al frente de este proceso sino que tampoco podían hacerlo los Fiscales comunes por su relación de subordinación y amistad con la investigada.
Empero, por mayoría, la Sala ha decidido que este caso se derive a manos de un Fiscal común y en estos días debe estar siendo remitido el expediente para que retome las pesquisas y pueda dar la puntillada final pues el caso está sumamente avanzado pero en donde se deberá poner especial atención son en las diligencias que fueron extrañamente rechazadas por el Fiscal recusado y todas las cuales tenían que ver con los cargos que el ex administrador hace de la ex presidenta de la Juntas de Fiscales por no haber verificado oportunamente los documentos que se remitieron a su despacho.
Lo malo es que este caso ya tiene más de un año de diligencias y aun no pasa a la fase intermedia, lo que puede solo permitir que aquellos que están recluidos puedan solicitar su liberación por exceso de carcelería, lo que conspira contra los objetivos de la investigación.
Lo que en este caso se tiene que destacar es la firmeza de la Sala Penal Superior con esta categórica decisión tras advertir que en efecto existieron circunstancias y hechos evidentes que pusieron en tela de juicio la actuación del Fiscal de primera instancia, si esto es así se deberá tener especial recelo con lo que viene más adelante en la medida que el caso seguirá sustanciándose con la presencia de otros Fiscales que, aparentemente, no tienen la menor intención de ir hasta las últimas consecuencias en un caso de desfalco que afectó a su propia institución. Eso sigue siendo un grave riesgo.