Editorial

Editorial: ::: UNA MEDIDA EXTREMA :::

Qué duda cabe que el tema de la semana que pasó fue la incursión e incautación que hizo el Ministerio Público en la casa del alcalde de Nuevo Chimbote Valentín Fernández Bazán, así como el decomiso de otras 6 viviendas de propiedades de sus padres y hermanos en la ciudad de Trujillo.

La diligencia corrió por cuenta del fiscal anticorrupción Laureano Añanca Chumbe, quien inició esta arremetida en la vivienda en la que residía el alcalde y su familia integrada por su esposa Yesenia Dávila Barrón y sus dos hijos menores de edad, quienes fueron lanzados atendiendo a la orden emanadas del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria a cargo del juez Jorge Chávez Tamariz.

Fue el Fiscal Añanca quien solicitó la incautación de los bienes y ella se ejecutó tal como se hizo, por ejemplo, con la ex pareja presidencial Ollanta Humala Tasso y Nadine Heredia, quienes se encuentran sujetos a un proceso penal por delito de Enriquecimiento Ilícito y lavado de activos y fueron igualmente sorprendidos por el accionar de los operados de justicia.

Empero, a diferencia de ese caso que se encuentra judicializado, la investigación que se sigue al alcalde de nuevo Chimbote, pese a que tiene ya varios años, es una pesquisa preliminar, una acción que busca recopilar pruebas de lo que el Ministerio Público considera como indicios de la comisión de un delito de lavado de activos.

Esta investigación equivale a lo que el procedimiento tradicional y anterior a la nueva legislación procesal es la que elaboraba la Policía y que terminaba con un Atestado policial que se remitía a la fiscalía y servía como base y sustento para la formalización de cargos delictivos correa una determinada persona.

Solo después de esa denuncia penal, un juez admitía o no los cargos y dictaba un auto de apertura de instrucción en el cual se establecía no solo las diligencias que se deberían actuar para los efectos de corroborar las pruebas indiciarias aportadas por el Ministerio Público sino que se establecía la condición jurídica del investigado, es decir si se le seguía el juicio con mandato de detención o de prisión provisional.

He allí entonces en donde muchos se formulan o quisieran formular al Fiscal Laureano Añanca si es procedente una medida de incautación en una investigación preliminar, es decir, en una pesquisa en la cual aún cuenta con pruebas incipientes o en la que está abocado a recopilar otras pruebas.

Entonces, muchos asumimos que para que el Fiscal se haya decidido a incautar siete propiedades, las cuales ni siquiera se encuentran a nombre del alcalde, es porque ha recibido o encontrado alguna prueba nueva y contundente que lo lleva a pensar que el investigado burgomaestre está realmente ocultando un patrimonio desconocido e ilícito, de otra manera no se puede entender cómo es que a estas alturas haya lanzado a la calle a mucha gente.

La incertidumbre no puede ser mayor si se tiene en cuenta que el Fiscal Laureano Añanca no tiene un respaldo funcional o profesional que nos permita concluir que no se está equivocando, pues los medios de comunicación han sido testigos de la manera como ha sido zarandeado y hasta desairado en las audiencias públicas de otros procesos similares en los cuales les devolvían las carpetas fiscales para que proceda legalmente.

Esto ha ocurrido con el ex Juez de Chimbote Eudosio Escalante Arroyo, quien en alguna oportunidad llevó un proyector para explicarle al Fiscal Añanca lo que significa un delito de lavado de activos, las exigencias legales que demanda su pesquisa y esencialmente su acusación, pues se trata de delitos que ocultan patrimonios de procedencia ilícita o desconocida y como tales debe estar acompañado de un delito fuente, como se conoce a la actuación ilícita de quien ostenta bienes sin que se conozca de donde provienen o como se obtuvieron.

Generalmente el delito fuente de un delito de lavado de activos es el de enriquecimiento ilícito, sin embargo, en el caso del alcalde de Nuevo Chimbote este delito ha sido ya archivado y en lo que concierne a un funcionario público el delito fuente está estrechamente vinculado a los delitos de corrupción de funcionarios, concusión y otros delitos de función, sin embargo, no se conoce de estas figuras delictivas que se encuentren siendo investigadas o hayan sido sentenciadas contra el alcalde sureño.

Hasta donde se sabe el delito fuente en el caso que el Fiscal Añanca ha iniciado contra el alcalde de Nuevo Chimbote es el de Asociación Ilícita, pero para acreditar que este existe deberá demostrar que existe una jerarquía de una organización mafiosa y en el expediente los demás involucrados son los padres y hermanos del alcalde.

El desalojado alcalde ha declarado públicamente que la incautación de su vivienda como las de su familia son solo parte de un show mediático que está relacionado con intereses políticos que quieren perjudicarlo en su campaña electoral en ciernes para la alcaldía provincial de la Santa, las cuales se realizarán en octubre próximo.

Esto no tendría asidero si es que el Fiscal, teniendo en cuenta que el plazo de investigación ya concluyó, presenta sus cargos o dispone una investigación preparatoria en base a las pruebas que ha recopilado en estos dos años, sin embargo, tal como han revelado algunos medios de comunicación, ha solicitado una ampliación del plazo de su pesquisa por dos meses más, es decir, hasta el mes de octubre cuando se lleven a cabo los comicios, como lo alude el alcalde.

Habitualmente, las nuevas pruebas que se añaden a una investigación trascienden a la opinión pública por intermedio de los medios de comunicación pero en el caso que nos ocupa no se ha conocido que haya llegado algún elemento probatorio que haya motivado al Fiscal a demandar la incautación de los bienes del alcalde.

De todas formas, la medida del magistrado es legal, se encuentra dentro de las atribuciones que le confiere la ley, empero, se entiende que una determinación de este calibre se hace en el marco de una pesquisa que está judicializada y que cuenta con elementos probatorios sólidos y suficientes de la comisión del delito. Esperemos que en este caso el Fiscal no haya patinado como ya lo hizo en muchos casos y que no nos encontremos ante una medida extrema y desproporcionada. El tiempo nos dirá si esto es así.