Sumamente agitada concluyó la última semana en la Municipalidad Provincial del Santa, luego que los trabajadores estables afiliados al Sindicato, identificados como SUTRAMUN, acordaran realizar un paro de 24 horas en rechazo a la decisión de la administración edil de suspender el pago del incremento remunerativo que se sancionó en pacto colectivo el año pasado.
Los trabajadores recordaron que este incremento se obtuvo de las negociaciones realizadas en la gestión del alcalde (e) Neptali Briceño Porras, el mismo que fue reconocido por el actual burgomaestre Roberto Briceño Franco después de una inicial actitud vacilante frente a este aumento.
Justamente, para probar lo que estaban diciendo mostraron las boletas de pago en las cuales constan la efectivizacion de este pago en el mes de Junio, por lo que no entienden las razones por las cuales la administración edil ha dado marcha atrás y ha dejado en suspenso un derecho que han conquistado de acuerdo a la ley.
Justamente, este último punto es el que ha generado polémica, en la medida que el convenio colectivo al que hacen alusión los trabajadores del SUTRAMUN no ha nacido en el marco de un procedimiento honesto y regular, por el contrario, lo firma y suscribe un acalde que solo estuvo en el cargo por 30 días en la medida que el titular, Humberto Ortiz Soto, se ausentó ese periodo para poder postular, consecuentemente, no estaba autorizado para poder autorizar un incremento de remuneraciones.
Y no lo estaba en la medida que un aumento salarial no solo lo define el titular del pliego y sus funcionarios de línea, tratándose de una entidad pública o municipal, se requiere que este incremento cuente con el aval del Ministerio de Economía y Finanzas en la medida que afecta, esencialmente, en el presupuesto de la institución y debe estar respaldado por un informe técnico.
Esta fue una de las razones por las cuales el alcalde entrante, Roberto Briceño Franco se negó a cumplir con el mentado convenio colectivo y adujo razones netamente presupuestales, pues la comuna provincial no se encuentra en condiciones de poder cumplir con un incremento con las cifras que le dejaron sus antecesores.
Sin embargo, las acciones legales emprendidas por el gremio sindical y las presiones nacidas de una paralización realizada el mes de Junio un Fiscal se puso del lado del gremio sindical, llevó al Municipio a suscribir un acta en la que se comprometía a acatar el aumento siempre y cuando la posibilidades presupuestales lo permitan.
Aparentemente, en ese momento existía esa posibilidad, empero, nuevamente el gerente municipal Jesús Rodríguez Fuentes ha admitido que el cumplimiento de ese acuerdo no solo no es presupuestalmente posible sino que cae en el marco de ilegalidad, como lo han precisado abogados que han revisado este tema y que conocen de la normatividad administrativa y laboral que concierne a las entidades públicas.
En este sentido, ha señalado que desde el año 2014, existe la prohibición de celebrar convenios colectivos que se refiera al incremento remunerativo, lo que quiere decir que el acuerdo al que arribaron los dirigentes sindicales con el ex alcalde (e) Neptalí Briceño no puede ser válidamente ejecutado en la medida que cae en el campo de las prohibiciones y el alcalde y sus funcionarios incurrirían en un ilícito si es que lo hacen.
Sin embargo, para los efectos de no afectar el derecho de los trabajadores, el gerente municipal ha anunciado que han decidido elevar al MEF (Ministerio de Economía y Finanzas) y SERVIR, para que respondan sobre la validez del convenio, de tal suerte que si en esas instancias se advierte que el acuerdo es legal se verá la manera de acatarlo en la medida que las condiciones financieras de la comuna no son las idóneas como para cumplir con un incremento acordado en la anterior gestión.
Justamente, sobre la validez de este acuerdo no solo deben concurrir como factores la existencia de normas legales que lo recusan, sino que hay detalles que dejan lugar a muchas dudas por la forma como se concibió.
No solo por el hecho que ha sido aceptado por un alcalde que ni siquiera era transitorio sino que solo estaba de pasada, sino que muchos deben recordar que Neptalí Briceño Porras asumió el cargo el setiembre del año pasado por solo un mes y dispuso cambios de muchos gerentes de línea, comenzando por el gerente municipal de entonces Edgar Tapia, lo que generó no solo un desbalance en la marcha municipal sino serios contratiempos en la medida que esos cambios quedaron desvirtuados cuando concluyó la licencia del titular del despacho.
Pero los cambios que se hicieron fueron para colocar al frente de las gerencias a los trabajadores estables muchos de los cuales tenían estrecho vínculo con el SUTRAMUN, lo que nos da una idea de cómo se negoció ese convenio colectivo, aparentemente no hubo dos partes en conflicto.
Todo ello deberá ser materia de un pronunciamiento de las instancias competentes, por ejemplo, ayer el regidor Andrés Díaz Rodríguez hizo pública su ponencia en el seno del pleno municipal en el sentido que debería solicitarse el pronunciamiento del Colegio de Abogados del Santa a efectos que emita una opinión en relación a la vigencia o validez del convenio colectivo, en aras de solucionar un conflicto que solo perjudica al pueblo en la medida que no recibe los servicios de manera regular.
Ahora bien, si existe la predisposición de la administración edil de consultar la validez del convenio colectivo que se suscribió entre gallos y medianoche el año pasado, no se entiende las razones por las cuales se mantiene viva la llama de un conflicto laboral y las amenazas de nuevas medidas de fuerza.
Decimos ello porque solo es cuestión de tiempo, solo había que esperar a que los organismos técnicos, aquellos que conocen las normas y que son capaces de advertir detalles inciertos en una negociación, emitan un informe al respecto, señalarán si es la administración edil la que tiene la razón a cuestionar un instrumento que no ha nacido en el campo de la ley, o. si son los servidores del SUTRAMUN los que estan en derecho de exigir se cumpla el convenio suscrito el año pasado.
Mientras ello no suceda las discusiones seguirán cayendo en el campo de las especulaciones, en las marchas y contramarchas de quienes creen tener autoridad para intervenir en este tema. Nosotros preferimos que las instancias imparciales se pronuncien y deslinden en un tema tan delicado como éste.