Como para no ir acostumbrándonos a la impunidad, la Procuraduría de la Municipalidad Provincial de Casma ha puesto en manos de la Fiscalía anticorrupción un detallado informe relacionado con las acciones dolosas que se derivan de la entrega ilícita de constancias de posesión a un conocido invasor de la playa Tortugas.
Este informe ha sido evacuado la semana pasada y pone de manifiesto las graves responsabilidades que pesan sobre el alcalde de la Municipalidad Distrital de Comandante Noel, Marco Rivero, el gerente municipal, David Morales Leiva, el jefe de Uidur Carlos Basauri Chinchay y la juez de Paz No Letrado del sector de Tabón, Iris Rivero Oliva, todos ellos acusados de los delitos de abuso de autoridad, colusión agravada, y falsa declaración en procedimiento administrativo.
Estos hechos resultan de la escandalosa invasión de la Playa “Las Gemelas” que en un primer momento fue paralizada por la Fiscal de Medio Ambiente Carla Ramos Heredia, pero que en una nueva muestra de falta de autoridad, el Ministerio Público ha permitido que esta invasión se consolide y avance poco a poco, pese a la orden de inmovilización que en su momento se expidió.
Lo cierto es que en la revisión de los antecedentes documentarios, la Procuraduría de Casma ha podido identificar que los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Comandante Noel entregaron constancias de posesión de un amplio terreno de más de 80 mil metros cuadrados de la playa virgen, “Las Gemelas” (también conocida como dos hermanas) al empresario Héctor Servat Chocano.
Asimismo el empresario se vio favorecido con una constancia de posesión en valiosos predios del Proyecto Especial Chinecas, ubicados en el litoral, por una extensión de ocho hectáreas 5648 metros cuadrados.
Todos estos movimientos ilegales permitieron que el empresario Héctor Servat Chocano haga movimiento de tierras, altere el ecosistema de la playa y construya un enorme inmueble a pesar que se encuentra en terrenos de dominio público, tal como se reveló en su debido momento y que, en su oportunidad, motivó la intervención de la fiscal de medio Ambiente Carla Ramos Heredia.
En el informe remitido a la Fiscalía anticorrupción se informa que la misma Municipalidad de Comandante Noel con fecha 18 de julio del 2017 declaró nulas las constancias de posesión entregadas al empresario, mediante la resolución de alcaldía N° 104A-2017; sin embargo, sospechosamente el 19 de octubre, con una nueva resolución de alcaldía N°150-2017, dichas constancias fueron declaradas vigentes en mérito a un informe legal N° 157-2017, realizado un día antes.
Este informe fue emitido por el entonces asesor legal David Morales quien ahora es el actual gerente municipal de la comuna noelina. “La Municipalidad Distrital no debió emitir constancias de posesión al señor Héctor Servat Chocano, a razón que dicha constancia se presume que se emitió en colusión con el administrado para favorecer un delito ya que es imposible que se haya realizado para fines de instalación de servicios básicos por el lugar y sitio” señala el revelador informe remitido al Fiscal.
Y es que la ley establece que el único facultado para emitir constancias de posesión para vivencia es la Municipalidad Provincial de Casma, por tener la administración y cautela de los terrenos del Estado; además se debe tener en cuenta que para emitir una constancia de posesión, la municipalidad previa verificación, tiene que realizar una constatación in situ del terreno para determinar si el administrado tiene la posesión real, pacífica y sobre todo si existe indicios de vivencia, “no se puede otorgar una constancia sin previa verificación y está demostrado que la Municipalidad de Comodante Noel nunca realizó ninguna connotación”, señala la denuncia.
Todo lo anterior demuestra que los funcionarios de la municipalidad distrital se han coludido de manera escandalosa con el empresario invasor, han pretendido maquillar el accionar usurpador de aquel con documentos que, como la fiscal se lo enrostró en la diligencia realizada en la misma playa, no tienen validez alguna.
Se espera que la Fiscalía anticorrupción promueva la investigación correspondiente, debe impedir que la invasión se consolide como lo ha hecho la Fiscalía de medio Ambiente al no mover un solo dedo después de haber intervenido e inmovilizad los trabajos, el invasor se ha burlado de medio mundo y sigue trabajando a vista y paciencia de todos. Por lo menos, una contundente denuncia como la que se ha remitido a la Fiscalía anticorrupción amerita que se adopten ya los apremios que determina la ley.
AIRADA PROTESTA
Los agricultores del valle de Santa, quienes pertenecen a los diferentes comités de regantes que trabajan la tierra en nuestra provincia, protestaron airadamente en las oficinas de la Junta de Usuarios de Santa por el incremento en los derechos de canon de agua y demandaron a los dirigentes no solo ser más consecuentes con la realidad sino que rindan cuentas sobre los cobros realizados.
Ellos señalaron que la tarifa anual de agua que pagan a la Junta es de 200 soles, empero, en este año se ha incrementado a 250 soles y existe una proyección que han hecho y señala que para el año 2022 la tarifa llegará a los 450 soles.
Sin embargo, los dirigentes señalaron que esto no era cierto, que la tarifa de agua que pagan los hombres de campo es de 210 soles y que se ha implementado una cuota voluntaria de 40 nuevos soles para sufragar los gastos que se requiere en la gestión.
En estos casos, cuando existe una recaudación pública lo que se impone son cuentas claras, si los dirigentes ha demandado un aporte voluntario de 40 soles deben señalar para qué los quieren más aun cuando el término mismo llama atención en la medid que siendo algo voluntario es factible que nadie lo pague.
Esperemos que la dirigencia responda las exigencias de sus agremiados y, esencialmente, que lleguen a acuerdos de consenso, penando siempre en el desarrollo de sus instituciones.