En momentos en que la seguridad ciudadana se encuentra en jaque debido al incremento de la delincuencia, la ciudadanía espera de sus autoridades acciones firmes y contundentes para desvirtuarla y si es posible erradicarla, pero jamás podría imaginarse que el accionar de ciertos funcionarios terminen respaldando y avalando el accionar delincuencial.
Sin embargo, la semana pasada en medios policiales se informó que uno de los avezados delincuentes que fue capturado luego de tomar parte en un asalto en la modalidad de “marcas” había sido liberado por la fiscalía a los pocos minutos de ser aprehendido, a pesar que la captura del sujeto se produjo en flagrancia de delito.
Se trata de Paolo Ronaldinho Cruz Macary (18) quien cayó días atrás cuando escapaba en una moto lineal después de robar más de 5 mil soles a una pareja de docentes en una panadería en el A.H “Villa del Mar”.
Este sujeto fue dejado en libertad por los Fiscales Lucía Silva Anhuamán y Eduardo Haro Tantaquilla, en una extraña decisión, que ha causado enorme preocupación en la ciudadanía y en la Policía Nacional porque constituye un retroceso en la lucha contra la delincuencia en Chimbote.
Se conoció que a las pocas horas de su intervención ocurrida la noche del viernes 2 de agosto, los Fiscales Lucía Silva Anhuamán y Eduardo Haro Tantaquilla que el imputado Paolo Ronaldinho Cruz Macary sea investigado en libertad por robo agravado, pese a ser detenido en flagrancia.
Lo más grave es que Paolo Ronaldinho Cruz Macary fue intervenido cuando pretendía huir en una moto lineal y tras la intervención se logró recuperar la mochila con los 5 mil soles que habían retirado los agraviados de la agencia del Banco Continental y se incautó la moto lineal que los facinerosos dejaron abandonada al momento de escapar.
Pero ello no es todo, desde el primer momento de su captura, tal como se precisó en la información proporcionada por este medio de comunicación, se advertía que Paolo Ronaldinho Cruz Macary, es investigado por su presunta participación en el robo de 120 mil soles a un joyero en el Jirón Cajamarca, a media cuadra de la Comisaría de La Libertad, un hecho que ha causado polémica en la medida que el agraviado había denunciado manejos turbios para encubrir a los maleantes.
Ahora bien, con todos estos elementos de convicción, si nos hallamos ante una captura en flagrancia y con la incautación del dinero arrancado a los agraviados, la pregunta que todos se hacen es ¿cuál ha sido el motivo por el cual los fiscales dispusieron la liberación de tan peligroso sujeto?
Si se tiene en cuenta que este hecho se reveló hace ya una semana, todo indica que a la fiscalía le importa un comino lo que la gente piense de las motivaciones de sus fiscales, ello porque después de más de una semana jamás se pronunciaron sobre tan espinoso asunto.
Lamentablemente, no es el único caso en el que se ha puesto en cuestionamiento la labor de algunos integrantes del Ministerio Público, por el contrario, se ha visto con preocupante incertidumbre que los Fiscales ya no son unos convidados de piedra en el proceso de Investigación y en lo que se refiere a las medidas restrictivas, pues ahora que existe un nuevo procedimiento éste no se cumple al pie de la letra.
Ello porque una medida de prisión solo se puede dictar en el marco de una audiencia en la que se escuche a las partes es decir, al Ministerio Público, el abogado de la defensa y al propio investigado, sin embargo, cuando los hechos delictivos que llegan a la Policía o el Ministerio Público no avanzan a esta instancia, es el fiscal quien dispone la situación del intervenido, consecuentemente, tiene capacidad para decidir la condición jurídica de una persona que ha sido privada de su libertad.
Y el caso de Paolo Ronaldinho Cruz Macary es un hecho elocuente que no puede ser ignorado. Hay un individuo que ha sido detenido por serenos y la policía en flagrancia de delito, luego de haber tomado parte en un asalto en la modalidad de “marcas”, al que se le ha incautado la mochila con el botín, pero los Fiscales lo dejan en libertad, ordenan a la Policía que solo los cite a sabiendas que de esta manera solo procura la fuga de estos sujetos.
No sabemos que piense la Presidenta de la Junta de Fiscales del Santa sobre el accionar de sus miembros, sin embargo, la ciudadanía piensa lo peor, más aun cuando se espera del desempeño de los fiscales la necesaria drasticidad y contundencia en sus disposiciones, y, cuando estamos ante un delito en flagrancia y de un sujeto que forma parte de las organizaciones delictivas que vienen cometiendo tropelía y media. Seguimos esperando una explicación en torno a este caso.
Tiempo al tiempo
El año pasado el ilegalmente expectorado Administrador del Desembarcadero Artesanal, Fredy Velásquez Varas denunció que la Dirección Regional de Producción, por entonces gerenciada por el empresario Ezequiel Mayo Lugo, había firmado un contrato ilegalmente para establecer un grifo al interior de este establecimiento.
Aun cuando muy pocos lo escucharon el representante del desembarcadero advertía que el funcionario no tenía atribuciones legales para suscribir esa clase de documentos, razón por la cual presentó en su momento la denuncia respectiva, ante la indiferencia del denunciado que pensaba que todo quedaría en las rabietas del denunciante.
Sin embargo, la semana pasada, se ha revelado que el Ministerio Público ya ha iniciado una investigación preparatoria contra el ex Director de DIREPRO por delitos de colusión y fraude al Estado, pues sin tener atribución alguna ha firmado un contrato a sabiendas que esas instalaciones son de manejo del desembarcadero.
Es evidente que el Ministerio Público percibe que hay conflicto de intereses de por medio, por ello quiere llegar al final de esta historia porque cuando existe de por medo manejo de dinero es pertinente investigar cómo se hace estas transacciones. Esperemos que la Fiscalía no solo deslinde responsabilidades, sino que acuse a los responsables y pida drásticas sanciones si es que halla las pruebas, pues ya todos sabemos que el DIREPRO le había puesto el ojo al Desembarcadero hace mucho tiempo, al extremo que el año pasado se metió a la fuerza a manejar sus instalaciones.