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CONFIRMAN CONDENA A DOS PROCESADOS DEL CASO NEHALEM

Corrupción en gestión de Victoria Espinoza

condena

Aquior Mendoza Mendoza sufrió revés en Sala Penal de Apelaciones por caso NEHALEM.

El exjefe de logística de la Municipalidad Provincial del Santa Aquior Mendoza Mendoza y el empresario Oscar Randy Robles Camarena continuarán con una sentencia condenatoria con carácter suspendida por el caso NEHALEM, luego que la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del Santa, declarara infundado su recurso de apelación.

Los magistrados Walter Lomparte Sánchez, Víctor Alcocer Acosta y Carlos Castro Rodríguez desestimaron las impugnaciones planteadas por Mendoza Mendoza y Oscar Randy Robles Camarena y ratificaron las penas de 4 y 2 años de prisión suspendida dictadas contra ellos.

El pasado 13 de febrero, el Sexto Juzgado Penal Unipersonal, encontró responsabilidad en el empresario Randy Robles y el exintegrante del Comité de Selección, Aquior Mendoza, por la ilegal adjudicación de una obra de agua y desagüe en la urbanización El Acero, valorizada en 13 millones de soles.

Por esa razón, apelaron la decisión buscando una absolución, sin embargo, el colegiado consideró que la sentencia condenatoria de primera instancia del Juez Joseph Arequipeño Ríos estuvo debidamente motivada y debe ser confirmada en todos sus extremos.

En este mismo proceso penal, el Ministerio Público viene realizando el juicio oral a la ex funcionaria Micaela Flores Gómez y ha reservado esta fase para los imputados Victoria Espinoza García y Julio Cortez Rojas, quienes tienen la condición de reo contumaces al estar prófugos de la justicia por una condena de prisión efectiva de 4 años por el caso “semáforos”.

Un sexto procesado por estos hechos, es el ex subgerente de infraestructura de la Municipalidad, Javier Menacho Méndez, quien fue capturado la mañana de ayer por la condena de 4 años de prisión por el caso semáforos. En los próximos días, se le iniciará el juicio oral por este caso NEHALEM.

Para todos ellos, el Ministerio Público solicitó una pena de cinco años de cárcel.