El alcalde de la ciudad, Neptalí Briceño Porras, llegó hace unos días a la sede de la procuraduría anticorrupción de la provincia del santa, con la finalidad de entregar al titular de esta dependencia, en su condición de defensor de los intereses del estado, una serie de evidencias que ponen de manifiesto la presunta comisión de delitos en la administración de la comuna provincial del Santa.
Acompañado de la regidora Maribel Albarrán, quien unos días antes había adelantado algunos alcances respecto a estas imputaciones que se dirigen a quienes lo antecedieron en el cargo, el burgomaestre denunció los casos de la fumigación fantasma y de la comisaria de Cascajal, dos hechos en donde existen evidencias de delito y que se entregaron a la Procuraduría a efectos de que se evalúe y se tramite ante el Ministerio Público.
El primero de ellos, relacionado con un servicio de fumigación contratado por la comuna provincial para ejecutarse en el Boulevar “Isla Blanca, ubicado en la primera cuadra de la avenida Pardo, ha sido calificado como un servicio fantasma en la medida que hay evidencias y testimonios que acreditarían que el trabajo no se realizó pero a pesar de ello se cobró la suma de 3,200 nuevos soles, según los documentos que obran ya en poder del procurador anticorrupción.
Aun cuando la ex administradora del Boulevar ha señalado a la prensa que este servicio si se presentó, existen testimonios de los vigilantes que señalan que en realidad nadie hizo este trabajo, que hubo solo una suerte de movimientos para justificar un servicio que nunca se prestó, incluso, los cuadernos de registro de ingresos de la vigilancia han sido adulterados, lo que deja un amplio margen para la suspicacia.
Sin embargo, lo más extraño e ilícito es la aparición de un proveedor que está estrechamente ligado a la ex alcaldesa Victoria Espinoza García y al movimiento “Rio Santa Caudaloso” que ha manejado la comuna provincial en los últimos cuatro años, se trata de Wilmer Alcántara Huertas y su empresa “Alye” que a decir de los denunciantes es la que se ha beneficiado con este servicio que finalmente no se ha realizado, lo que amerita ciertamente una exhaustiva investigación.
Ello porque Alcántara Huertas no es solo un personaje vinculado al movimiento oficialista municipal o a la ex alcaldesa, sino que es un personaje sumamente cuestionado que estuvo envuelto en una de las más escandalosos fraudes que se ha registrado en nuestra ciudad y durante el gobierno regional de César Álvarez Aguilar, con quienes también estuvo vinculado hace algunos años atrás.
Se trata del conocido caso de la “fumigación y desratización” que promovió la Sub Región Pacífico cuando están a cargo de Luis Arroyo Rojas, en el cual se montó todo un fraude para justificar el egreso de poco más de tres millones de soles bajo el pretexto de una campaña de saneamiento que jamás se realizó.
La famosa desratización fue solo un pretexto para llevarse el dinero de las arcas regionales y una der las empresas que se prestó a este escándalo fue “Alye” de propiedad de Wilmer Alcántara Huerta, quien fue procesado y condenado en este caso y como consecuencia de ello purgó carcelería por algún tiempo en el penal de Cambio ´puente.
Justamente, esta es la potra parte de la denuncia formulada por el alcalde (e) en la medida que la administración edil, es decir, los alcaldes que lo antecedieron en el cargo, han contratado a una empresa que estaba descalificada, a una empresa que ha sido partícipe de un fraude en agravio de los recursos del estado y cuyo propietario o representante legal ha sido condenado y ha purgado carcelería por ello.
En otras palabras, esta empresa debería estar inhabilitada para poder contratar con entidades que manejan recursos públicos, sin embargo, a sabiendas de ello los ex alcaldes decidieron contratarla y además de ello permitieron que cobre sin que se haya realizado trabajo alguno.
Lo que nos quieren decir con esta denuncia es que después de casi 10 años y que los chimbotanos hayamos experimentado el sinsabor de la corrupción con una fumigación y desratización que se canceló pero no se hizo, ahora nos vienen a hacer el mismo cuento, la misma modalidad de fraude y se dice que está involucrada una de las empresas que tomó parte en ese hecho anterior.
Esto es sumamente grave y la procuraduría deberá demandar al Ministerio Público que se investigue a fondo, que utilice los apremios que le confiere la ley para convocar a quienes sin presuntamente responsables para que respondan por estos cargos, tanto como aquel que aparentemente oculta una fumigación fantasma como la contratación misma de una empresa que tenía antecedentes de haber defraudado al Estado.
Pero en esta misma denuncia el alcalde (e) ha alcanzado al procurador algunos alcances relacionados con otro presunto fraude a las arcas ediles y es la relacionada al pago de servicios para la implementación o mejoras del puesto policial de Cascajal, en donde la comuna inyectó aparentemente 32 mil nuevos soles que no saben a donde fueron a parar pues la regidora recibió información directa del alcalde de ese poblado menor en el sentido que esos pagos lo cubrieron los propios regidores.
Señalan que los concejales cedieron sus dietas y apoquinaron para cubrir los pagos que se requería, entonces, como se entiende que en la Municipalidad Provincial existan documentos que justifican un egreso de 32 mil soles cuando esos pagos ya se habían efectuado en cascajal, es acaso que alguien que conocía de esos movimientos desvió el dinero o en realidad fueron canalizados como correspondía? Esa es una interrogante cuya respuesta deberá indagar la Fiscalía.
Lo cierto es que al alcalde (e) Neptali Briceño no le ha temblado la mano a la hora de tener que denunciar estos hechos aun cuando los presuntos responsables forma parte de la administración que él mismo integró en algún momento, no ha vacilado en exponer situación irregulares que ameritan no solo una pesquisa sino, presumiblemente, una investigación judicial a efectos de preservar el patrimonio municipal que no puede ser menoscabado por quienes se coluden con ánimo de lucrar.