El Dr. Richard Concepción Carhuancho es uno de los jueces más reconocidos del país. Es un magistrado cuya plaza natural es Chimbote, llegó a nuestra ciudad el año 2010 y desde entonces demostró una escrupulosa disciplina cuando se trata de aplicar la ley, sin hacer diferencia alguna en función a clases sociales, poder económico o político.
Justamente, una de sus primeras pruebas de fuego fue el emblemático caso “La Centralita” que llegó a su juzgado y no vaciló en dictar prisión preventiva tanto para César Álvarez Aguilar y más de 64 integrantes de esta denominada red de corrupción, hasta que el Poder Judicial, advirtiendo esa gran capacidad para afrontar procesos complejos, decidió llevarlo a la capital de la república para que atienda los casos más peliagudos en la entonces recién creada Sala Penal Nacional.
Fue entonces que le tocó enviar a la cárcel a los hombres más poderosos del país, así como a los criminales más avezados del lumpen nacional, no le tembló la mano y no rehuyó ningún caso, su valentía le costó muchas antipatías y enemigos.
Los ex presidentes Alejandro Toledo Manrique y Ollanta HumalaTasso y su esposa Nadine Heredia fueron enviados a cárcel por el bizarro magistrado y la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori Fujimori siguió el mismo camino cuando era una de las mujeres más poderosas de la política y el país.
Pero además de ellos, ha enviado a la cárcel a los empresarios más poderosos del país como los gerentes y representantes legales de las empresas del llamado “Club de la construcción”, mientras que por otro lado, también envió al presidio al acusado de narcotráfico Gerald Oropeza o al líder de la organización delictivita “Barrio King”, Gerson Gálvez Calle, más conocido como “Caracol”.
Por ello es que el magistrado no dejó de recibir amenazas y como tal, el Ministerio del Interior atendió los pedidos de la judicatura para que se le brinde una protección policial especial, no solo en su centro de trabajo sino en su vivienda.
De allí que, cuando la semana pasada algunos medios lanzaron la especie del secuestro de la hija del magistrado, en Chimbote nos pusimos tensos, pensamos efectivamente lo peor en la medida que el juez había pisado demasiados callos y existen muchos maleantes y políticos que realmente quisieran desearle lo peor.
Empero, cuando la noticia comenzó a detallarse, atendiendo a la edad y las circunstancias de la desaparición de la menor Andrea Fernanda Concepción Alvarado, era evidente que aquella no habría sufrido algún atentado o un plagio por parte de terceros sino que asumimos que su alejamiento de su hogar respondía a esas aventuras de adolescentes que hay miles un todos los rincones del país.
Eran de aquellas historias de confusiones de los púberes que comienzan a surgir en la vida y cuya inexperiencia los lleva a tomar decisiones precipitadas, cargadas de una rebeldía propia de la edad y los desvaríos en la vida de familia.
La sorpresa es que en medio de una movilización nacional de la Policía de y de muchas personas que abogaban por la integridad de esta niña, de pronto ella apareció nada menos que en nuestro Puerto, cuando al promediar la medianoche del pasado miércoles 30 de enero se dio cuenta del hallazgo de la menor en la residencial en la que vivió junto a su familia, cuando su padre trabajó en Chimbote.
De inmediato la Policía la trasladó a la comisaría de Villa María y hasta allí llegó el juez Concepción Carhuancho, tras viajar de urgencia a nuestra ciudad para recogerla, consiguiendo volver a la capital las primeras horas de la mañana del jueves, es decir tres días después de la desaparición de aquella.
Sin embargo, esta historia no habría de terminar allí, era imperativo que se investigue quienes propiciaron este desenlace, quienes ayudaron a la menor a salir de su hogar y con quienes viajó hasta Chimbote, pues las leyes prohíben el viaje de un menor de edad sin la compañía de sus padres y con la autorización notarial si lo hacen con terceros, aun cuando fueran sus propios familiares.
La Policía y el Ministerio Público consideraron que habría existido la figura delictiva que se conoce como inducción a la fuga de un menor de edad, por ello es que buscaron al joven Abraham Castillo Chávez, de 18 años de edad, que es quien recogió a la menor en el terminal terrestre de Chimbote y la llevó hasta su domicilio del P.J. Miraflores Alto, en donde habría permanecido con la madre de aquel.
Las autoridades necesitaban verificar la versión que proporcionó la menor sobre su salida de Lima y el viaje que realizó a nuestra ciudad, pues resulta inverosímil que haya viajado sola, que le hayan permitido abordar un bus sola y que nadie haya intervenido en la fuga de su hogar que, a la sazón, cuenta con custodia policial que tampoco advirtió el momento que la menor se retira de su casa.
Por ello es que toman la drástica decisión de llevarse detenido a la capital al menor Abraham Castillo y tratan de deslindar responsabilidades, a pesar que el joven, instruido por un abogado, decide guardar silencio y no responde una sola interrogante de la Fiscalía.
Su actitud es perfectamente legal, la ley reconoce a las personas el derecho al silencio y éste no significa el reconocimiento de culpas, por ello es que tras las diligencias decidió dejar en libertad al joven y continuar las indagaciones en condición de citado.
No existe manera de hallar una sola contradicción en el testimonio de los protagonistas porque sencillamente uno de ellos no respondió interrogantes, razón por la cual no existe razón para achacarle la comisión de un presunto delito de inducción a la fuga de menor.
Los hechos protagonizados por la hija el Juez Concepción Carhuancho es uno similar a cientos que diariamente ocurren en todo el mundo, son cosas de adolescentes, la consecuencia de una manera inocente de ver la vida, de la incapacidad de discernimiento de los púberes y de la rebeldía propia de una edad conocida como difícil, la diferencia es que en este caso la condición mediática de su padre la convirtió en centro de la noticia. Los peligros a los que se expuso en su traslado a Chimbote, las dificultades que encontró y la terrible secuela policial judicial, deben hacerle reflexionar y entender que las cosas no se puede hacer sin antes conversar y dialogar con los únicos que pueden ayudarla y asistirla en el bienestar y la desgracia, es decir, sus padres.