El procurador del Proyecto Especial Chinecas ha anunciado en la vecina provincia de Casma que está solicitando la demolición de la vivienda ilegalmente construida en la Playa “Las Gemelas” y se ha sumado a los cargos incriminatorios tomados de oficio por el Ministerio Púbico para denunciar al empresario Héctor Servat Chocano por delito de Usurpación agravada en agravio de la entidad que representa.
El abogado Wilfredo Quevedo Cabrera rompi., de esta manera, un preocupante silencio por parte de las entidades involucradas en un tema que ha generado rechazo en todos los sectores como es la descarada invasión de un bien de dominio público y de áreas aledañas que pertenecen al proyecto Chinecas, tal como lo verificó en la Playa “las Gemelas”, del balneario de Tortugas, la Fiscal de Medio Ambiente Carla Ramos Heredia.
El abogado del proyecto irrigador señaló que su representada no se ha quedado cruzada de brazos como se percibía, por el contrario, está dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias en un asunto que involucra a otras instituciones, como la Marina de Guerra del Perú, que es quien tiene dominio sobre la cabecera de playa.
Justamente, al respecto, dijo haber tomado conocimiento que la entidad castrense, ante los daños provocados por el empresario Héctor Servat en la franja costera, hasta donde llevó maquinaria pesada y alteró el ecosistema de este lugar, ha procedido a aplicarle una multa de 20 unidades impositivas tributarias, que equivalen a 83 mil soles.
Esto es lo que se entiende como la parte administrativa del problema, la cuestión penal le corresponde al Ministerio Público que inició su accionar de oficio, recogiendo las denuncias periodísticas de la prensa casmeña y al observar que una playa estaba siendo invadida de manera impune a pesar que es un bien público y que, sobre todo, debe ser protegido como que es parte de la naturaleza.
Sin embargo, hay una percepción de incredulidad en la opinión publica respecto al trabajo que le compete al Ministerio Público, pues todos los medios de comunicación estuvieron presentes cuando la Fiscal de Medio Ambiente intervino en el lugar y hasta emplazó al promotor de esta invasión advirtiéndole que se inmovilizaba los trabajos que se estaban realizando en el lugar.
Empero, no solo el contratista se llevó su maquinaria, que se suponía estaba inmovilizada, sino que el investigado ha actuado de manera desafiante al retornar al lugar y retomar los trabajos que allí se realizaban, el propio procurador de Chinecas ha revelado que Héctor Servat Chocano ha colocado un enorme portón en la ilegal propiedad, es decir, que ha continuado desafiando a las autoridades y complicando su situación.
Seguramente que quienes hacen escarnio de la ley, quienes actúan al margen de un marco normativo y acostumbran a hacer lo que se les viene en gana suelen pisotear los mandatos de las autoridades, sin embargo, son ellas las llamadas a rescatar el principio de autoridad, son ellas las que deben hacer efectivo los apremios que le franquea la norma e impedir que la impunidad se afiance para jolgorio de los embusteros.
De allí que el pedido que ha formalizado el procurador de Chinecas a efectos que se disponga la demolición de la construcción ilegal que se ha levantado en la Playa, debe ser atendido lo mas pronto posible por las autoridades porque no hay derecho a que se maltrate el habitat natural de un centro recreacional que está al servicio de todos, que es un bien público y en el cual nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a irrogarse un derecho posesorio o de propiedad privada.
No olvidemos que la Municipalidad Provincial de Casma ha rechazado estas maniobras ilícitas de los invasores y está dispuesta a poner a disposición su maquinaria pesada para llevar adelante la diligencia de demolición, todo depende de la orden de la autoridad.
EQUIVOCADA ACTITUD
El Juzgado Penal Colegiado rechazó el pedido de conclusión anticipada que propuso el Fiscal encargado de demandar el castigo drástico que se merecen los responsables del doble crimen perpetrado en Nepeña, en el cual dieron muerte brutal al alcalde de Samanco Francisco Ariza Espinoza y al abogado Henry Aldea Correa.
Y es que el representante del Ministerio Público había planteado una reducción de la pena para el investigado Wilmer Thanaqui Oroya Margarito, quien es uno de los que buscó a los choferes que manejaron los vehículos que participaron en el atentado, atendiendo a su confesión sincera, su ánimo de colaborar y su edad relativa y la aceptación de la terminación anticipada, todo lo cual reducía la pena a 13 años y unos meses más.
Sin embargo, el Colegiado no se opuso al pedido solo que observó que no procedía una doble disminución por la confesión y la edad restringida, señalando que solo se reducía un tercio y la pena a imponerse era de 20 años, postura que la abogada defensora no aceptó y dejó que el caso siguiera a juicio oral.
Una actitud apresurada de la defensa técnica en la medida que su defendido tiene una solicitud de pena de cadena perpetua, ni siquiera el máximo de 35 años, por lo que es preferible que asuma la propuesta del Colegiado porque se enfrenta a una posible condena para toda la vida.
Lo cierto es que, al margen de las posiciones relacionadas con la colaboración eficaz, la comunidad chimbotana exige el máximo castigo contra los acusados en este crimen porque fue un acto brutal, una acción repudiable que involucró no solo un atentado selectivo sino que después de disparar a matar a los ocupantes del vehículo le lanzaron bombas incendiarias para que se terminen quemando.
Si la defensa no ha aceptado una propuesta que, por lo menos resulta benevolente para los hechos cometidos, deberá exponerse a una pena máxima, es una actitud equivocada teniendo en cuenta los antecedentes y la sed de justicia de la población.