NOTIFICACION
Existe la idea equivocada que la suspensión del alcalde Julio Cortez Rojas debe realizarse solo cuando la Corte Superior de Justicia del Santa notifique la sentencia que se ha dictado en su contra y que le impone cuatro años de pena efectiva y de ejecución inmediata. ¿La Corte deberá notificarle la sentencia a la comuna chimbotana? ¿Si el delito es de colusión el agraviado no es acaso el Estado? ¿Cómo esperan en el Municipio que les llegue una copia de la sentencia? Tal parece que los actuales funcionarios asumirán la misma y necia postura que adoptaron cuando la ex alcaldesa Victoria Espinoza fue condenada por Enriquecimiento Ilícito, el año 2015, y se resistían a suspenderla en el cargo, como si pensaran que su situación se podría resolver o revocar en una semana. Después de marchas y contramarchas lo hicieron. Si bien es cierto que la semana pasada el juez ha leído los lineamientos de sentencia, ello no quiere decir que su fallo no tenga plena efectividad, si así fuera los condenados no se hubieran puesto a buen recaudo y no se hubieran ocultado. El fallo de un magistrado tiene vigencia desde el mismo momento que lo emite, si bien es cierto que la lectura del integro de la sentencia otorga la posibilidad a la parte derrotada a presentar recursos impugnatorios, ello solo tiene que ver con la pluralidad de instancia, mas no con la vigencia de la misma porque ella ya está en ejecución desde la semana pasada. Por otro lado, la suspensión del alcalde Julio Cortez no se verifica por la condena misma, es decir, no se necesita tener el fallo escrito, por el contrario, la suspensión se hace inminente por la ausencia del Burgomaestre, por su decisión de ocultarse a la espera que su condición jurídica pueda revertirse en la revisión que haga la Sala Penal de Apelaciones. Si el alcalde no está presente entonces tiene que ser suspendido para que la Municipalidad no quede en desgobierno, esperar hasta el mes de agosto por la mera formalidad de la lectura de la sentencia y la notificación de la misma a las partes interesadas es un absurdo y solo atenta contra la buena marcha de la comuna. Parece que hay quienes hasta la fecha no entienden que las instituciones trascienden a los problemas de las personas. No olvidar ese conocido aforismo que dice “las personas pasan, las instituciones quedan”. Un buen consejo debe recordarles a los actuales responsables de la comuna que lo mejor es encausar legalmente la situación de la alcaldía, sesionando para sancionar una suspensión y elevar ese acuerdo al Jurado Nacional de Elecciones que de inmediato comenzará a tramitar las credenciales al primer regidor. El organismo electoral no se negará a dar pase a esta situación que está contemplada en la ley.
DESCOLMATACION
Quien debe estar descorazonada por la situación que afronta ante la condena que le impuso la justicia, es la ex alcaldesa Victoria Espinoza, no solo porque se ve nuevamente precisada a tener que vivir a salto de mata, sino porque se han registrado en estos días acontecimientos políticos que debería estar aprovechando para apuntalar su campaña electoral. Uno de ellos es el informe de control que acaba de emitir la Contraloría General de la República con respecto a hallazgos registrados en los trabajos de descolmatación en el dren del río Lacramarca. El organismo de control ha lanzado la alerta pertinente y lo que habría que recordarse en este tema es que quien denunció estos hechos y quien demandó la presencia del ministro y del jefe de Agro rural fue la entonces alcaldesa Victoria Espinoza. Pese a que en su oportunidad el organismo Agro Rural se burló de sus apreciaciones, ahora la Contraloría le está dando la razón y ha advertido deficiencias que deberán ser subsanadas. A estas alturas Victoria Espinoza ya habría estado sacando pecho ante el informe de control.
AUDIENCIA
El alcalde de Buenavista, Tomás Polo Ágape, desafía a la justicia cuando la última vez frustró el reinicio del juicio oral en su contra alegando que en la fecha y la misma hora se encontraba en una actividad oficial de su cargo. Tal parece que el Burgomaestre no sabe que las pesquisas judiciales tienen prioridad respecto a las actividades oficiales que tenga, si existe una notificación válida debe atenderla. Hay que recordar que este alcalde se mantuvo como prófugo de la justicia por espacio de seis meses y solo en abril pasado pudo regresar a su cargo tras anularse el fallo que lo condenó a cuatro años y 6 meses der prisión efectiva. Si bien es cierto la salas anuló la sentencia no lo ha absuelto, por el contrario, ha ordenado que sea nuevamente juzgado pero por otro Juez, de allí que su situación es un tanto delicada todavía. Lo mejor será que no rehúya el nuevo juicio.