El último fin de semana, la Juez del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria, Dra. Dalila Peña Zapata, dispuso el internamiento en el penal de Cambio Puente del detenido José Jean Carlos Fernández Rupay, por espacio de 6 meses y con fines de extradición.
Este es uno de los pocos casos que se ha registrado en la justicia de Chimbote en el que se encuentre de por medio un sujeto que es requerido por la justicia de otro país, en este caso el hermano país de Chile, que viene buscando a este delincuente chimbotano por delito de homicidio calificado.
Ocurre que Fernández Rupay se había convertido en uno de los fugitivos más buscados en Chile y según reportes de algunos medios de comunicación mapochos, el pasado 15 de octubre del 2017, luego de una pelea, atacó y asesinó a puñaladas a Pablo Aguirre Muñoz en la capital Chilena de Santiago.
Desde entonces, el sujeto se fugó y lo había hecho por vía terrestre hacia el Perú internándose en nuestra ciudad en donde, según reportes policiales ocultaba su actividad delictiva con los trabajos de construcción civil.
Lo que no sabía este sujeto es que hay un sabio adagio que dice que “el crimen no paga”, que por mucho que se trate de borrar la huellas de un delito o escapar de las autoridades, siempre se dejará alguna pista que termine por delatarlo.
En este sentido, la Interpol no le había perdido el rastro, lo venía siguiendo desde hace algunos meses y consiguió ubicarlo en Chimbote, en donde trabajaba en una obra de construcción civil, por ello se trasladó de manera muy reservada a nuestra ciudad y los agentes capturaron al requisitoriado, por lo que de inmediato solicitaron el apoyo de la Policía de Investigación Criminal a efectos de encerrarlo en un calabozo y dar trámite a los procedimientos para su traslado a Chile.
En efecto, así se hizo la Policía de Chimbote puso al sujeto a disposición del Ministerio Público dando cuenta de la requisitoria que obra en poder de la INTERPOL que había recibido el requerimiento de las autoridades chilenas, por lo que para que este sujeto sea condenado por el delito que cometió en el vecino país, había que extraditarlo.
El primer paso se dio el último sábado con la decisión de la Juez Dalila Peña de dictarle una medida de prisión de solo 60 días y es que ese es el plazo que determinan las normas internacionales para que un país que requiere a un sujeto que ha sido detenido fuera de su territorio, pueda iniciar los trámites de extradición, de lo contrario, debe ser puesto en libertad.
El plazo es perentorio, debe ser suficiente como para culminar los trámites que, en estos casos, resultan de la mezcla de actuaciones de la Corte Suprema de ambos países y de las cancillerías que juegan un rol fundamental en aras de efectuar las notificaciones y trasladar de manera oportuna todos los documentos.
Aun cuando esto resulte de mero trámite y se piense que es algo sencillo, al margen de la paridad legislativa que se requiere, es decir que los delitos cometidos en el extranjero resulten también sancionados en este país, la extradición es un procedimiento sumamente estricto y riguroso, un trámite formal en el que los protocolos no permiten errores, bajo sanción de nulidad.
Basta echar una mirada a lo que le ocurre al Perú en el caso del ex presidente de la república Alejandro Toledo Manrique, quien se encuentra a disposición de la justicia estadounidense en la medida que existe un requerimiento de detención internacional de la justicia peruana porque el ex mandatario ha sido descubierto como el verdadero promotor del pago de una millonaria coima por parte de la empresa Odebrecht de hasta 20 millones de dólares.
En este caso las pruebas que pesan sobre Toledo y su entorno son contundentes, no solo porque el empresario Israelí Josef Maiman se acogió a la colaboración eficaz y proporcionó las pruebas de la ruta de la coima de la empresa brasileña, no solo por los testimonios de los funcionarios de la corrupta empresa, sino por los indicios iniciales detectados en Costa Rica en donde se formó la empresa Ecoteva para ser la depositaria de los millones de dólares entregados como coima.
Con todas esas pruebas el Ministerio Publico ya ha acusado a Toledo Manrique y por ello ha solicitado a la justicia que se tramite la extradición del ex mandatario en la medida que fue ubicado e inicialmente aprehendido en ese país cuando trataba de salir del mismo con rumbo a Israel, por lo que ha quedado en condición de retenido hasta que concluyan los trámites de la extradición.
Esto ocurrió hace ya más de un año y desde entonces la justicia peruana no ha sido capaz de redondear el procedimiento de extradición., la justicia estadounidense es sumamente estricta y le ha solicitado en más de una oportunidad que precise puntos que para ellos deben estar lo suficientemente claros como para proceder a entregar al ex jefe de estado, más aun cuando este último, con mucho cinismo, ha acusado al país de librar una persecución política en su contra.
Sin embargo, estas son las complicaciones que tiene un proceso de extradición, se trata de las mismas exigencias que se están demandando para el caso del ex juez supremo César Henostroza Pariachi, quien se encuentra involucrado en un caso de corrupción y por el cual se está solicitando su extradición después de haber sido detenido en España, caso en el cual el famoso plazo de los 60 días ya viene corriendo desde hace unas tres a cuatro semanas y que es determinante para que pueda ser enviado al Perú y ser sometido a la justicia peruana.
En este trance también se encuentra el delincuente chimbotano José Jean Carlos Fernández Rupay luego de haber sido detenido por la INTERPOL y de verificarse que existe un requerimiento internación al por haber cometido un crimen en Chile en octubre del año pasado.
En hora buena la Policía Internacional ha resultado mucho más efectiva pues nos libra de un homicida internacional, un sujeto peligroso que fue capaz de matar a un hombre en Chile y huir de manera cobarde al Perú para ocultarse. Seguramente desde su escondrijo ya debía estar cometiendo otros delitos y seguiría en esa misma senda. Aquí vamos a contar los días para que el plazo de extradición que se le ha otorgado al vecino país concluyan de manera exitosa y se lo lleven para que reciba el castigo que se merece.