CASCO URBANO
No cabe duda que el primer tema que deberá revisar el alcalde provincial Roberto Briceño Franco, una vez que se reincorpore a su despacho, es el relacionado a la denuncia penal que ha planteado en su contra el consorcio casco urbano, por no disponer los pagos que le corresponden. La denuncia penal es en su contra y de otros funcionarios ediles, sin embargo, en ciertos medios le han puesto la puntería al burgomaestre de pretender favorecer a la empresa contratista que hizo la que se considera una de las peores obras en el centro urbano de Chimbote. ¿Recuerdan? aquellas de las veredas mal hechas que en un tramo debieron ser demolidas, sin embargo, en la gestión de Luis Arroyo Rojas se admitieron esos trabajos y el problema vino después en la medida que quedó como una pesada herencia para las posteriores gestiones. La ex alcaldesa Victoria Espinoza perdió un arbitraje con el consorcio y en la actual gestión han buscado la manera de llegar a un acuerdo y al no concretarse los han denunciado en la vía penal. Pero lo que muchos olvidan es que el poder judicial no sancionó a los empresarios representantes legales del consorcio Casco Urbano, pues en Julio del año pasado el juez anticorrupción Joseph Arequipeño Ríos absolvió a todos los acusados en este proceso penal de las veredas mal hechas. En otras palabras para la justicia no hubo dolo de por medio, entonces quienes se llenan la boca hablando de pésima obra, despilfarro, derroche, debieron recusar la actuación de la justicia, sin embargo, en la sentencia del juzgador deja sentado el principio de la inexistencia de pruebas de la comisión de un delito y la posibilidad de hacer una demanda en la vía civil. De esta manera, los que nos vendieron “gato por liebre” allá por los años 2012 ó 2013 tienen una sentencia bajo la manga para justificar su reclamo. Veremos en que termina todo esto que debió zanjarse en la gestión de Victoria Espinoza y no se hizo.
PENDIENTE
El día de hoy martes, a partir de las 3.00 de la tarde, en el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaraz, se estará ventilando el proceso penal que se le ha instaurado al Gobernador Regional Juan Carlos Morillo Ulloa por delito de falsa declaración en proceso administrativo, derivado de la frustrada pretensión de acogerse al principio de oportunidad al reconocer su culpa el pasado mes de abril. La defensa del Gobernador ha planteado una excepción de improcedencia de acción es decir, aquella que se alega cuando se considera que el hecho no constituye un delito o no es penalmente justiciable, por lo que el juez ha convocado a las partes con la finalidad que el abogado sustente el pedido, la fiscalía y la procuraduría refuten sus argumentos. Asumimos que tras escuchar a las partes el juez a cargo Fernando Espinoza Jacinto, dejará la causa al voto y resolverá por gabinete notificando a las partes en el plazo de ley. En esta diligencia no es obligatoria la presencia del gobernador, pero sí la de su abogado pues ha sido apercibido con el archivamiento de su excepción en caso no se presente. Con esta diligencia arranca un nuevo juicio al gobernador por hechos que arrastra antes de su gestión.
CONTRADICTORIO
Los miembros del Colegio de Licenciados del Consejo Regional de Ancash, han puesto el grito en el cielo al tomar conocimiento que el gobernador Juan Carlos Morillo ha decidido designar como titular de la dirección de turismo y comercio exterior de la Sub Región Pacífico, nada menos que a su ex asesor y ex candidato de su mismo movimiento Iván Chávez Hernández, pues afirman que en nuestra región existen tantos licenciados en turismo que se echa mano de un docente que no tiene las nociones necesarias para dirigir una dependencia de este tipo. Asimismo alegan que existen ordenanzas regionales y normas que obligan a las autoridades a designar a profesionales en Turismo en los cargos de su rubro. Lo que no entendemos es como el gobernador pretende dispararse a los pies con la designación de este tipo cuando ya la Contraloría General de la República lo ha emplazado y obligado a tomar correctivos al nombrar a funcionarios de confianza que no cumplen los perfiles que establecen las normas. Si los licenciados en turismo afirman que la designación de Chávez responde a un favor político entonces el organismo de control deberá también intervenir en este caso. Veremos qué pasa más adelante.