El ex Presidente Regional César Álvarez Aguilar lleva preso más de tres años, y su condición jurídica se equipara a las consecuencias de una gestión marcada por la corrupción y el despilfarro de los recursos de Áncash, empero, aunque nadie lo pudiera creer, su encarcelamiento no obedecía a una medida restrictiva por los actos de corrupción que todos conocen.
En efecto, el ex titular de la región Áncash se encontraba con medidas de prisión en procesos penales que tienen relación con los crímenes del ex consejero regional Ezequiel Nolasco y la testigo clave Hilda Saldarriaga, inclusive, mantuvo esta misma medida por espacio de tres años en el juicio del caso conocido como La Centralita, en donde responde por delito de asociación ilícita para delinquir.
Sin embargo, hasta la fecha no era sometido a juicio oral ni era sentenciado por un delito de corrupción, a pesar que el cliché de su gestión pública fue ese, por ello es que el último fin de semana la justicia local nos sorprendió con la expedición de la primera condena por un delito de corrupción.
Se trata de la sentencia condenatoria expedida por el Juez Anticorrupción del Santa, Fernando Joseph Arequipeño Ríos quien halló responsable a César Álvarez Aguilar del delito de malversación de fondos y le impuso 2 años de cárcel efectiva en su contra.
Además, en los lineamientos de sentencia, el juez determinó que César Álvarez Aguilar fuera inhabilitado para ejercer cargo público por el mismo periodo de tiempo y le fijó el pago de una reparación civil de 300 mil soles.ÂÂÂ
Mejor suerte tuvieron sus coimputados, los ex gerentes de la Sub Región El Pacífico, Juan Carlos Gallo Zegarra y Pamela Bermúdez Rodríguez, quienes fueron absueltos de toda responsabilidad penal en la medida que el magistrado ha considerado que ellos actuaron por obediencia funcional, es decir, que solo acataron las órdenes del titular de la Región.
Para el Juez Fernando Joseph Arequipeño Ríos quedó probado que César Álvarez Aguilar, ordenó la licitación pública de tres obras, sin disponibilidad presupuestal suficiente (dinero en sus cuentas), razón por la cual dichas construcciones terminaron siendo abandonadas por falta de liquidez.
Estas obras fueron el cambio del sistema de agua y alcantarillado de Bellamar, el colegio de Villa María y la Posta de Salud de Magdalena Nueva, donde se utilizaron fondos en la forma no prevista y afectando la función encomendada.
Mientras que el Fiscal Carlos Roncal Cancino se mostró conforme con la decisión, el ex presidente regional, quien siguió las incidencias vía teleconferencia desde el Penal de Piedras Gordas, el condenado César Álvarez, no pudo expresar su disconformidad en la medida que ello puede hacerlo solo cuando el fallo se lee en su integridad o después que las partes son notificadas físicamente con la sentencia condenatoria.
En realidad, esta es solo una perla de lo que se le viene más adelante al ex presidente regional de Ancash, ello en virtud que viene siendo procesado por otros casos de corrupción que solo se pusieron al descubierto después que fuera encarcelado junto a la mayoría de funcionarios de su entorno y tras el alevoso crimen del ex consejero regional Ezequiel Nolasco Campos, en el cual existe una imputación directa en su contra.
Y es que los hechos por los cuales ha sido sentenciado César Álvarez son en realidad solo una muestra de lo que se dejó en las arcas del gobierno regional de Ancash, se le ha condenado por que se abandonaron tres obras públicas por haberse ordenado su ejecución sin que cuenten con su disposición presupuestal.
Sin embargo, todos en Ancash sabemos que no solo fueron tres obras las que cayeron en este descarado carrousel que se montó en la gestión de César Álvarez, por el contrario fueron más de 15 obras las que fueron licitadas a pesar que no tenían disposición presupuestal, se tomaron recursos de obras en marcha y se perjudicaron ambas.
En los corrillos políticos se pudo conocer que esa maniobra dolosa solo tuvo por finalidad montar procesos de selección a efectos de requerir a las constructoras el diezmo que les garantice la adjudicación de la obra, de allí que es factible disentir con el extremo de la fallo absolutorio del magistrado en la medida que una acción de este tipo requiere necesariamente del conocimiento de los funcionarios responsables de las entidades ejecutorias, en este caso de los gerentes de la Sub Región.
Para poder licitar una obra se requiere contar con la autorización lanzada por el SIAF, se necesita el presupuesto de ley y para maquillar esta operación de debería haber retirado recursos de una obra para pasarla a otra. Esto no lo pude hacer solo el titular de Áncash y aun cuando ordenó a sus subalternos que lo hagan, estos tenían conocimiento de la ilicitud, y, la única manera de salvar su responsabilidad, era negándose a firmar los documentos o denunciando ante las autoridades y no lo hicieron, por el contrario, se prestaron al ardid y finalmente quien se perjudicó fue el erario regional.
De allí que si ahora César Álvarez ha sido condenado a una pena minúscula por este carrousell en las adjudicaciones de obras, es evidente que más adelante se vienenÂÂÂ nuevos juicios y más condenas porque el daño que se hizo a la Región fue tremendo, inclusive, el mismo ex presidente regional no lo pudo justificar en su momento y apeló a un montaje que emprendió contra el gobierno de Ollanta Humala de entonces acusándolo de haberle recortado el canon y porque se retuvieron las regalías mineras.
Lo único cierto es que se habían violado los tramites y procedimientos en la ejecución de obras y de esta manera se dejó en el abandono muchos proyectos en donde se han perdido millones de soles por la infructuosa inversión, como el caso del Coliseo Cerrado que es un monumento a la ignominia y en donde, increíblemente, no está comprendido.
Por lo demás, esta condena viene a respaldar la condición jurídica que ostenta el ex presidente regional y cuyos abogados tratan por todos los medios de diezmar, apelando a las indulgencias de la nueva ley procesal que es exageradamente garantista para los investigados y por ello han revertido dos órdenes de prisión preventiva por exceso de carcelería en los casos del crimen de Ezequiel Nolasco y de La Centralita, mientras que la tercera medida restrictiva impuesta en la pesquisa del asesinato de Hilda Saldarriaga tiene una orden de prisión que caduca en febrero próximo.