A nivel nacional son más de dos mil:
• La Contraloría los sancionó administrativamente por inconducta funcional y sanciones continúan vigentes.
Equipos de Contraloría verificarán cumplimiento de sanciones.
La Contraloría General de la República reveló que un total de 40 funcionarios en Áncash están impedidos de trabajar en el Estado pues se encuentran suspendidos o inhabilitados temporalmente para ejercer la función pública, al haber sido sancionados administrativamente por inconducta funcional (sanciones vigentes al 30 de abril del 2019).
Entre la instituciones con mayor número de funcionarios inhabilitados se encuentra la Municipalidad Distrital de Chavín de Huantar (11), el Gobierno Regional de Áncash (8), la Subregión El Pacífico (6) y la Municipalidad Provincial del Santa (5). En la lista también figura la Municipalidad Provincial de Yungay (3), la Municipalidad Distrital de San Marcos – Huari (3), la Municipalidad Distrital de Masin (3) y la Dirección Regional de Salud (1).
Las sanciones van desde uno a cinco años de inhabilitación, en algunos casos el periodo de veto para trabajar con el estado finaliza en el 2023.
A nivel Nacional
A nivel nacional un total de 2,137 funcionarios y servidores públicos se encuentran suspendidos o inhabilitados temporalmente para ejercer la función pública. La situación de estos sancionados no se verá afectada por la sentencia del Tribunal Constitucional porque se trata de sanciones firmes o consentidas.
El 97% de los sancionados administrativamente a nivel nacional fueron inhabilitados para ejercer la función pública (de 1 a 5 años), lo que conlleva a su desvinculación laboral con el Estado. Mientras que el 3% fueron suspendidos temporalmente (de 30 a 360 días).
Entre las infracciones administrativas más frecuentes figuran: Actuar parcializadamente, en contra de los intereses del Estado, en los contratos, licitaciones, concurso de precios, subastas, licencias, autorizaciones o cualquier otra operación o procedimiento en que participe con ocasión de su cargo, función o comisión, dando lugar a un beneficio ilegal, sea propio o de tercero; Incumplir las disposiciones legales que regulan expresamente su actuación funcional, generando grave perjuicio al Estado; Incumplir, negarse o demorar de manera injustificada e intencional, el ejercicio de las funciones a su cargo, en los procedimientos en los que participa con ocasión de su función o cargo.
Sanciones están vigentes
La Contraloría General explicó que al 31 de abril, existen 2,398 sanciones vigentes que comprenden a 2,137 funcionarios y servidores públicos que están suspendidos o inhabilitados para trabajar en el Estado. Algunos de estos funcionarios cuentan con dos a más sanciones vigentes.
Las sanciones vigentes han sido comunicadas a los titulares de las entidades públicas del país a fin de que ejecuten de manera inmediata las resoluciones emitidas como resultado del Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) contra los funcionarios que incurrieron en inconducta funcional.
Como parte de la nueva política de transparencia y acceso a la información, se ha publicado en el portal institucional www.contraloria.gob.pe, el listado de funcionarios y servidores públicos con sanción vigente.