CORRUPCION
Lamentablemente, la ministra de cultura, Patricia Balbuena, pagó los platos rotos en el escándalo registrado en su portafolio y que tuvo como figura estelar a su vice ministro Luis Felipe Villacorta, ello porque fue nuevamente la prensa la que destapó un típico caso de corrupción, la avisada y audaz maquinación de un alto funcionario para direccionar la adjudicación de un servicio a su propia empresa, a aquella que manejaba hasta antes de ser vice ministro y a la que renunció para poder asumir la función pública. Esa empresa estaba descalificada para poder participar en un contrato con el estado, menos aun con la repartición pública en la que trabajaba su “ex dueño” y lo mencionamos entre comillas porque es evidente que el funcionario nunca estuvo ajeno al funcionamiento de esa empresa. Creemos que la Contraloría General de la República debe revisar los contratos de este Ministerio en la medida que existe la posibilidad que no sea este el único caso en el que se han coludido con empresas de su propio entorno. La Ministra Patricia Balbuena cometió el pecado de pretender “tapar el sol son un solo dedo”, quiso hacer frente a un aluvión lanzando un flotador cuando ello es imposible. Si era consciente que su viceministro se había aprovechado del cargo y había traicionado su confianza, lo que debió hacer al día siguiente de emitirse el informe periodístico es destituir al viceministro y denunciarlo penalmente ante el Ministerio Público. Aquí no caben medias tintas, eso de pedirle su renuncia es como premiarlo, nos deja un margen de duda para pensar que todos estaban al tanto de los hechos y se espantaron cuando la prensa los puso al descubierto. Su responsabilidad es política en este caso, hay un sabio adagio que dice “en todas partes se cuecen habas” y esto ha ocurrido en el gobierno de Martín Vizcarra, quien se rasga las vestidura acusando de corrupción a otros gobernantes cuando en el suyo se desata tremendo escándalo.
ACORRALADA
La aun congresista Yesenia Ponce Villarreal tendrá serios problemas para poder demostrar que sí realizó sus estudios en un colegio que a la fecha que ellos supuestamente se realizaron, no existía. Y es que el Fiscal que lleva a cabo una de las dos investigaciones en su contra, Renato Arapa, ha encontrado serias dificultades para poder citar a los testigos de este caso, es decir, a los “compañeros de estudios” de la referida congresista, aquellos que aparecen en el certificado de estudios. Solo dos de 23 nombres aparecen en el RENIEC, de los demás no hay rastros y este es un claro indicio que se trata de escolares fantasmas, de personas que no existen. En realidad ya resulta ocioso a estas alturas pretender establecer la identidad de los compañeros de estudios de la congresista en la medida que realmente no existen, no se puede olvidar que una de las docentes que había ayudado a la congresista a obtener este certificado de favor llegó a decir en una conversación grabada por el ex asesor Aldo Rodríguez Uceda, que tengan mucho cuidado con ese certificado porque si investigan los nombres que allí aparecen descubrirán que ninguno existe. Todas esas evidencias fueron enviadas al tacho de la basura cuando el fujimorismo intentó blindar a Yessenia Ponce, antes que se convencieran que en realidad se burló de todo el mundo. Esperemos que el Ministerio Público avance con estas pesquisas, por lo menos se determinará la acumulación de las dos investigaciones en giro en audiencia a realizarse el próximo 10 de este mes en Huaraz.
LARGUITO
A nadie debe sorprender que la justicia haya condenado a cadena perpetua al demencial sujeto que ultrajó a su propia hija de apenas dos meses y medio de nacida, pues la máxima pena se imponía apenas se conocieron estos repudiables hechos. Incuso, en aquella ocasión se generó una ola de repulsa pues la niña quedó tan mal que debió ser intervenida en un sanatorio de Huaraz y luego trasladada al hospital del Niño, en Lima. Lo que sí ha llamado la atención es que este proceso se haya demorado tanto, si se tiene en cuenta que los hechos ocurrieron en setiembre del año pasado y que las pruebas fueron elocuentes, al extremo que el propio acusado se vio precisado a admitir sus culpas. En estos casos mediáticos y de gran impacto en la comunidad, las autoridades judiciales deben extremar esfuerzos por terminar los procesos en el menor tiempo posible, aun cuando se le haya dictado 18 meses de prisión, ello no quiere decir que el juicio debe demorar todo ese tiempo, por el contrario, aquí había una necesidad de saciar la sed de justicia no solo de la niña y la madre agraviadas sino de la región entera. Y es que el sujeto se merece ese duro castigo.