El alcalde del vecino distrito de Moro, Ivo Rincón Ruiz, ha denunciado ante el Ministerio Público la ilícita utilización de cartas fianzas falsas para garantizar la ejecución de dos obras que ha dejado pendiente la anterior gestión que encabezó el ex alcalde Fernando Villón Sotelo.
Sin embargo, el burgomaestre no solo ha denunciado a los malos empresarios que han hecho uso de estos documentos sino que ha comprendido en las mismas imputaciones al ex alcalde y los exfuncionarios de la administración edil, entre ellos el ex gerente municipal Elder Aranda Palacios y otros cuatro ex empleados de las áreas de logística, tesorería y desarrollo urbano.
La denuncia no dejaba de sorprender en la medida que advertía al Ministerio Público que la empresa Corporación Andina YIRET EIRL y el ingeniero supervisor Rafael Escudero Escudero, presentaron cartas fianzas falsas de la compañía de seguros SECREX CESCE, cuyos apoderados legales desmintieron haber entregado dichos títulos valores.
Se trata de seis cartas fianzas falsas que han sido utilizadas por estos proveedores para solicitar un adelanto de dinero por concepto de materiales de obras en dos obras en las que fueron favorecidos, como son el “Mejoramiento de Camino Vecinal-10.5 KM en EMP. AN -104 – Pocos –Tambar –Winton – Breña, Distrito de Moro” y “Mejoramiento de Camino Vecinal- 7.6 KM en EMP. AN -104 – MORO –ANTA, Distrito de Moro”; tanto a nivel de ejecución como de supervisión.
Lo más grave de todo ello, a decir de la denuncia del alcalde Rincón Ruiz, es que dicha información de la empresa SECREX CESCE fue comunicada durante el mes de diciembre del año 2018, es decir, cuando la gestión municipal de Fernando Villón Macedo no concluía, sin embargo, ni él, ni sus funcionarios, hicieron algo por denunciar dicha situación ilegal.
Además, la denuncia penal señala que el ex alcalde y los ex funcionarios no realizaron la entrega formal del acervo documentario en el área de tesorería y por ello que no se ha encontrado toda la información que corresponde a dichas obras, lo que deja entrever que se ha sustraído los documentos que corresponden a los hechos denunciados configurando así también el delito de “atentado contra documentos que sirven de prueba en el proceso” enmarcado en el Art. 372 del Código Penal.
Esta parte de la denuncia es sumamente delicada en la medida que, a decir de los denunciados, lo que ha pretendido hacer el actual alcalde es involucrar a como de lugar a los ex funcionarios a sabiendas que han sido ellos, (los denunciados) quienes anularon la licitación al descubrir que las cartas fianzas eran falsas.
Esto lo ha revelado el ex gerente municipal, Elder Aranda, quien ha referido que no es cierto que la falsedad de las cartas se haya descubierto por acción de la compañía de seguros, sino que fueron los ex funcionarios quienes detectaron la irregularidad y de inmediato la comunicaron a las instancias correspondientes.
Por ello es que se tramitó la nulidad de la licitación y fue el ex alcalde Fernando Villón, en el último día de su mandato, quien expidió la resolución de alcaldía que dispone la nulidad de la adjudicación de la obra a la empresa contratista, de tal suerte que no se puede hablar de una colusión cuando existen actos ciertos y verificables que alejan a los denunciados de la comisión de hechos ilícitos.
De la misma manera, han señalado que les extraña que el alcalde haya procedido a denunciarlos asumiendo que no hicieron nada cuando en el acto de transferencia de cargos le informaron de la existencia de estas cartas fianza, les mostraron los documentos y les advirtieron que eran ellos, cuando asuman los cargos, quienes deberían demandar a la empresa la devolución del adelanto del dinero que se le entregó para la compra de materiales y que procedió en mérito de estas cartas de garantía que al ser falsas deja sin efecto ese adelanto.
Sin embargo, lo que han advertido los denunciados es la manera como el alcalde Ivo Rincón trata de direccionar la denuncia hacia los ex funcionarios cuando debería enfilar todas sus baterías legales hacia la empresa porque es ella quien ha hecho valer las cartas fianzas falsas, es ella quien los ha sorprendido con estos documentos y con los cuales obtuvo un adelanto de obra.
En realidad, en este caso hay mucho por investigar, al margen de la actitud del alcalde en funciones de pretender embarrar a sus antecesores con una denuncia que no alcanzaría a ellos, lo que se tiene que perseguir es el accionar doloso de un empresario identificado como Víctor Hillmer Córdova Clavijo, representante legal de la contratista CORPORACION ANDINA YIRET EIRL y de Rafael Escudero Escudero Rafael, ex Supervisión de Obra, quienes son los responsables de haber hecho uso de documentos de garantía que son falsos.
Este delito es sumamente grave en la medida que lo que se busca es sorprender a una institución para obtener de ella una buena pro y un adelanto de presupuesto con el cual se beneficia sin dejar una garantía, pues las cartas fianzas eran falsas, lo que redunda en perjuicio de la corporación edil.
No es la primera vez que se observa esta clase de maniobras dolosas por parte de los contratistas, basta recordar el caso “Nehalem que aún se encuentra en giro y en el cual se acusa a la ex alcaldesa Victoria Espinoza García y ex funcionarios de la comuna provincial del santa de haber permitido que la obra se ejecute a pesar que el consorcio había entregado una carta fianza de la cooperativa Coopex, que todos sabían que era una entidad de la mafia Orellana Rengifo y que no estaba autorizada a expedir esta clase de documentos en la medida que no tenían respaldo alguno.
De la misma manera, se ha observado este manejo doloso en la abandonada obra del coliseo Cerrado y por cuyo mérito existe una acusación que dará lugar a un juicio oral en el curso de los próximos meses.
De allí que el uso de las cartas fianzas falsas se ha convertido en una modalidad delincuencial de la cual se valen los malos empresarios, la justicia tiene ser inflexible en estos casos y dejar sentado precedentes punitivos contundentes a efectos de evitar que otros sigan apelando a esta descarada manipulación de los documentos de garantía, el caso de Moro es elocuente y allí la Fiscalía tiene “mucha tela por cortar”.