Por fuga de “goro”:
Penal de Cambio Puente, donde se investiga a dos trabajadores administrativos.
Ahora se entiende por qué no declaró el Director del Penal de Cambio Puente días atrás. La Procuraduría del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) denunció a dos trabajadores administrativos del establecimiento penitenciario de Chimbote, presuntamente involucrados con la indebida excarcelación de Rubén Moreno Olivo, alias “goro”, sicario condenado a 25 años de cárcel efectiva por el primer atentado contra Ezequiel Nolasco Campos.
La denuncia penal fue ingresada el último jueves 27 de junio ante la Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios y está dirigida contra Manuel Leonardo Asunción Portilla y Amable Violeta Rivas Costilla, quienes se desempeñan como jefe de la Oficina de Registro Penitenciario y técnico administrativo en antecedentes judiciales y kárdex del Establecimiento Penitenciario de Chimbote, respectivamente.
En la denuncia también se ha considerado al propio Rubén Moreno Olivo y a los que resulten responsables por delitos de corrupción de funcionarios, ante una serie de hechos y situaciones que permitieron su indebida excarcelación al cumplir los plazos de prisión preventiva en el caso del crimen de la testigo “la mama”, pero se ignoró por completo la condena de 25 años que pesa en su contra hasta el año 2039.
Extrañamente la denuncia penal no está dirigida contra Milagritos Aquije Osorio, directora nacional de la Oficina de Registro Penitenciario, quien extendió un certificado de antecedentes judiciales de internos y no consignó la sentencia condenatoria de 25 años que pesa contra Rubén Moreno Olivo, alias “goro”.
En contraposición, un informe firmado por Manuel Leonardo Asunción Portilla y Amable Violeta Rivas Costilla a solicitud de la Segunda Sala Penal de Apelaciones del Santa con fecha 26 de junio, si consignó la referida condena. Sin embargo, pese a existir dicho registro, Rubén Moreno Olivo fue excarcelado en el Penal de Piedras Gordas (Ancón) en la ciudad de Lima.
Un documento interno del INPE, dice que el establecimiento penal de Chimbote no debió recibir, ni registrar la sentencia de la Primera Sala Penal Liquidadora Transitoria del Santa respecto a un interno que se encontraba en el EP Ancón I.
Se explica que el numeral 5.22 del Título III del “Procedimiento para la Recepción, Trámite y Registro de Resoluciones Judiciales” establece que en los casos de “mandatos de detención de personas que no se encuentren físicamente recluidas en los establecimientos penitenciarios, no se podrá efectuar el registro en el Sistema de Registro Penitenciario o inscripción en el libro toma razón, por lo que se procederá a su devolución al juez o sala penal, indicando la situación del procesado o sentenciado”.
Tras la posterior fuga y conocido el escándalo, fueron cesados del Consejo Nacional Penitenciario el presidente Carlos Antonio Romero, el vicepresidente Federico Llaque Moya y Claudett Katerina Delgado Llanos.