Los ex alcaldes provinciales Victoria Espinoza García y Julio Cortez Rojas, han cumplido un año y medio en condición de prófugos y esa condición no ha permitido que terminen de ser juzgados por la justicia, han dejado pendiente un proceso penal que, para sus co encausados ha terminado la semana pasada.
Nos estamos refiriendo al conocido “Caso Nehalem, el proceso penal que se inició luego que se pusiera al descubierto que los funcionarios de la gestión de Victoria Espinoza se coludieron con el Consorcio del mismo nombre para beneficiarlo con la buena pro de la obra “Mejoramiento de agua y desagüe del sector III de Chimbote” por un monto de 13 millones 864 mil soles.
El sector III de Chimbote incluye los pueblos de El Acero, La Balanza, Antúnez de Mayolo, Ramón Castilla, Barrio Fiscal Nº 5, Víctor Raúl y Manuel Arévalo, allí se ejecutó la obra y pese a que ello ocurrió entre el año 2010 y 2013, solo después se pudo descubrir que existieron malos manejos en la adjudicación de la pobra como en su propia ejecución.
Por ejemplo, quedó probado que no solo direccionaron las bases, sino que además, le permitieron al consorcio “Nehalem” garantizar la ejecución de la obra con la presentación de una carta fianza falsa de la cooperativa FININTEL, todo lo cual fue advertido por un peritaje técnico realizado por el perito del Ministerio Público.
También se denunció este caso al advertirse que los profesionales que propuso la empresa ganadora de la buena pro, como integrantes de su equipo técnico, no cumplían con los requisitos mínimos exigidos en las bases en cuanto a experiencia y antigüedad de colegiatura, pero aún así, el comité especial de adjudicaciones, dio como ganador a Consorcio NEHALEM.
Los cargos incriminatorios, con las pruebas que lo acreditaban se sustanciaron en un proceso penal en el que, sorpresivamente, una juez suplente terminó absolviendo inicialmente a los acusados, sentencia que fue anulada por la Sala Penal al advertir que no se habían compulsado debidamente las pruebas.
Sin embargo, en este ínterin, cuando debería iniciarse el nuevo juicio oral, los mismos acusados, es decir, la ex alcaldesa Victoria Espinoza García, Julio Cortez Rojas, Micaela Flores Gómez y Javier Menacho Méndez, fueron condenados a cuatro años y seis meses de prisión efectiva en el caso conocido como “semáforos Inteligentes”, por lo que se pusieron a buen recaudo y quedaron como prófugos de la justicia.
Sin embargo, este año fueron capturados Micaela Flores y Javier Menacho, quienes al cabo de las audiencias han sido condenados también a cuatro años de prisión pero suspendida, así como al pago de 200 mil soles por concepto de reparación civil.
De esta manera, los ex gerentes en la gestión de Victoria Espinoza deberán cumplir esta sentencia en el presidio pues se viene ejecutando para ellos la condena del caso “semáforos inteligentes”, por lo que deberán esperar que este nuevo fallo quedó ejecutoriado a efectos de poder computar cuantos son los años que les resta.
Hay quienes piensan que esta sentencia es un poco floja en lo que se refiere a la contundencia que amerita la sanción de actos de corrupción que han sido debidamente acreditados, más aun cuando todos sabemos que este proceso penal era uno de los más graves y delicados que afrontaban los ex funcionarios ediles.
No podemos soslayar que en este juicio no solo se ha juzgado el descarado direccionamiento de la buena pro para favorecer al consorcio “Nehalem” con una obra valorizada por encima de los 13 millones de soles, lo que quiere decir que no solo se habla de un diezmo bastante voluminoso, sino que hay de por medio el delito contra la fe pública en la medida que permitió que se utilizara un documento falso como fue la carta fianza que se anexó al contrato de obra, por lo que la gravedad del delito es evidente.
Sin embargo, tanto Micaela Flores como Javier Menacho deberán cumplir no solo la condena efectiva del primer proceso, sino que el magistrado del caso Nehalem ha dejado un condicionamiento que se debe ejecutar bajo apercibimiento de hacerse efectiva la pena y es el relacionado con el pago de la reparación civil.
La sentencia del magistrado anticorrupción determina que los condenados deberán de cumplir con el pago íntegro de la reparación civil equivalente a 200 mil nuevos soles en el lapso de un año, bajo apercibimiento de hacer efectiva la pena impuesta.
Esta es una suerte de contrapeso en el fallo judicial, advierte a los sentenciados que la pena condicional, como su nombre mismo lo indica está sujeta a ciertas demandas para quienes se ha impuesto el fallo, y, en este caso está relacionado con el pago de la reparación civil.
Tendrá efecto el condicionamiento del magistrado? Nosotros creemos que sí, pues a partir de la implementación de estas drásticas sentencias, de manera expeditiva y que se ponga en riesgo la libertad de la persona, todo esfuerzo y sacrificio se hace necesario a efectos de impedir que las fugas y evasiones vuelvan a ser parte de la odisea que padecen desde que la justicia ha decidido castigar con todo el peso de la ley a quienes hicieron escarnio de los presupuestos públicos.
No podemos olvidar que en este mismo caso “Nehalem” ya fueron condenados el exjefe de logística de la Municipalidad Provincial del Santa Aquior Mendoza Mendoza y el empresario Oscar Randy Robles Camarena, a 4 y 2 años de prisión suspendida, respectivamente.
En consecuencia, aún se mantienen como reos contumaces, por este proceso penal, la exalcaldesa Victoria Espinoza García y su entonces gerente municipal Julio Cortez Rojas. En este caso, se les reservará el juicio oral hasta que sean capturados y puestos a disposición del Juzgado Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, empero, ya saben lo que les espera, hay una sentencia condenatoria que ha sancionado a sus co encausados y que tarde o temprano les pasara también la factura a ellos, la cual no será tan ligera en la medida que fueron las cabezas de todo ese manejo ilegal y ladino para la justicia.