No solo los funcionarios del proyecto especial Chinecas sino el mismísimo Gobernador regional Juan Carlos Morillo, reaccionaron la semana pasada con firmeza para demandar que se impida el cercenamiento de las tierras del proyecto especial Chinecas destinadas la agricultura y pidieron la nulidad de una concesión de 600 hectáreas que se había entregado en tiempo record a un empresario minero.
Estas intervenciones estaban relacionadas con una resolución que había expedido la Dirección Regional de Energía y Minas de Ancash que en solo 24 horas reconoció a un minero informal y le otorgó una concesión de 600 hectáreas por 40 años dentro de los terrenos del Proyecto Especial CHINECAS.
Los hechos están relacionados a la resolución directoral N· 097-2019 de fecha 6 de setiembre del año 2019, mediante la cual se confiere la concesión minera denominada “Piedra Liza” al empresario Isidro Chero Gálvez, quien había ingresado su expediente con número de registro 786011 el 5 de setiembre pasado.
Lo curioso y paradójico, en función a las fechas, es que este pedido de manera inusual tuvo un informe favorable N· 0175 de fecha 6 de setiembre, es decir, al día siguiente, sin embargo, increíblemente, sin mayores trámites de verificación, contrastación y fiscalización, ese mismo día, el director regional de energía y minas de Ancash, Ing. Rómulo Francisco Paredes Copa le entregó su resolución reconociéndolo como minero formal para 600 hectáreas y por un plazo de 40 años de explotación.
Lo más grave es que de la lectura de la misma resolución se advierte que la verificación de campo de las actividades mineras de “Piedra Liza” se realizaron el 2 de setiembre del año 2019, es decir, tres días antes que el propio empresario Isidro Chero Gálvez presente su solicitud para ser reconocido como minero formal, una situación que ya nos lleva a un escenario de la duda y la sospecha.
Pero hubo más aun, los informes técnicos N· 0175 y Legales N· 223, ambas de fechas 6 de setiembre del años 2019, han servido de sustento para que el director regional de energía y minas autorice las actividades mineras y lo reconozca como minero formal a Isidro Chero Gálvez, es decir, todo, en un mismo día.
Según la misma resolución directoral, el beneficiado Chero Gálvez está facultado para explotar arena fina, media a gruesa, hormigón, afirmado, piedra chancada y zarandeada, piedra over, piedra base, con una vida útil de 40 años y pese a que la extracción se realizará en terrenos que pertenecen al proyecto especial Chinecas de estos trámites no se remitieron en consulta o se solicitó opinión legal y técnica al Proyecto irrigador, lo que dio lugar a que las procuraduría promoviera una acción penal.
Frente a estas denuncias que conllevan a exponer hechos sumamente graves y delicados, el empresario aludido, Isidro Chero Gálvez, respondió que nada de ello es cierto, que los tramites de la concesión no se realizaron de la noche a la mañana y a espaldas del proyecto especial Chinecas, sino que esa concesión la tiene hace muchos años y desde entonces viene trabajando en el rubro.
Recordó que inicialmente solicitó 900 hectáreas y se las entregaron, empero, ante una intervención de Chinecas renunció a 300 hectáreas a cambio que lo dejen trabajar en las 600 restantes y para ello firmó un documento con el entonces presidente ejecutivo de Chinecas en el año 1997, por lo que no entiende las razones por las cuales los asesores legales y el propio gerente de Chinecas desconozcan estos hechos.
Añadió, en tal sentido, que lo que se hizo el mes de setiembre y que se ha presentado como si recién obtuviera la concesión y mediante trámites realizados en un solo día, responde a la necesidad de adecuar su concesión a los alcances que señala una ley dictada por el gobierno en el rubro de las concesiones mineras, en otras palabras, nos ha dicho que solo se hicieron papeles y ningún otro trámite de inspección verificación porque ya todo se había hecho y formaba parte del expediente.
En realidad, quienes trabajamos años en esta bendita tierra de prisión sabemos que el empresario Isidro Chero Gálvez no es ningún desconocido en el campo de la extracción de materiales, ha sido protagonista de algunos enfrentamientos con otras personas que han tratado de usurpar sus tierras que están ubicadas en la zona de La Carbonera y ha participado en diligencias judiciales relacionadas con esos litigios.
En otras palabras, el concesionario no es ningún desconocido, lo que nadie sabía era que un ex gerente de Chinecas tuvo la peregrina idea de entregarle en concesión 600 hectareas de tierras cuando ellas no pueden estar a merced de la actividad minera sino que son parcelas en las que se tiene previsto el desarrollo agroindustrial.
Aun cuando el adjudicatario alegue después de muchos años que en su oportunidad se admitió que esas tierras no estaban aptas para la agricultura, esa mención no se puede hacer de manera ligera y sutil, por el contrario, ello solo puede establecerse mediante informes y resoluciones que se expiden cuando se alega la existencia de una determinada condición de los terrenos y hasta el momento nadie ha demostrado que ello sea así.
Por eso es que el propio proyecto Chinecas se ha decidido a tomar acciones en la medida que no admite que un ex funcionario haya tomado la decisión ilegal de desprenderse de 600 hectáreas para una concesión minera cuando se sabe que los terrenos que son de propiedad de Chinecas son inalienables y solo están destinados para la agricultura, dejando entrever que para ellos esa decisión obedece a una motivación distinta a la legal.
No hay que olvidar que el proyecto Chinecas pierde cada lustro que pasa cientos de hectáreas de tierras, las invasiones de Nuevo Chimbote le han significado ya un importantes desprendimiento de su propiedad de allí que no es posible aceptar de buenas a primeras que se entreguen 600 hectáreas para la actividad extractiva porque ello no corresponde al uso que le confiere la ley.
Si el empresario reclama el ejercicio de un derecho, es pertinente que se revise todo el trámite y la documentación a la luz de extremos sumamente oscuros en la emisión de los documentos por parte de las dependencias regionales. Ha hecho bien el Gobernador al demandar la nulidad de los actuados y que se disponga una inmediata investigación a efectos de establecer si es pertinente dejar unas hectáreas en concesión o revertir aquellas que no se adjudicaron conforme a la normatividad.