Fiscalía asume el costo:
Inmueble en Trujillo donde funciona campo deportivo.
Según informó el Ministerio Público, la incautación de los inmuebles “implica su desposesión y entrega al Pronabi (Programa Nacional de Bienes Incautados), que depende del Ministerio de Justicia, debido a que han sido adquiridos presuntamente con dinero ilícito”.
1. ¿Por qué las propiedades están bajo sospecha?
El Fiscal Laureano Añanca Chumbe investiga al alcalde Valentín Fernández Bazán por lavado de activos y asociación ilícita para delinquir durante su periodo como burgomaestre entre los años 2003 y 2010. Sus coimputados son sus padres Valentín Fernández Neira y Nury Bazán de Fernández; sus hermanas Luz Marina Graciela Fernández Bazán y Nury Elizabeth Fernández Bazán así como los empresarios Luis Federico Vásquez Wong y Frank Tailor Jiménez Esquivel.
Para el representante del Ministerio Público, a seis meses de iniciar su gestión edil en el año 2003, el alcalde de Nuevo Chimbote inició una compra indiscriminada de inmuebles a través de sus familiares y entorno familiar. Inicialmente, se identificaron 17 inmuebles que se habrían adquirido con fondos bajo sospecha, sin embargo, en el devenir del tiempo, han sido comprados por terceros y solo siete de estos inmuebles mantienen relación directa con los investigados.
Cuando la Fiscalía solicitó información contable y documentaria respecto a los ingresos obtenidos para adquirir dichos bienes, los investigados no han respondido a los requerimientos.
2. ¿En qué se diferencia la incautación del allanamiento?
La incautación es un procedimiento de naturaleza procesal distinta al allanamiento. El segundo busca el hallazgo de evidencias de la comisión de un delito, lo que no ha ocurrido en este caso. Mientras que la incautación implica una desposesión y entrega al Pronabi.
La incautación ocurre cuando el fiscal tiene expectativas de que ese hecho va terminar en una sentencia condenatoria con el pago de una reparación civil.
La incautación puede hacerse en forma de inscripción y no necesariamente hay que desalojar a los inquilinos, “porque eso puede ser motivo ya de cierto escarnio”.
La incautación tiene por finalidad que cese la posesión o la propiedad que tiene un origen delictivo, es decir, al margen de la reparación el Estado se tiene que quedar con inmuebles provenientes de un delito.
En caso sean declarados culpables y se demuestra que fueron bienes adquiridos con dinero de origen ilícito, los inmuebles pasarían a ser decomisados, que es el siguiente paso e implica la pérdida de los bienes. Eso sí, en caso sean declarados inocentes se les devuelven los bienes.
En cambio, el allanamiento busca el hallazgo de evidencias de la comisión de un delito, lo que no ha ocurrido en este caso.