Las redacciones de los medios de comunicación de nuestra localidad se detuvieron el jueves pasado por un momento y encendieron las alertas a expensas de una llamada que sugería se espere una noticia que podría cambiar la pauta que estaba en marcha.
La llamada provenía del distrito de Nepeña y decía que un fuerte contingente policial había rodeado la vivienda de propiedad del Alcalde de esa jurisdicción Pedro Carranza López y estaba realizando un allanamiento en busca de la ex alcaldesa Victoria Espinoza García.
La sorpresa era mayúscula en la medida que la ex alcaldesa Victoria Espinoza García lleva más de un año en condición de prófuga de la justicia y desde que se lanzó a la clandestinidad, el 04 de julio del año pasado tras ser condenada a cuatro años de cárcel efectiva en el caso de “Los semáforos Inteligentes”, no ha existido una sola pista de su paradero.
Como había ocurrido el año 2015, cuando se dictó también una orden de aprehensión contra aquella por otra condena que luego fue anulada, la Policía no ha logrado hasta la fecha dar con alguna pista que conlleve a su captura, por ello sorprendía que de pronto aparezca un operativo de estas características.
Sin embargo, hacía solo una semana antes se había detenido al ex Gerente de Desarrollo Urbano de la comuna provincial, Javier Menacho Méndez, condenado en el mismo proceso judicial, y un mes antes se hizo lo mismo contra otra ex funcionaria edil comprendida en el mismo caso, Micaela Flores Gómez, quienes fueron delatados por colaboradores que se acogieron al programa de recompensas que ofrece el Gobierno.
De allí que lo primero que se nos vino a la memoria es que alguien podría haber identificado a la ex burgomaestre e informado de su paradero por una recompensa, empero, no dejaba de causar sorpresa el hecho que el lugar intervenido fuera la vivienda de una autoridad, como es el alcalde Pedro Carranza.
Justamente, las dudas de quienes mostrábamos una justificada perplejidad ante lo que se anunciaba, se despejaba unas horas después cuando se dio cuenta del final del operativo y que este había resultado negativo, la Policía había ingresado a la vivienda del Alcalde sin necesidad de descerraje porque la cónyuge del burgomaestre les permitió el acceso, empero, tras varios minutos de búsqueda exhaustiva no hallaron a la ex alcaldesa como pensaban o habían sido informados.
Como consecuencia de esta incursión se levantó un acta dando cuenta de la frustrada búsqueda y es la misma que publicaron los medios de comunicación respecto de un hecho que no tiene precedente en nuestra provincia.
En efecto, la búsqueda de un político prófugo de la justicia no había generado una acción de estas características, la formación de un cerco de efectivos y patrulleros sobre una vivienda y mucho menos que ella se realice en el domicilio de una autoridad.
Precisamente, esto ha generado la airada reacción del alcalde de Nepeña Pedro Carranza, quien no ha vacilado en calificar este hecho como un típico abuso de autoridad, pues aun cuando el fiscal anticorrupción Laureano Añanca Chumbe, quien encabezó el operativo, contaba con una autorización judicial de allanamiento, nada puede aliviar los momentos tensos de intranquilidad y perturbación emocional que se procuró a sus familiares que estaban dentro de su domicilio y de pronto se convirtieron en el objetivo de un impresionante cerco que los atemorizó por completo.
De allí que al alcalde se pregunta con justificada razón cuales han sido las motivaciones de las autoridades para disponer un allanamiento en su vivienda, cuales son las evidencias que han servido para que un magistrado de la Corte del Santa firme una resolución autorizando el ingreso pacifico o violento si fuera necesario a una morada que está habitada por personas que no tienen antecedente alguno.
No se equivoca el alcalde cuando afirma que las razones de un allanamiento se sustentan en evidencias y pruebas de una ilicitud, y ella no puede ser la mera sindicación de una persona, si ello fuera así, si existe una posible delación, lo que hace la Policía es una previa verificación a través de agentes encubiertos y le demuestra al juez que efectivamente en el interior existe una persona buscada por la justicia.
Los magistrados no han mostrado ninguna de esas evidencias, todo indica que la resolución de allanamiento ha resultado de la mera versión de alguien que ha sindicado al alcalde de Nepeña como presunto encubridor de una persona que está buscada por la justicia pero que no contaban con una confirmación de ello.
He allí los resultados calificados por el vulgo como una lamentable “patinada” por parte de las autoridades policiales y del Ministerio Público, de allí que no podría dejar de formular una nueva interrogante al respecto y ella está relacionada con el operativo. ¿Había necesidad de montar un operativo de esas características si se tiene en cuenta que el domicilio intervenido era de una autoridad? ¿Puede un alcalde ser sometido a esta incursión sin que exista una corroboración de la información que dice haber recibido la Fiscalía anticorrupción?
Por lo menos a nosotros nos abundan las dudas, por ejemplo, hace mucho tiempo, en una época de acaparamiento de azúcar, se identificó un corralón en donde estaban ocultando este producto, la Policía solicitó a un Juez una orden de allanamiento para incautarla y proceder a venderla a la ciudadanía, sin embargo, a pesar que los efectivos policiales habían visto este producto, el Juez denegó la orden señalando que requería de evidencias de esa acusación, finalmente, ese producto no se incautó.
Por ello llama la atención que en el caso de la presunta delación al alcalde de Nepeña se haya procedido con una celeridad que los dejó finamente mal parados, montaron un impresionante despliegue de efectivos sin resultados positivos, y, aun cuando la norma determine que esta clase de incursiones se pueden realizar mientras exista una orden judicial, frente a los resultados el afectado debería hacerse merecedor, por lo menos, a un necesario desagravio. Hay un sabio adagio que dice que “lo cortés no quita lo valiente”.