La Jueza Susana Quispe Trujillo dictó una orden de prisión preventiva por 9 meses en contra de tres suboficiales de la Policía e integrantes de la División de Inteligencia de Alta Complejidad DIVIAC-PNP y un civil que afrontan graves cargos por delitos de secuestro y lesiones, entre otros.
Se trata de los suboficiales PNP Ángel Jhosep Portal Montenegro, Diego Omar Benavides Crisóstomo y José Anderson Sarmiento Gutiérrez así como el ciudadano Daniel Lisandro Benítez Pérez, quien hizo las veces de chofer, sobre quienes ya se activaron las órdenes de captura e internamiento en el Penal de Cambio Puente.
Ellos son acusados de secuestrar y causar lesiones graves en contra de Yampier Linder Laveriano Solsol (22), un sujeto con problemas con la justicia, pero a quien sacaron ilegalmente de su casa, golpearon, amordazaron, torturaron y lo mantuvieron secuestrado por varias horas, hasta que fueron descubiertos por personal de serenazgo de Nuevo Chimbote.
Estos hechos ocurrieron el 15 de noviembre del año 2017 al promediar las tres de la tarde, cuando los tres policías y el civil acudieron al domicilio del agraviado ubicado en el P.J. “Dos de Mayo” de Chimbote a bordo de un automóvil rojo, sacándolo de su vivienda y amenazándolo con un arma de fuego para obligarlo a subir a la unidad y llevarlo a la playa El Dorado en Nuevo Chimbote.
Al llegar a esta zona, los sujetos empezaron a golpear a su víctima con puñetes y codazos, quien les rogaba que no le hicieran daño, incluso utilizaron un arma de fuego para golpearlo constantemente en la cabeza.
No satisfechos con todo ello le echaron arena en la boca, nariz, ojos y orejas, lo ataron de pies y manos y lo obligaron a utilizar un teléfono celular para pedirle disculpas al cuñado del efectivo Ángel Portal Montenegro, con quien días atrás la víctima se habría liado a golpes en medio de un conflicto familiar.
Muchos deben recordar este penoso incidente que puso una vez más en tela de juicio la imagen de la Policía Nacional pues los acusados por el Ministerio Público se valieron de su condición y rango para poner en práctica un plan de venganza delincuencial, un ataque alevoso con tortura incluida a un individuo que por muy malos antecedentes que tenga no merece ser tratado como un animal.
Si el agraviado Yampier Laveriano ha incurrido en un acto de violencia en contra del cuñado de uno de los Policías matones entonces que lo denuncien y que demanden una sanción por parte de la justicia, esa es la manera como procede alguien civilizado y lo debe hacer, con mayor razón, un miembros de la Policía Nacional que conoce cuales son los procedimientos en estos casos.
Hay que hacer la salvedad que este caso ha sido ya materia de un pronunciamiento judicial que generó escándalo y preocupación entre la colectividad chimbotana en la medida que, tras difundirse los hechos, no quedaba duda alguna que cualquier Juez debería enviar a estos malos Policías a la cárcel, empero, en una primera oportunidad no lo hicieron, sabrá Dios cuales fueron las reales razones, pero la medida judicial de comparecencia solo generó espanto y vergüenza.
Por ello es que la Sala Superior que revisó la decisión del Juez en grado de apelación no vaciló en anular la resolución judicial y disponer que en audiencia se revisen detenidamente los antecedentes de este caso no solo por la gravedad que involucra el hecho de tener como protagonistas a Policías que han violado descaradamente la ley y han utilizado indebidamente los bienes del estado, sino porque no se había evaluado detenidamente los medios de prueba.
Los magistrados superiores pusieron énfasis en una de las razones por las cuales el juez había decretado solo la comparecencia de los Policías y es el hecho que en el acta de incautación no se consigna el comiso de un revolver a pesar que el agraviado asegura que le apuntaron y golpearon con un arma en la cabeza.
Sin embargo, los Vocales advirtieron que en el video registrado por los serenos que intervinieron al agraviado y luego a los Policías cuando quedaron atollados en la carretera, se aprecia que en efecto se les había decomisado un arma, hecho que los efectivos de la Comisaría de Villa María pasaron por alto, aparentemente, atendiendo al espíritu de cuerpo por el cual tratan de encubrir a los miembros de su misma institución.
Empero, mucho antes que el Juez expida su resolución de comparecencia ya los medios de comunicación habían denunciado la extraña omisión de los efectivos de la Comisaria de Villa María y, si la memoria no nos traiciona, la oficina de Inspectoría inició una investigación por esos hechos, empero, como suele ocurrir, nunca se sabe que es lo que pasó con ellos y si alguien resultó sancionado.
Lo cierto es que el vídeo propalado por entonces y que no fue tomado en cuenta en una primera oportunidad, como la declaración de un testigo en reserva, han resultado nuevos elementos contundentes que motivaron a la juez a revocar el mandato de comparecencia restringida y dictar una orden de prisión preventiva de 9 meses contra los tres efectivos y el civil que se prestó a este acto de cobarde venganza y tortura.
Las personas deben responder por sus actos, con mayor razón quienes han sido preparados para hacer frente al delito pero que incurren en actos delictivos, de allí que la decisión de la juez se caía por su propio peso y ameritaba que hechos de esta naturaleza se tramiten con la rigurosidad que establece la ley.
Es evidente que con la excarcelación de los tres efectivos policiales en noviembre del año pasado no se estaba entregando un mensaje positivo a la ciudadanía, de allí que la necesaria rectificación de la administración de justicia en el caso de los Policías que torturaron a un hombre debe quedar sentado como un importante precedente para poder sancionar a todos aquellos agentes que, valiéndose de su posición, pretenden hacer justicia por mano propia e incurren en repudiables excesos como el ocurridlo en la playa el Dorado. Que la justicia se encargue de ellos y si han quedado como prófugos que la propia Policía los separe de la institución como corresponde.