BURDO
Hace unos días se ha conocido en Huaraz la intención de investigar a los 20 consejeros regionales de los años 2006-2010, en la primera gestión de César Álvarez Aguilar, por los actos de corrupción que se derivaron de la obra de carretera Chacas – San Luis, pues como ya es de dominio público allí hubo de por medio una millonaria coima que ya está siendo Juzgada en los estrados judiciales. Empero, en Huaraz hay una corriente que está demandando que se investigue también a los consejeros regionales que fueron los que aprobaron esta obra dentro de un paquete de poco más de 800 millones de soles solicitado por Álvarez Aguilar. Frente a esta corriente ha salido al fresco el ex consejero regional Carlos Vega, quien ha rechazado esta postura señalando que ellos como consejo regional lo que aprobaron fue la ejecución de la carretera mas no al contratista. Señaló que quienes contrataron a Odebrecht fue el ejecutivo regional y como tal son ellos los que deben responder si hubo sobrevalorización, si hubo direccionamiento y pagos bajo la mesa. Pero no fue todo lo que dijo, por el contrario, añadió “Además sino aprobábamos esta obra, la plata del canon minero iba seguir terminándose en la zona costa que era la intención del gobernador de turno”. Este es el lamentable y pérfido pensamiento que existe en un gran sector de Huaraz con respecto al desarrollo de Chimbote y los pueblos de la costa, ellos no duermen pensando en el crecimiento de nuestro Puerto, se la pasan lamentándose que los gobernadores regionales desvíen la mayor parte de los recursos del canon cuando son ellos los que lo generan. Empero, nada de esto es cierto, es parte de una muletilla mentirosa que se vende a las nuevas generaciones de huaracinos con la finalidad de avivar esas absurdas diferencias que existen entre dos pueblos que se supone son hermanos. Por lo menos en Chimbote no tenemos esa clase de complejos y no nos genera envidia que se hagan inversiones millonarias en Huaraz y la zona sierra, por el contrario, siempre nos alegramos y los felicitamos, no comulgamos con esas miserias que acomplejan a las personas.
PAQUETE
Sin embargo, quienes tenemos memoria en Áncash no compartimos los alegatos de inculpabilidad que esgrime el ex consejero Carlos Vega. Decir que ellos solo tienen responsabilidad en la aprobación de la obra y nada es una media verdad. Olvida el ex consejero que ese consejo regional estuvo manipulado y manejado por César Álvarez, en aquel tiempo el titular de Ancash solía “persuadir” a los conejeros con obras y viajes, esto lo admitió el ex consejero José Cachi Quezada. El millonario paquete de 800 millones de soles que pretendía Álvarez fue inicialmente rechazado por el Consejo Regional cuando, bajo el liderazgo de Ezequiel Nolasco, se montó una nueva mayoría opositora que denunció ese paquete de obras como sobrevalorizado. Álvarez estaba fuera del cargo porque había pedidlo licencia para postular a la reelección, se desesperaba porque su reemplazante José Luis Sánchez Milla, no estaba dispuesto a ser manejado y decidió hacer su propia gestión. Fue entonces que se registraron dos hechos de sangre que tiñeron de hechos mafiosos la región. El 10 de julio del 2010 fue asesinado Luis Sánchez Milla y el 21 del mismo mes fue el primer atentado contra la vida de Ezequiel Nolasco, sicarios ingresaron a su vivienda y le dieron cinco tiros dejándolo mal herido, mientras que su hijo político fue asesinado. El móvil político era evidente y fue tanto así que después de ese atentado se convocó a sesión de consejo regional para reconsiderar el rechazo al paquete de obras y los mismos consejeros, ya sin Ezequiel Nolasco, lo aprobaron finalmente. Hay muchos indicios como para sospechar que algo turbio hubo allí, inclusive, la hermana de Luis Sánchez Milla señaló que la firma que llevaba el documento nunca la realizó su fallecido hermano.
JUSTICIA
Pero como el crimen no paga, este caso de las coimas en la obra de carretera Chacas – San Luis está judicializado y en las últimas etapas de su juzgamiento, luego vendrá la sentencia que sancionará a los responsables, los ex consejeros regionales ya no pueden ser involucrados en este mismo expediente, deberán ser objeto de una nueva denuncia o que en la sentencia se deje constancia de la posible responsabilidad que se dice les alcanza y resulte esa instancia la que ordene al Ministerio Público que los investigue. Mientras tanto los ex consejeros realizan sus actividades normalmente y ni siquiera han sido llamados como testigos, pero saben mucho de lo que ocurrió en aquellos años en lo que el congreso de la república, por intermedio de la Comisión Áncash, denominó como “red de corrupción”.