No existe chimbotano alguno que no se deprima cada vez que atraviesa por la avenida Pardo o la avenida Meiggs frente al denominado Complejo Gran Chavín, al costado del centro comercial Megaplaza, en donde existe un cumulo de fierro y cemento que se deteriora desde hace 5 años a la intemperie.
Son los abandonados restos de la obra del Coliseo Cerrado de Chimbote, un proyecto promovido en la gestión del ex presidente regional César Álvarez Aguilar y financiado con recursos de las arcas regionales, por el cual se ha pagado más de 20 millones de soles a pesar que no se ha observado mayor avance.
Lo cierto es que el Coliseo Cerrado es una obra que nació torcida, se decidió ejecutar en terrenos pantanosos una infraestructura que debería contar con tribunas que alberguen a miles de personas, lo que representaba realmente un peligro.
Pese a las advertencias de entonces, una de las cuales fue del ex gerente de obras de la Municipalidad Provincial del Santa Roberto Briceño Franco, el gobierno regional siguió adelante con el proyecto, direccionó la obra hacia ciertos empresarios que comenzaron a ejecutar el movimiento de tierras y la colocación de cimientos de manera desesperada, se trataba de avanzar a como dé lugar.
Las denuncias de los pocos medios de comunicación, de los pocos profesionales que se atrevían a levantar la voz en un régimen rodeado de corrupción, no hicieron mella en los funcionarios responsables de la Sub Región Pacifico y del gobierno regional, se atrevieron a ampliar las metas presupuestales y nadie sospechaba por entonces que esa como muchas otras obras se habían iniciado succionando recursos de otras obras de tal suerte que, con el paso de losa meses, ambas quedaban paralizadas por falta de recursos para cancelar las valorizaciones.
Lo cierto es que el Coliseo Cerrado quedó allí, como un símbolo de la corrupción regional, posteriormente tras la caída de César Álvarez y sus principales funcionarios fue la Contraloría la que investigó los “tejes y manejes” de la denominada red de corrupción y fue entonces que encontró las graves irregularidades que se habían perpetrado en la licitación y la ejecución de esta obra. A cargo del consocio “Salem”.
En realidad lo que hizo el ente de control, como no lo hizo durante siete años de gestión de Álvarez, es confirmar las graves irregularidades que ya los medios de comunicación habían denunciado y que dieron lugar a las primeras denuncias que investigaba el Ministerio Público, razón por la cual las pruebas contundentes llegaron solo cuando se emitieron los informes de control respectivos.
Así por ejemplo, solo con esa intervención se pudo conocer que la obra se ejecutaba en medio de una serie de irregularidades, tales como no existir un acuerdo del Consejo Regional, disponibilidad presupuestal, certificación para la ejecución de obra, además de haber variado injustificadamente el valor del expediente técnico, bases irregulares, valor referencial sin cotizaciones, documentos falsificados y expediente técnico deficiente.
Además de no aplicar penalidades y haber aceptado como garantía cartas fianzas de COOPEX, una entidad que no estaba bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros, contraviniendo a la normativa vigente y permitiendo que la entidad quede desprotegida ante cualquier contingencia económica que se presentara durante la ejecución contractual, como el abandono de la obra pese al pago de más de 60% del costo que ascendía los S/33 millones 416 mil 668.48 soles, pero al que la Gerencia General de la entidad regional aprobó por más de 40 millones, aduciendo gastos generales, utilidades e IGV al no haberse efectuado un correcto estudio de suelos.
Lamentablemente, en la denuncia inicial no se había agregado el informe final de auditoria de la Contraloría General de la Republica, este documento llegó mucho después y debió ser anexado al expediente principal, lo que dio lugar a que la investigación se dilatara y se demandara más plazos para poder investigar de manera conveniente a los procesados.
Sea como fuere, el próximo 18 de octubre se estará iniciando la fase intermedia de este proceso penal, el Juez del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria ya notificó a todos los acusados para llevar adelante no solo el control de acusación sino para evaluar el pedido de prisión preventiva de 18 meses que ha solicitado el Ministerio Público.
Ha llegado la hora para los investigados como son los exgerentes de la Subregión Pacífico, Verónica Pamela Bermúdez Rodríguez (43), quien firmó el contrato pese a que no existía disponibilidad presupuestal para la “Construcción del Coliseo Cerrado en el Complejo Gran Chavín de Chimbote”, así como Juan Carlos Gallo Zegarra (47) quien aprobó el adicional de obra y deductivos.
Así mismo están incluidos William Teddy Bejarano Rivera (50), ex Presidente del Comité Especial y ex subgerente de Infraestructura, Enrique Bernardino Godoy Palacios (50), ex integrante del Comité de Selección y Subgerente de Administración y Recursos, Cecilia Del Rocío Alfaro García (55), integrante del Comité, Oscar Edwar Salgado Olivo (44), Jefe del Área de Abastecimientos, Segundo Francisco Moncada Saucedo (55), ex Jefe de Estudios y Proyectos, Giovanni Alfonso Montoya Siles (43), Supervisor General de Obras, Samuel Euclides Mendez Siccha (58), Subgerente de Infraestructura y Medio Ambiente, Luis Andres Caipo Paredes (60)y Luis Alberto Ponce Díaz (43), ex subgerentes de Administración y Recursos y Milton Carlos Meléndez Lujan (52) en su calidad de Supervisor General de Obras.
Todos ellos han sido comprendidos por el Ministerio Público en calidad de autores del delito de colusión y para quienes se pide 11 años de prisión, por ello es que el Fiscal ha solicitado que antes de determinarse el inicio del juicio oral, que el juzgado debe dictar medidas de prisión preventiva en razón de la gravedad de los hechos y la existencia de pruebas pre constituidas que estarían acreditando la responsabilidad penal.
Este será un esperado desenlace, no solo porque se dictarían medidas restrictivas contra ex funcionarios regionales, lo que ya no llama la atención, sino porque se inicia un proceso de sanción y castigo que la población estaba esperando en la medida que la abandonada obra del Coliseo Cerrado es el símbolo de la corrupción, el derroche y el dispendio de las golpeadas arcas regionales.