CONVENIO
Los trabajadores municipales cumplieron el último fin de semana su primera medida de fuerza contra la gestión del alcalde Roberto Briceño y lo hicieron de la manera que están acostumbrados, es decir, no querían paralizar solo ellos, que son servidores estables, sino pretendían que toda la actividad municipal se detenga. Y esta ilegal pretensión casi se cumplió porque las puertas se mantuvieron cerradas y cuando alguien quiso ingresar provocaron desmanes, empujones, gritos, escándalos, a la usanza de un sindicalismo pernicioso que ya no tiene espacio en estos tiempos. Los ajetreos para el ingreso de la Fiscal de Prevención del delito es una clara muestra de lo que vieron todos en la puerta principal. Pero al final de la protesta lo que ha quedado claro para todos es que el objetivo del SUTRAMUN no es la cabeza del gerente municipal, como se afirmaba en los días previos, inclusive, esto lo han dejado plasmado en el documento que ingresaron la mañana del jueves al despacho de alcaldía. El objetivo de esta medida de fuerza es que se concrete y haga efectivo el incremento de 190 soles que se estableció en un ilegal convenio el año pasado, acuerdo que ha sido cuestionado por un miembro de la propia organización sindical y que es materia de investigación en el Ministerio Público y frente al cual el gerente municipal, ha sido claro y tajante: no existe posibilidad de hacer efectivo el incremento por la sencilla razón que no existe respaldo presupuestario, porque fue un acuerdo que se hizo bajo la mesa sin que se tenga el documento que reclama la norma en estos casos, es decir, el informe que reconozca que existe presupuesto para poder aprobar el incremento.
NEPTALI
Y es que toda esta escaramuza tiene un único responsable y no es otro que el ex alcalde provisional Neptalí Briceño Porras. Esto lo ha reconocido sin pelos ni señales el ex gerente municipal Edgar Tapia Palacios, quien señaló que este pedido se hizo el año pasado cuando estaba al frente de la Gerencia Municipal y en aquella oportunidad, como lo ha hecho el actual gerente municipal Jesús Rodríguez, se negó a la aprobación de ese incremento por la sencilla razón que No existía respaldo presupuestario, es decir, era el mismo escenario, solo que el SUTRAMUIN llevó ese pedido a un convenio colectivo y cuando debía discutirse el entonces alcalde Humberto Ortiz Soto debió solicitar licencia por un mes para postular al cargo que hoy ocupa, es decir, de regidor municipal, siendo reemplazado en ese período de 30 días por el primer regidor de entonces Neptalí Briceño. Fue en este lapso en el que se urdió este famoso “convenio colectivo”, es decir, el alcalde provisional lo sacó del cargo de gerente municipal y designó a Raúl Romero Salinas, un funcionario establece, otrora miembro del Sindicato de Trabajadores, personaje allegado a todos los dirigentes del SUTRAMUN, quienes llevaron adelante ese convenio colectivo y lo aprobaron de manera ilegal porque carecía del informe de respaldo presupuestario. Esta es la verdad de la milanesa y si las cosas están así el alcalde Roberto Briceño no solo debe recusar ese convenio y solicitar su nulidad, sino que debe denunciar penalmente a ese ex alcalde y ese ex gerente municipal, por haber conspirado al margen de la ley contra los intereses municipales que no son otros que los intereses de todos los chimbotanos.
POSTERGADA
Anteanoche la Defensoría del Pueblo hizo llegar a las redacciones de los medios de comunicación su preocupación por la protesta que se preparaba en la localidad de Caraz ante la reunión que se iba a realizar para revisar la declaratoria de emergencia de la Laguna de Parón decretada por el ejecutivo, reunión a la que había anunciado su visita el Ministro de defensa José Huerta Torres. Sin embargo, el gobernador Juan Carlos Morillo anunció la postergación de esta cita atendiendo a coordinaciones realizadas el jueves en Lima, precisando que se realizará en próxima fecha por confirmar. Se presume que esta mesa de dialogo se debe realizar esta semana, urge tomar acuerdos conjuntos y de consenso respecto a este tema que ha generado el levantamiento de la comunidad de Cruz de Mayo y de la población caracina en general. Creemos que el teléfono malogrado ha dejado secuelas en este tema pues en casos de emergencia por seguridad no deberían existir los desencuentros que ahora advertimos.