El frente de posesionarios de tierras del proyecto especial Chinecas, aquel grupo de invasores que obtuvieron un reconocimiento legal en la época del gobierno de Alejandro Toledo bajo el membrete aquel de “campesinos sin tierra”, ha impugnado formalmente el proceso de subasta que ha emprendido la gerencia del proyecto irrigador y mediante el cual ha puesto en venta nada menos que cinco mil hectáreas de sus predios.
Los dirigentes encabezados por el sempiterno Henry Castro Sandoval alegaron que el proceso de subasta puesto en marcha por la gerencia de Chinecas adolece de una serie de irregularidades que han viciado su tramitación, comenzando por objetar la venta de bases que no se ha realizado en las fechas señaladas y se ha establecido el costo de las mismas en cifras que no están al alcance de ellos.
De la misma manera han expresado sus reparos a la falta de una debida publicación en el Diario oficial El Peruano pues afirman que no se han respetado los plazos que establecen las normas para esta clase de procedimientos de venta de tierras.
Finalmente, han cuestionado el hecho que no exista un acuerdo de directorio sobre el cual repose la legalidad de este procedimiento de subasta, razón por la cual han solicitado a la misma gerencia de Chinecas que proceda a su nulidad y están dispuestos a acudir a otras instancias para formular estos reclamos.
Justamente, en este último aspecto estaría la razón por la que los funcionarios de Chinecas y del Gobierno regional se habrían saltado la valla de la legalidad en esta subasta, al margen del alegado plan de trabajo que se habría iniciado desde el mes de enero, pues las fechas no concilian con lo que corresponde a ley.
Esto lo ha advertido la Contraloría General de la República, organismo de control de las entidades públicas que ha remitido el último viernes un informe al Gobernador Regional Luis Gamarra Alor señalando la existencia de irregularidades que no pueden permitirse en un procedimiento de estas características y exhortándolo a adoptar los correctivos necesarios.
En tal sentidlo, el informe de la Contraloría se sustenta en tres aspectos, el primero es de índole legal y tiene relación a la carencia de un acuerdo legítimo del directorio para autorizar la venta de tierras por la vía de la subasta, el segundo es de orden técnico y tiene que ver con el indebido saneamiento de las tierras en la medida que se estarían ofertando parcelas que se encuentran invadidas, y, el tercero es el relacionado a la carencia de un acuerdo de consejo regional que autorice este procedimiento.
La Contraloría ha sido clara en este sentido al señalar que la subasta se inicia en mérito de un acuerdo sancionado con fecha 29 de enero del año en curso, mediante el cual el anterior directorio aprobó el plan de trabajo para la subasta de tierras y lo hizo a sabiendas que días antes se había sancionado la ley en el Parlamento mediante la cual se estaba determinando la modificación en la conformación de este consejo directivo.
Esto quiere decir que el gerente era consciente que estaba en vigencia una ley que ya había restado legitimidad al Directorio anterior y que determinaba la necesidad de reformarlo y convocar a quienes la nueva ley estaba señalando como parte de este órgano de gobierno de Chinecas, incluso, en ese momento ni siquiera existía el acuerdo del consejo regional mediante la cual se aprueba una ordenanza que desconoce la vigencia de la ley en mención, lo cual es también es legalmente reprochable.
De allí que el organismo fiscalizador parte de la precariedad legal del proceso de subasta pero hace hincapié en la existencia de tierras que se encuentran invadidas, lo cual podría generar serias convulsiones sociales si es que se seguía este trámite y se transfiere a terceros tierras que aún no han sido saneadas como manda la norma.
Pero la revisión de la documentación por parte de la Contraloría ha alcanzado otro extremo de la orfandad legal de este procedimiento de subasta y es el relacionado al acuerdo de consejo regional que debe ratificar la decisión del Directorio del proyecto irrigador, pues el que se ha sancionado el pasado 09 de noviembre no cumple con establecer la autorización que requiere este trámite.
Ello porque el gerente de Chinecas remite el expediente al consejo regional solicitando la autorización del proceso de subasta, empero, el pleno del consejo regional no llegó a determinar un consenso al respecto y finalmente lo que acordó es “recomendar” al ejecutivo regional que lleve a cabo este proceso, sin que se haya cuidado en dejar plena constancia de una autorización que no existe.
Y ello fue así en la medida que hubieron muchos consejeros regionales que pusieron reparos a este trámite, inclusive, quienes lo sustentaron en ese colegiado no pudieron siquiera señalar cuales eran las hectáreas a subastarse, razón por la cual muchos exigieron que se apruebe un acuerdo de recomendación a efectos que el ejecutivo revise los alcances de esta subasta.
No se hizo así, solo se utilizó este acuerdo para justificar el proceso de subasta y por ello es que el organismo de control ha advertido la precariedad de este trámite y lo ha comunicado formalmente al Gobernador a efectos que no se infrinja la ley.
En realidad, en todos los sectores políticos ha llamado poderosamente la atención que los funcionarios de Chinecas pretendan llevar adelante esta convocatoria de subasta cuando se encuentran ad portas de dejar los cargos, con un cronograma que pareciera calzado a sus intenciones de zanjar la subasta y alejarse de cualquier responsabilidad posterior, lo que no dice nada bien de la necesaria transparencia de un procedimiento de estas características.
Si bien es cierto que los posesionarios, los dirigentes políticos y profesionales han puesto reparos e impugnado este procedimiento, la intervención de la Contraloría señalando que existen irregularidades de índole técnico y legal es algo que no puede soslayarse y obligará a la gerencia a dar marcha atrás, sería realmente absurdo y exageradamente suspicaz que después de este revelador informe del organismo de control el gerente Edilberto Ñiquen Alarcón se mantenga en sus trece y pretenda continuar con esta discutida subasta. Lo más saludable no solo para los funcionarios sino para el futuro del proyecto irrigador es que se adopten los correctivos y se proceda cumpliendo las normas y las exigencias que determina la ley.