La semana pasada el Ministerio Público anunció que, por intermedio de la Procuraduría anticorrupción, se había conseguido recuperar 65 millones de soles de la empresa brasileña Odebrecht, por concepto de reparación civil establecida en los casos “La centralita” y “Carretera Chacas- San Luis”, que competen a la Región Áncash.
La información fue proporcionada por el fiscal el fiscal Elmer Chirre Castillo quien detalló que el procurador anticorrupción, Amado Enco, le confirmó que la constructora brasileña había cumplido con depositar 12 millones 500 mil soles que estaban pendientes de ser cancelados en el caso Chacas-San Luis en el que hubo compromiso, aceptación y confirmación jurídica de una reparación civil de 50 millones que son adicionales a los 15 millones que se obtuvo por el caso Centralita.
El Fiscal Elmer Chirre destacó este cobro por considerar que es una “cantidad inédita en los anales del Ministerio Público” pagada como reparación civil por un caso específico en el marco de los Acuerdos de Colaboración Eficaz N°02-2017 y el N°03-2017, que fueron resultado de un trabajo conjunto entre el Tercer Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios y la Procuraduría Anticorrupción.
La pregunta que muchos nos hacemos es ¿En realidad estamos ante una histórica victoria jurídica contra la corrupción? De manera particular tenemos nuestras dudas, no solo por lo ínfimo del monto cancelado en función a lo que la constructora brasileña le ha robado al país, sino por la forma como se concretó el descubrimiento de estos dos casos de corrupción sin necesidad de tener un convenio de delación con los brasileños
En efecto, esto lo informó oportunamente nuestro medio de comunicación, pues mucho antes que el Ministerio Público convino con los altos funcionarios de Odebrecht la suscripción de un convenio de colaboración, ya el Ministerio público había conseguido desentrañar la trama de estos dos casos de corrupción en Áncash.
Y lo hizo en mérito del valioso testimonio que proporcionó un colaborador eficaz, quien fue el que proporcionó la pista para conocer las entrañas de los conciliábulos del ex presidente regional César Álvarez, su asesor de cabecera Dirsse Valverde con los funcionarios de la constructora brasileña.
De esta manera se pudo conocer que Odebrechrt había cancelado dos millones 600 mil dólares al ex titular de Ancash para obtener la buena pro de la obra de la carretera Chacas San Luis y se pudo conocer cuál fue la ruta del dinero.
Antes que se concrete el convenio de colaboración, el fiscal Elmer Chirre había conseguido presionar no solo a la constructora, que terminó aceptando una serie de documentos proporcionados por el colaborador eficaz al que se sumó un segundo personaje que conocía los intríngulis de la corrupción en Áncash.
Y de esta manera se pudo saber que existía un amigo personal del ex asesor Diresse Valverde que había prestado una off Shore que estaba a nombre de su padre para poder desviar el pago de la millonaria coima a través de un banco en Japón, en el Perú no pudieron hacerlo porque determinaron pagarla a través de contratos ficticios de asesoría en la obra de la carretera IRRSA Sur, por ello fue necesario buscar otra vía.
Y ella fue la que proporcionó Mario Fatelevich, el amigo de Dirsse Valverde que al verse presionado por el Ministerio Público y consciente que podrida terminar en la cárcel por haberle dado una mano, terminó confesando y entregando toda la documentación que tenía en su poder el fiscal Elmer Chirre.
El trabajo de la fiscalía fue brillante, ya tenía toda la trama, incluso, ha llegado a establecer que esta millonaria obra fue una de las detonantes para que se perpetren los primeros crímenes selectivos en Ancash, la salida de César Álvarez de la Presidencia para postular a una reelección, permitió que Ezequiel Nolasco y el presidente regional (e) Luis Sánchez Milla concreten un acuerdo por el cual se anuló el convenio suscrito con la OEI y la consecuente nulidad de la aprobación de proyecto de la carretera Chacas San Luis.
De allí que no puede ser solo una mera coincidencia que en ese ínterin asesinaran primero a Luis Sánchez milla y luego a Roberto Torres Blas, este último el hijo político de Ezequiel Nolasco que pagó con su vida impedir que asesinen a su padre político que fue, a la sazón, gravemente herido en ese atentado.
Esta es la historia de sangre y corrupción que la fiscalía supraprovincial ya tenía antes que se suscriba el convenio de la Fiscalía del caso Lavajato en Lima, sin embargo, se determinó que los casos de la carretera Chacas San Luis y La Centralita, que tienen sendos procesos penales en ciernes, se comprendieran en el convenio a efectos de contar con el respaldo probatorio que pudiera concretar una sentencia condenatoria contra los responsables de este millonario derroche de dinero.
En efecto, los testimonios que ha prestado los funcionarios de Odebrecht solo han venido a corroborar lo que en su momento describieron con impresionante exactitud los colaboradores eficaces, de tal suerte que gracias a estos acuerdos se cuenta con suficiente evidencia probatoria como para enviar a los culpables muchos años a la cárcel.
Sin embargo, la agria sensación que nos deja todo esto es la minúscula cantidad que se ha transado por concepto de reparación civil a la corrupta empresa brasileña por los dos casos emblemáticos más importantes que arrastra la gestión de César Álvarez en Ancash.
Y es que 65 millones de soles no representa absolutamente nada para la millonada que ha robado la empresa brasileña al erario regional, basta echar una mirada a los presupuestos entregados por la carretera Chacas San Luis, que ascienden a 460 millones de soles al momento del contrato y que oscilas los 800 millones de soles con los adicionales, para darnos una idea de la enorme diferencia con el monto fijado como reparación civil en este caso específico que fue de 50 millones de soles.
No se puede soslayar que al conocerse el convenio de colaboración entre el Ministerio Público con la empresa Odebrecht por todos los casos de corrupción en el país, se convino que a empresa pague 680 millones de soles como indemnización, una cifra que generó serios cuestionamientos en razón que la corrupta empresa se llevó más de 3 mil millones en las diversas obras que ejecutó en nuestro país.
Hay que celebrar que los que delinquieron dejen algo para nuestro país, pero no se debe permitir que por ese solo hecho se permita que los corruptos dejen solo las migajas de la enorme torta que se llevaron del país. Esto no tiene nombre.