Hace solo unas semanas se decía y repetía ¿Cómo es posible que el extinto Presidente Alan García no podía saber nada que su secretario estaba cobrando coimas a la empresa Odebrecht?
Era la pregunta que se formulaban los caviares con la finalidad de justificar la orden de prisión que obtuvo el Fiscal José Domingo Pérez y que derivó en el suicidio del ex Jefe de Estado, como todos ya conocen.
Es la misma pregunta que nos podríamos hacer en Ancash con respecto a los negociados que se hicieron en la gestión del ex presidente regional de Ancash César Álvarez Aguilar, para pretender adivinar si aquel conocía o no los cobros de diezmos que hacían sus funcionarios en las licitaciones y ejecución de obras.
Decimos esto a propósito de la reciente sentencia absolutoria que ha dictado el Juzgado anticorrupción de Chimbote al ex presidente regional César Álvarez Aguilar en el caso conocido como “Módulo Procesal”, que no es otro que juzga los manejos dolosos que se detectaron en su momento en la construcción del edificio judicial que hoy alberga a los juzgados que aplican el nuevo código procesal penal.
El Juez Fernando Arequipeño Ríos ha absuelto a Álvarez Aguilar pero ha condenado a los ex funcionarios que integraron el comité de adjudicaciones y que entregaron la buena pro de manera irregular al Consorcio Jurídico, como se denominaron las empresas que se encargaron de ejecutar la obra y cuya representante legal también ha sido condenada.
Los lineamientos de sentencia que el pasado lunes ha leído el magistrado señalan que se encontró responsabilidad penal por el delito de colusión simple en los exintegrantes del Comité Especial de Adjudicación de la Subregión Pacífico, William Bejarano Rivera, Enrique Godoy Palacios y Cecilia Alfaro García. Todos ellos fueron sentenciados a cinco años de prisión y se dispuso su inmediata captura.ÂÂÂ La empresaria Mariela Rivero Antúnez del Consorcio Jurídico, recibió una condena de 3 años de cárcel, suspendidos en su ejecución por el plazo de dos años.
A los exfuncionarios se les encontró culpables de coludirse con la representante legal de la empresa a cargo de la obra, Mariela Rivero, para que obtuviera la buena pro de la construcción, pese a no contar con los profesionales idóneos para tal fin, como se estipulaba en las bases, pues durante el juicio, un peritaje grafotécnico probó que las firmas de las declaraciones juradas de los supuestos profesionales que laboraban para el Consorcio Jurídico, eran falsas.
Desde este contexto, para el Juez de la causa, las imputaciones del Fiscal contra César Álvarez no se han acreditado en la medida que no fue él quien designó a los integrantes del Comité de Adjudicación sino que fue la prófuga exfuncionaria, Pamela Bermúdez. Por esta misma razón es que se ha absuelto al ex gerente Juan Carlos Gallo Zegarra que remplazó a la antes mencionada.
Hay que tener en cuenta que este proceso penal tiene especial connotación y estaba considerado dentro de los casos emblemáticos en la medida que generó serias controversias en su debida oportunidad y en razón que existió una serie de cuestionamientos a nivel de la prensa nacional por la estrecha vinculación que generó con varios magistrados de la Corte del Santa.
Ello porque muchos deben recordar que se acusó a César Álvarez de utilizar los recursos y presupuestos de la Región para congraciarse con la administración de Justicia., no solo derivó millones para que se construya la sede del Ministerio Público, sino que financió el viaje de magistrados al extranjero para que sigan curso de capacitación en las nuevas normas que contenía el Código Procesal Penal que en esos momento entraría en vigencia.
Ocurre que para poder financiar esos viajes se tomaron recursos del presupuesto de la obra del Módulo Judicial y eso fue tomado como una prebenda cuyo objetivo final sería el tratamiento especial que esperaba la autoridad política por parte de los magistrados que ya para entonces ya venían siendo cuestionados en la medida que la gestión pública del entonces presidente regional era materia de múltiples denuncias y ninguna llegaba a los estrados judiciales.
Inclusive, por entonces el tema llevó a los propios organismos de control del Poder Judicial a iniciar procesos de investigación a efectos de deslindar responsabilidades funcionales de este enjuague pues para entonces muchos no olvidan que el modulo judicial se construyó en mérito de un convenio que suscribiera el mismísimo ex presidente regional con el entonces presidente del poder judicial Javier Villa Stein con quien ingresaron al palacio judicial levantando los brazos cual políticos hambrientos de poder.
Lo cierto es que la justicia no se podía someter con quienes eran parte en los juicios penales por delitos de corrupción, esto era evidente que ocurriría en el transcurrir de los años, las actuaciones públicas de la gestión de Álvarez hacia presumir que en el futuro iba a estar en manos de ese mismo organismo jurisdiccional que por entonces recibía muchas generosidades del gobierno regional de Áncash.
Hoy el juicio del módulo Judicial ha llegado a su final en primera instancia y para el juez no existen pruebas de la responsabilidad que podría tener el ex presidente regional césar Álvarez Aguilar, un criterio que no comparte el ministerio público y por ello será la instancia superior la que revise la decisión que se sustenta en un viejo aforismo jurídico que señalan que existen pruebas de cargo, está acreditado el delito pero no hay pruebas que inculpen al principal acusado del proceso.
Veremos que sucede más adelante, aunque es preciso señalar que este es solo uno de los muchos juicios que tiene aun pendientes el ex titular de Áncash, los casos del crimen de Ezequiel. Nolasco, La centralita, el asesinato de Hilda Saldarriaga o los procesos penales de Chinecas y el caso SISA aun lo llevarán al banquillo de los acusados. Esto tiene aún para mucho rato.