En 479 entidades de sector público:
• Se determinó la existencia de hechos irregulares en manejo de recursos públicos.
Contraloría revisa documentación 2018 en distrito de Santa.
La Contraloría General anunció los resultados del operativo “Buen Uso del Gasto Público – Devengados”, con el cual se realizaron verificaciones, entre el 17 de diciembre de 2018 y el 24 de enero de 2019, a operaciones de devengados en un total de 479 unidades ejecutoras y se identificaron hechos que ponen en riesgo la integridad en el manejo de estos recursos públicos.
El operativo tuvo como objetivo el determinar si las entidades del sector público, durante el proceso de ejecución financiera del gasto público derivado de la etapa del devengado realizado en el 2018, cumplieron con la normativa aplicable y disposiciones internas vigentes; así como haber realizado previamente la recepción satisfactoria de los bienes, la prestación efectiva de los servicios, el cumplimiento contractual y el registro.
Este operativo se inició a fines del 2018, ya que se trata de un período en el que finaliza el año presupuestal y en ocasiones se comprometen recursos públicos sin cumplir las normas y requisitos para proceder a devengar, lo cual quedó evidenciado en los hallazgos de los auditores.
Las entidades públicas intervenidas pertenecen a los sectores economía, trabajo, energía y minas, comercio exterior, defensa, justicia, social, cultura, transporte, comunicaciones, vivienda, construcción, saneamiento, agricultura, ambiente, educación, salud, gobiernos regionales, provinciales y locales.
Recomendaciones
Los resultados obtenidos en las 479 unidades ejecutoras fueron comunicados por los Órganos de Control Institucional (OCI) a los respectivos titulares, mediante la emisión de 451 informes de acción simultánea y 60 orientaciones de oficio, con el propósito de alertar a los funcionarios públicos de la existencia de situaciones que podrían afectar el buen uso del gasto público en la fase de devengado.
El informe del operativo “Buen Uso del Gasto Público – Devengados” también fue comunicado al Ministerio de Economía y Finanzas para que la Dirección General del Tesoro Público evalúe considerarlos en la implementación de políticas y normatividad sobre la fase del Gasto Devengado de las entidades públicas.
Se recomienda que el Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) sea obligatorio progresivamente obligatorio en todos los gobiernos regionales y locales, así como lograr una interoperabilidad con el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) para mitigar los riesgos de pérdida de recursos públicos.
También serán comunicados a la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para que dispongan las acciones que estimen pertinentes, en su condición de autoridad técnico normativa responsable de proponer, articular, implementar y evaluar la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública.
La Contraloría General, a través de la Escuela Nacional de Control, se encargará de promover acciones de capacitación a autoridades, funcionarios y trabajadores de las entidades públicas, en materia de manejo financiero y presupuestario, que coadyuven a revertir situaciones de manejo inapropiado del gasto público y de las finanzas de la entidad.