INCENTIVOS
Mucha roncha sacará la investigación que ha iniciado el Ministerio Público contra el ex presidente regional César Álvarez Aguilar y otros 32 ex funcionarios de su gestión y de otras gestiones que dispusieron el pago de incentivos por encima de lo que estaba autorizado por la ley. De acuerdo a este denuncia se han pagado incentivos indebidamente durante los años 2011 al 2016 por más de 32 millones de soles y quienes cobraron fueron funcionarios de la sede principal del gobierno Regional de Áncash, de la Dirección Regional de Educación, de la Dirección Regional de Salud, de la Dirección Regional de Transportes, Dirección Regional de Agricultura la UGEL de Huaraz. La denuncia ha sido formulada por el Procurador Público de la Contraloría General de la República sosteniendo que los denunciados cobraron de manera indebida en los años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 la suma total de 32 millones 245 mil soles por concepto de incentivos laborales que no estuvieron autorizados y ha sido acogida por el cuarto despacho de la Fiscalía Provincial Penal Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios de Huaraz que dispuso iniciar investigación preliminar como caso complejo por ello el plazo de la investigación es de 180 días debiendo realizarse una serie de diligencias como la toma de declaraciones de los 32 imputados, recabar información documentada del gobierno regional, del Ministerio de Economía y Finanzas, entre otros organismos. Como se recuerda la Contraloría General de la Republica advirtió que se estaban pagando incentivos ilegalmente en las dependencias del gobierno regional, estos pagos no eran ilegales, sino que eran excesivos, en otras palabras los autorizaron a pagar dos y pagan ocho o diez, entonces por esa diferencia que es ilegal deberán responder ante la ley.
PLENO
Es importante que el Presidente del Poder Judicial, Dr. José Luis Lecaros, haya tomado la iniciativa de promover un consenso en el uso y aplicación de las medidas restrictivas dentro de un proceso penal, más aun en este momento que la coyuntura lo reclama por los excesos, por un lado, y debilidades, por otro lado, en los mandatos de prisión preventiva por parte de los jueces penales. El máximo representante del Poder Judicial ha coincidido con muchos en que existe la necesidad de regular la aplicación de esta herramienta jurídica en la medida que se han advertido muchos excesos, existen interpretaciones diversas y es necesario que exista una aplicación coherente a efectos no de no caer en injusticias. Obviamente, el magistrado se refiere a los serios cuestionamientos que se dieron en las medidas restrictivas dictadas contra los políticos en los últimos meses, por ello lo mejor que se puede hacer es tomar una decisión en un pleno jurisdiccional a efectos de establecer un solo criterio que ya no genere más polémicas por las interpretaciones diversas de cada magistrado. Esto se decidirá en breve, el pleno jurisdiccional permite que los magistrado supremos se reúnan y analicen los casos que han generado controversia, analizan las coyunturas jurídicas y adoptan un acuerdo que tiene el carácter vinculante., es decir., que se hace una sola interpretación de la ley y los magistrados tienen que aplicarla de manera obligatoria. Solo de esta manera se evitaran pronunciamientos diversos y hasta antojadizos, tanto así que hay muchos que sostienen que esta prisión preventiva ha venido siendo utilizada por el Ministerio Público para sostener una persecución política o para traerse abajo a organizaciones políticas. Lo cierto es que al margen de la política, en los casos comunes también se requiere una sola interpretación y muchos esperamos que reúna los mejores criterios
RADIOLOGO
Una situación realmente difícil es la que le tocó experimentar al radiólogo del Hospital I de Essalud quien fue denunciado la semana pasada por presunto delito de tocamientos indebidos. Los hechos fueron difundidos por todos los medios de comunicación en razón que una paciente denunció al joven profesional, Arthur Sánchez Vásquez, de haber querido sobrepasarse con ella cuando acudió a que le realizaran una mamografía., ocasión en la que llamó a sus familiares porque entendía que el profesional que la atendía estaba excediéndose al hacerla desnudar y al pasar sus manos de manera suspicaz por su espalda. El joven fue llevado a la sede policial y permaneció en el calabozo mientras se realizaba la pesquisa, sin embargo, la Fiscalía dispuso su liberación tras 48 horas en la medida que la denunciante habría ingresado en contradicciones cuando fue entrevistada en cámara Gessel y finalmente no se presentó a ratificar su denuncia ante el Ministerio Público. Algo realmente extraño en la medida que fueton ella y sus familiares quienes promovieron todo este tinglado al señalar que existieron tocamientos fuera de lugar por parte del joven profesional, sin embargo, es necesario desagraviar al denunciado en la medida que no se ha establecido que haya obrado de mala fe, por lo menos el Ministerio Público así lo ha establecido.