En escándalo Canal Santa – San Bartolo
Abogado Fernando Rocca Luna Victoria explica participación en proceso de CHINECAS.
El ex jefe de asesoría jurídica del Proyecto Especial CHINECAS, Fernando Rocca Luna Victoria rechazó y negó haber participado en algún acto de corrupción para beneficiar a una empresa contratista con la aprobación de un ilegal pago de intereses.
Con documentos en mano, el abogado y docente universitario Fernando Rocca Luna Victoria, indicó que colabora con las investigaciones que realiza la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, en el denominado “caso del canal Santa-San Bartolo”, cuando se desempeñó como Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica del Proyecto Especial Chinecas, con la finalidad de deslindar su responsabilidad.
“Niego de manera enfática que me haya beneficiado, coludido o haya defraudado al Proyecto Especial Chinecas, pues en ningún momento mediante informe legal autoricé el pago de intereses a favor del consorcio Santa San Bartolo” expresó.
Puntualizó que el informe legal que emitió, fue consecuencia de un requerimiento de la Gerencia General del Proyecto y teniendo en cuenta que la empresa propuso una renuncia al 20% de lo adeudado por laudo arbitral, “a mi despacho no llegaban montos ni mucho menos liquidaciones, mi función era la da emitir opiniones dentro del marco jurídico, de acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones no era un ente fiscalizador”, subrayó Rocca Luna Victorio.
“Se me imputa que supuestamente acepté la propuesta conciliatoria y consentí los intereses del contratista por un monto de 1 millón 510 mil 738 soles, lo cual es absolutamente falso. Lo que hice fue un análisis de dos posibilidades, en primer lugar las ventajas y desventajas de aceptar la conciliación, con la renuncia expresa al porcentaje que refirió el Consorcio, y por otro lado las ventajas y desventajas de ir por el proceso de anulación de laudo arbitral, ambas conclusiones se plasmaron en el informe legal, con la finalidad que fuera analizado y finalmente los funcionarios competentes adopten la decisión correspondiente” puntualizó el letrado.
Explicó que el informe legal que firmó lo ha hecho llegar, tanto a la Contraloría General de la República, como a la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, pues estos hechos datan del año 2012, los mismos que vienen siendo materia de investigación desde el año 2014.
“Respecto al pago de más de un millón y medio de soles por intereses de las 28 pretensiones, tengo que ser categórico en informar que el proceso arbitral no fue llevado por mi despacho, se emitió el informe en base a la carta de renuncia del porcentaje del consorcio sobre lo que ordenaba pagar el laudo arbitral, jamás favorecí al consorcio ni mucho menos me coludí con ellos, es más los casos era llevados por abogados especialistas dentro de la oficina de asesoría jurídica, quienes proyectaban los informes legales, dentro del marco jurídico, para ser aprobados por mi persona” culminó diciendo.