Hace poco más de un año atrás, los ancashinos experimentamos una de esas pesadillas que suele despertar abruptamente a cualquiera, y, es que sin que se trate de un sueño o algo irreal, las noticias del interior de la región nos dieron cuenta de hechos de violencia suscitados en la provincia de Sihuas, en donde una enardecida turba de ronderos destruyó las dependencias del Juzgado y la Fiscalía Provincial de esa localidad.
Las imágenes que se propalaron a nivel nacional nos permitieron ver a sujetos descontrolados que atracaron no solo la Comisaria del lugar sino que incursionaron de manera violenta en la Fiscalía Provincial y el Juzgado de Primera instancia en donde destruyeron el mobiliario y luego sacaron los expedientes a la vía pública en donde los incineraron en medio de gritos.
La reacción violenta de los ronderos era el epílogo de una cuestionada labor jurisdiccional en esa provincia, con casos de asaltos, crímenes y violaciones no resueltos, con una lentitud exasperante y que había derivado en el crimen de un joven rondero que no era resuelto por las autoridades de la Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial.
Sin embargo, aun cuando estos vicios de la lenidad judicial tienen asidero y son posibles de individualizarse, nada justifica la violencia con la que arremetieron los ronderos, lo que hicieron fueron actos delincuenciales tan igual o más graves de aquellos cuya sanción reclamaban, de allí que era pertinente que los responsables de la asonada fueran sancionados.
Sin embargo, desde entonces nada se conoció, solo intervinieron autoridades superiores que buscaron la manera de persuadir a los ronderos en la solución de sus conflictos, pero no se pudo conocer que hayan encerrado a algún dirigente o manifestante que destruyo los expedientes.
Seguramente, amparados en esa impunidad, hace dos semanas descontrolados miembros de la comunidad campesina de Huallcallanca, en la provincia de Corongo, jurisdicción de la Corte Superior del Santa, procedieron de manera similar, protestaban por un fallo que había permitido que otra comunidad ganara un litigio de tierras y por ello fueron a reclamar al Juez de Paz Letrado.
Sin embargo, su protesta se convirtió en una incursión delincuencial que terminó con las computadoras, los escritorios, las puertas y los vidrios totalmente destruidos, mientras que los expedientes, a la usanza de Sihuas, fueron quemados en la vía pública.
Por ello es que el Presidente de la Corte del Santa, José Manzo Villanueva, reaccionó con celeridad, solicitó el resguardo policial y envió a personal a realizar inventarios y rehabilitar los daños provocados, mientras que los procuradores preparaban las denuncias penales una vez que se visualizaron los videos de la cámara de seguridad y se identificaron a los responsables de esta violenta incursión.
Precisamente, ante la reacción del titular de la Corte del Santa, los representantes de la Comunidad de Hualcallanca llegaron a Chimbote para mostrar su arrepentimiento y pedir las disculpas del caso, inclusive, llegaron a esgrimir la especie exculpatoria por la cual señalaron que los desmanes y los actos de violencia fueron promovidos por agitadores que se infiltraron entre sus miembros.
La verdad es que es imposible creer una coartada de este tipo, lo cierto es que las turbas suelen arrasar ante todos y no entender controles de ninguna clase, es la reacción desaforada de gente que no entiende que en un litigio hay un ganador y un perdedor y el hecho que su comunidad haya perdido tierras como consecuencia del fallo judicial, ello no los puede llevar a destruir los juzgados y menos aún amenazar a los magistrados u otorgarles plazos para que se retiren de la ciudad de Corongo o de lo contrario les harían daño, eso solo responde a una actitud incivilizada y delictiva.
Los comuneros de Huallcallanca deben evaluar bien las razones por las cuales perdieron el juicio, deben analizar con cuidado las razones por las cuales no apelaron y perdieron la posibilidad que su caso se revise en una instancia superior, deben entender que estaban protestando por una sentencia expedida hace tres años atrás, lo que quiere decir que ha pasado a la autoridad de cosa juzgada y ello responde a su exclusiva responsabilidad.
Imagínense si todos los litigantes tendríamos que responder de la misma manera cuando perdemos un proceso judicial, no existirían ya locales judiciales en pie, empero, lo que se debe comprender de una buena vez que en nuestro sistema democrático rige el equilibrio de poderes y que las sentencias y resoluciones judiciales no solo se respetan sino que deben cumplirse como ordena la ley.
Confiamos en que el Presidente de la Corte del Santa haga respetar la autoridad y la magnanimidad de la investidura de su institución, nadie puede atropellar a la autoridad judicial como lo han hecho en Corongo, mostrarse satisfechos con una explicación que no tiene pies ni cabeza equivaldría a renunciar al derecho de proteger a quienes forman parte de la administración de justicia, y, esencialmente, a quienes acudimos con el mismo derecho a la autoridad encargada de hacer aplicar la ley.
El titular de la Corte del Santa debe mirar atrás y observar lo que ha ocurrido en Sihuas, en donde debieron aplicar sanciones drásticas y ejemplares pero no se hizo, entonces ahora otras comunidades se creen con el mismo derecho de apelar a la “ley de la selva”, a la respuesta de quien se quiere mostrar mas fuerte o destructivo.
Hay quienes aducen que en las comunidades campesinas no existe un arraigado conocimiento del régimen institucional del país y responden de acuerdo a su nivel educativo y cultural, sin embargo aun cuando eso es cierto y hemos visto casos tan trágicos como el de Uchuraccay en el que se sustentó la ignorancia de la gente como causal de la orgía de sangre registrada en ese lugar, ello no debe impedir de ninguna manera que la justicia se imponga con rigor.
Hay que tener en cuenta que la ley y la investidura judicial se defiende y en este, como en otros casos, no se puede dejar sentado un funesto precedente que permita que mañana o más tarde otros desaforados sujetos hagan lo mismo. Ya es momento de defender la institucionalidad y que se haga con todo el rigor de la ley.