Por Negociación Incompatible:
Ex funcionarios fueron condenados e inhabilitados para ejercer cargos públicos.
Otorgar la buena pro para la adquisición de bienes y servicios de menor cuantía valorizados en Cuatro Millones 700 mil soles a un postor que no contaba con los requisitos exigidos por ley y darle conformidad sin que cumpla el servicio les costará cuatro años y ocho meses de internamiento en el Penal de Cambio Puente a tres exfuncionarios de la Municipalidad Provincial de Huarmey, luego que los jueces de la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del Santa los hallaran responsables del delito de negociación incompatible.
Se trata de Eduardo Tomás Escajadillo Gonzales (68), quien fue Presidente de la Comisión y Gerente de Administración y Finanzas y Jefe de Recursos Humanos del la comuna huarmeyana, quien en el año 2007 dio la conformidad de recepción del Servicio de Elaboración Integrado de Control de Personal, cancelando el 100% del servicio, pese a que se comprobó que el sistema no se encontraba en uso, beneficiando al arrendador sin haber verificado los términos de referencia y sobre todo tener la conformidad del Jefe de Informática ante la entrega del CD que contenía el software, el cual ni siquiera estaba en poder el Municipio, infringiendo sus deberes funcionales.
En tanto el exgerente de Planeamiento, Jesús Oswaldo Lara Maca (51), miembro del Comité Especial benefició otorgando la buena pro a un postor que no contaba con diploma de colegiación, pese a ser una de las exigencias de las Bases. El Personal de Auditoria de la Contraloría General de la República pudo verificar las falencias en el servicio, al advertir que al 31 de agosto del 2009, el sistema no funcionaba.
Estos elementos de convicción debatidos durante la audiencia de apelación fueron determinantes para que los jueces José Manzo Villanueva, Carlos Maya Espinoza y Pedro Rodríguez Huayaney ratificaran la condena de cuatro años y ocho meses de pena privativa de la libertad efectiva e inhabilitación de ejercer cargos públicos, tiempo que se computará una vez oficializada su captura a cargo de la Policía Judicial.