Política

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ESTRATEGA

Nos imaginamos que el gobernador regional Juan Carlos Morillo y sus abogados, se acogieron al principio de oportunidad calculando lo que podrían hacer en caso les fuera denegado. Si se trata de una estrategia legal, como él mismo la describió, quiere decir que cuenta con un Plan B en caso no resulte procedente lo solicitado. Y aun cuando apostaba todo contra sencillo que su petición no sería denegada y que, por el contrario, con la aceptación de culpas y el pago indemnizatorio quedaría enterrada esta nueva denuncia, se equivocó de cabo a rabo. Por el contrario. Lo que calculan algunos abogados es lo que pasará más adelante. Y decimos mas adelante porque, ciertamente, la decisión del fiscal está sujeta una impugnación por parte del Gobernador, empero, en lo esencial estamos ante una situación “sui generis” en la medida que ya el gobernador ha admitido sus culpas, ha reconocido que omitió declarar dos de las cinco sentencias que se habían dictado en su contra y, consecuentemente, eso implica que ha cometido el delito de falsa declaración en proceso administrativo. Lo que se viene es delicado en la medida que el caso tiene como agraviado al Jurado Nacional de Elecciones y quien lo representa es su procurador que ya había adelantado que se oponía a las pretensiones de gobernador, justamente, el nuevo fiscal que asumió conocimiento de este expediente, declaró de plano la improcedencia de este pedido en función a la posición de la parte contraria y ya no fue necesario que se convoque a una audiencia pública como lo pretendía hacer el Fiscal Renato Arapa que había tomado inicialmente conocimiento de este caso y se apartó ante los cuestionamientos que se dirigían contra su persona en redes sociales y medios de comunicación de Huaraz señalándolo de parcializado porque había admitido este procedimiento.

ESTRATEGA II

Que la situación del Gobernador Morillo se complica a partir de la decisión del Ministerio Público, ello es verdad. En nuestra edición de ayer el reportero que estuvo a cargo de esta nota se emocionó al recibir el informe de Huaraz en relación a la decisión del Fiscal y consignó que se trataba de la primera denuncia que recibe el gobernador en su actual gestión, sin embargo, en realidad es la segunda. Hace solo un mes la fiscalía había decidido comprenderlo dentro de la Investigación preparatoria que se realiza respecto a la obra el canal integrador Santa San Bartolo, una decisión que generó las iras del titular de Ancash que considera que ese caso ya está superado. Sin embargo, hay mucho que revisar sobre ese tema, inclusive, el procurador anticorrupción del santa, Richard Asmat Urcia, quien había solicitado se incluya en este caso al gobernador y su hermana, que eran representantes del consorcio San Bartolo, ha demandado que el caso se remita a una Sala Penal Nacional por las connotaciones que tiene y por qué existe el peligro de la perturbación de la actividad probatoria. El defensor del estado en juicio ha señalado que el Gobernador Juan Carlos Morillo es además Presidente del Directorio de Chinecas y que la obra del canal integrador Santa San Bartolo, cuyas graves irregularidades se investigan, fue ejecutada por el mismo proyecto irrigador y se teme que en esa posición el titular de Ancash pueda perjudicar las pesquisas. Bueno el gobernador comienza ya a distraerse con las denuncias que se ha arrastrado desde antes que fuera gobernador, como será más adelante con la actual gestión.

PENALIDAD

Hay un sabio adagio que dice que “el crimen no paga” y se refiere a que por más que alguien trate de eludir su responsabilidad siempre será condenado y sancionado. En este caso el ex alcalde de Casma y ex consejero regional José Luis Lomparte Monteza ha sido capturado después de cuatro años de mantenerse oculto y fugando de la ley, se había escondido en el domicilio de un familiar en el distrito de Carabayllo, en Lima, en donde ha sido detenido luego que alguien diera información idónea de su paradero y se encuentre habilitado para cobrar la recompensa. Lo que no entendemos es la lógica de los prófugos, prefieren mantenerse al margen de la ley, encerrados en alguna habitación de un inmueble de alguien conocido o un familiar, cuando al ser capturados tendrán que cumplir la condena desde el primer día. En el caso de Lomparte deberá cumplir los cinco años de cárcel que se computarán desde anteayer jueves 04 de julio que ha sido detenido, los cuatro años que se fugó no cuentan para nada. Si se hubiera puesto a derecho quizás a estas alturas ya habría salido del penal con un beneficio penitenciario. Así que mejor será que lo piensen bien quienes tienen penas pendientes que cumplir.